Los residuos de uralita en Cercs que enervan al municipio

La acumulación de fibrocemento, envuelta en plástico y depositada sobre paletas, yace abandonada en los alrededores de la incineradora clausurada en 2011. El concejal opositor Germán Sánchez ha pedido explicaciones en repetidas ocasiones a la alcaldía tanto por las propias obras de extracción --bajo investigación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona desde noviembre de 2020--, como por las licencias concedidas a Infreemu para sus planes en la central.

Pugna en los tribunales

En la última respuesta recibida por parte del consistorio, fechada el pasado 2 de septiembre, la corporación se amparó en un informe favorable del arquitecto del consejo comarcal. Autorización que, remarca el documento al que ha tenido acceso Crónica Global, se circunscribía exclusivamente a las obras de derribo necesarias para conservar en buen estado la fábrica, tanto por motivos de seguridad como de salud pública. Estas actuaciones incluían la retirada de fibrocemento y el desmontaje de una caldera.

Sin embargo, Sánchez considera que "las obras solo se podían conceder con título provisional, ya que no está ejecutado el Plan de Mejora Urbana (PMU-3), lo que comporta la inscripción de las obras en el registro de la propiedad y la correspondiente fianza". El edil argumenta que este paso no se efectuó ni en unas operaciones anteriores ejecutadas en el año 2014 ni tampoco en la licencia para la retirada de residuos.

Obras abortadas

Pero fue el propio ayuntamiento quien paralizó las actuaciones de Infreemu al comprobar que se excedían del marco inicialmente previsto. Como respuesta, la mercantil interpuso un recurso contencioso-administrativo, actualmente en fase de instrucción, contra la institución dirigida por Jesús Calderer (Junts).

De resultas, los operarios de Infreemu que retiraron desechos abandonaron el recinto, pero dejaron una acumulación de uralita en el exterior.

Residuos en la antigua central térmica de Cercs (Barcelona) / CEDIDA

Críticas de la oposición

Sánchez añade otras contradicciones al episodio. El edil arguye que los terrenos de la central son una zona urbana no consolidada y, además, señala que se trata de un área de tipo comunal. En la documentación entregada por el concejal al Juzgado de Instrucción número 1 de Berga, señala que esta tipificación de terrenos comunales o empirivios cerraría cualquier posible nuevo uso del complejo. El denunciante se apoyó en un original de Carbones de Berga fechado en 1955 que tipifica así la finca que hoy ocupa la térmica.

Este juzgado abrió diligencias en noviembre de 2020 sobre el caso, poco después de que la Consejería de Territorio tumbase la fallida reconversación industrial del activo. El instructor investiga las obras ejecutadas por la empresa impulsora del proyecto para dar una segunda vida al activo como incineradora.

Investigación abierta

Los vecinos representados por el edil esperan que sus aportaciones consoliden las pesquisas llevadas a cabo por el magistrado. Asimismo, demandan que la central sea restituida en todas las alteraciones ocasionadas en el edificio, e incluso que se multe a los operadores por el tiempo en que siguieron interviniendo pese al dictamen en contra de Territorio.

Recuerdan que la retirada de desechos empezó después de la resolución adversa de la Generalitat, y temen que ésta pueda decaer si se ejecuta una serie de modificaciones urbanísticas. La iniciativa EcoCercs Energy pretende transformar la antigua central en una planta de generación de energía a partir de la cremación de residuos industriales no peligrosos, madera y vehículos usados. Por ahora, el proyecto solo ha entrado en vía judicial.