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Un grupo de personas, algunas de ellas con cierto grado discapacidad intelectual, se reúnen alrededor de una mesa / EP

España elimina la incapacitación judicial de los discapacitados intelectuales

La reforma afecta a ocho leyes, beneficiará a 4,5 millones de personas y obligará a revisar miles de sentencias

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Este viernes entra en vigor la reforma de ley que elimina la incapacitación judicial por discapacidad --principalmente intelectual-- en España. A partir de ahora, las personas con un grado determinado de minusvalía tendrán la capacidad de obrar por su cuenta, sin requerir de la tutela de otra que decida sobre ellas o sus bienes.

La norma, aprobada el 2 de junio por el Consejo de los Diputados, modifica ocho leyes estatales y beneficia a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo. Además, obligará a la revisión de miles de sentencias en un plazo de tres años.

Convención Internacional de Nueva York

Con la Ley 8/2021 del 2 de junio se ajusta la legislación al ordenamiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

El tratado proclama que las personas que forman parte de este grupo deben tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, este obliga a los Estados a adoptar medidas para proporcionar el apoyo que puedan necesitar estas personas en el ejercicio de esta.

El papel del notario

En la labor de asistencia destaca la figura de los notarios, que a partir de ahora serán "piezas clave en la gestión personal y patrimonial de las personas con discapacidad", tal y como ha anunciado José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña.

A partir de este momento, los individuos con cierto grado de invalidez podrán solicitar los servicios de estos juristas para que les ayuden a llevar a cabo aquellos actos con relevancia económica o personal que deseen realizar. Por ejemplo, la compra o venta de una casa, aceptar o rechazar una herencia o casarse.