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Sede de los juzgados de Barcelona, donde trabajan los funcionarios de Justicia peor pagados de España / EUROPA PRESS

La Administración, obligada a evaluar los riesgos laborales por coronavirus en juzgados de Barcelona

El juez rechaza el recurso de Abogacía del Estado y da un plazo de 24 horas a Gobierno y Govern para que lleven a cabo un estudio de la situación

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La justicia da un plazo de 24 horas al Gobierno nacional y al catalán para que realicen la evaluación de riesgos laborales que conlleva trabajar en los juzgados de Barcelona durante la crisis del coronavirus. Esta decisión fue decretada por el Juzgado de lo Social número 12 de la ciudad hace días y recurrida por Abogacía del Estado, cuyo escrito ha sido rechazado por el juez. 

El órgano de defensa del Ejecutivo alegaba que éste no era competente de equipar al personal de los juzgados para evitar el contagio del Covid-19, sino que era la Generalitat quien debía entregar mascarillas, guantes y gel desinfectante a los funcionarios. El magistrado ha desestimado esta argumentación.

Competencias del Gobierno

En el auto judicial firmado el miércoles 1 de abril se especifica que, debido al estado de alarma, la autoridad competente en materia de coordinación de la actividad profesional de los funcionarios es el Ministerio de Justicia "y concretamente, por delegación, del Ministerio de Sanidad".

El juez destaca, además, que esta medida urge a hacer una evaluación de riesgos "en la situación de estado de alarma por la pandemia de Covid-19" y no a entregar a los funcionarios material de protección. Por lo que el recurso de Abogacía del Estado está fuera de lugar. 

Denuncia sindical

La evaluación de riesgos laborales era una de las medidas cautelares que agregó el sindicato Judicialización del Secretariado Judicial en la denuncia presentada por las condiciones en las que trabajan los funcionarios durante la pandemia. 

El juez estimó parcialmente estas medidas el domingo 22 de marzo, cuando ya instó a los departamentos de Justicia de Gobierno y Govern a realizar la evaluación de riesgos. Sin embargo, el recurso de Abogacía del Estado retrasó dicha medida.