El 'caso Premià' hunde la reputación de DomusVi

El caso de la macroresidencia de Premià de Mar Ca n'Amell ha vuelto a empañar la reputación de DomusVi, el gigante de los geriátricos que se situó en el disparadero público en la fase más virulenta de la pandemia del coronavirus. La querella de la Fiscalía por homicidio imprudente ha colocado en la diana al conglomerado, que está participado por dos fondos de inversión. 

La tormenta contra la firma que dirige José María Pena como consejero delegado ha encajado un torrente de críticas en las redes sociales por la gestión que hizo de los brotes de Covid-19 en el hogar de mayores de la localidad barcelonesa. Fallecieron 87 mayores, hasta que el Govern intervino del centro en abril de 2020. 

Dos denunciados

El ministerio público se ha querellado contra un exdirector y una exdirectora médida de DomusVi Ca n'Amell --ahora gestionado por L'Onada-- por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave profesional. También por trato degradante. 

El escrito ha sido admitido a trámite por el juzgado de Instrucción número 2 de Mataró (Barcelona), que ha abierto un procedimiento contra los dos exgestores sin perjuicio del resultado final. 

Reputación por los suelos

Por ahora, lo lesionado es la imagen pública de DomusVi, que ha vuelto a sufrir un descalabro en Cataluña tras episodios polémicos en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat en 2020 por la gestión de los brotes del patógeno. 

Preguntada por la cuestión, la empresa no ha querido valorar para Crónica Global el contenido del escrito de Fiscalía. 

Un fondo en Jersey y el SAD de Barcelona

Sea como fuere, el caso se sigue en la sala de instrucción. Cabe recordar que DomusVi es un conglomerado nacional de gestión de geriátricos que participa de forma mayoritaria el fondo de inversión Intermediate Capital Group (ICG), con ramificaciones hasta la isla de Jérsey, en el canal de la Mancha, un territorio de tributación amable. 

Pese a ello y como explicó este medio, DomusVi se ha hecho con el servicio de atención a domicilios (SAD) de Barcelona, que licita el ayuntamiento, pese a que esta Administración cuenta con un protocolo no colaborativo con los paraísos fiscales.