Prisión de Ponent, donde se habrían producido los presuntos abusos, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
Un funcionario de prisiones, a un paso de entrar en la cárcel por abusos sexuales a un preso
Los hechos se produjeron entre 2014 y 2018, cuando el superior se hizo valer de su autoridad para acosar y abusar sexualmente de la víctima a cambio de regalos y beneficios
28 octubre, 2021 14:21El Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha abierto una causa contra J. M. J. A. , funcionario del Centro Penitenciario de Ponent, como presunto autor de un delito continuado de abusos sexuales y abuso de autoridad hacia uno de los internos, según ha adelantado Segre.
La jueza ha procesado al funcionario tras considerar que este abusó sexualmente de manera continuada de un interno aprovechándose de su posición de superioridad mientras era jefe de módulo en la prisión en la que presuntamente se produjeron estos hechos.
Cuatro años de abusos
La víctima, que ingresó en la prisión de Ponent en 2014, no denunció estos hechos hasta 2018, cuando fue trasladado a la cárcel de Lledoners para evitar posibles represalias por parte de este funcionario.
El auto recoge la declaración del interno, que afirma que todo empezó cuando el funcionario le solicitó un beso y un abrazo a cambio de concederle una llamada telefónica para hablar con su novia. A pesar de que el interno le trasladó que no era homosexual, el trabajador continuó acosándolo, llegando a realizarle tocamientos y prácticas de índole sexual a cambio de garantizarle su “bienestar en el centro”.
Lo buscaba en la prisión
Aunque el preso solicitó un cambio de módulo, el funcionario comenzó a visitar el nuevo emplazamiento del presidiario para propiciar estos encuentros, en los que llegó a exigir, según el auto, que le practicara felaciones y otros tocamientos. A cambio de que el preso no denunciara estos abusos, el superior le proporcionaba regalos que introducía a escondidas en el centro, le permitía realizar llamadas desde su teléfono personal y le hacía fotografías para enviárselas a su madre y que esta supiera que se encontraba bien.
Estos hechos se sucedieron hasta octubre de 2018, cuando el preso confesó su situación a la dirección del centro. Fue entonces cuando el servicio de Inspección de Justicia suspendió al funcionario de empleo y sueldo durante seis meses, mientras que desde el centro se le abrió un expediente disciplinario.
De carcelero a presidiario
El auto recuerda que la gravedad de estos hechos se ve acrecentada por el puesto que ostentaba este funcionario dentro de prisión, cuyo deber era el de velar por el bienestar de los presos. Además, destaca la situación de vulnerabilidad y de aislamiento de las personas que se encuentran privadas de libertad. Por eso, el carcelero podría enfrentarse a una pena de más de 10 años de prisión.
