Así relata un implicado cómo funcionó la corrupción en la CDC de Mas

Año 2010. La empresa constructora Oproler quiere abrirse camino en Cataluña. Además, busca hincar el diente en un ámbito poco frecuentado para la compañía: el sector de la obra pública.

Puja por una pequeña obra en Falset, en el la comarca del Maestrazgo, en Tarragona, que licita la empresa de la Generalitat, Gisa (actual Infraestructuras de Catalunya), y la obtiene. Cumple el contrato y lo cobra. Todo el  mundo queda contento y el presidente  de la compañía, Sergio Lerma, que se las prometía muy felices, el que más. Sin embargo, lo acontecido en Falset fue un espejismo. Oproler no lo sabía, pero nadie de su competencia quería trabajar en esa zona deprimida de la provincia de Tarragona, insuficientemente poblada y falta de proveedores. A Lerma, la realidad se le apareció a continuación.

Casi 40 intentos fallidos

La compañía se presentó a 36 concursos de obra pública licitados en la provincia de Barcelona, desde la todopoderosa empresa de la Generalitat Gisa. Las ofertas de Oproler fueron las mejores. En algunos casos, de largo. Pero, paradójicamente, no ganaron ni un solo concurso.

Sergio Lerma, ex coronel del ejercito y presidente de esta empresa originaria de Madrid, se mostró perplejo por la situación y pidió una entrevista con la dirección de Gisa. Le recibió la arquitecta Mónica Vila que, ante las desesperadas preguntas del constructor, le respondió: “El problema es que usted no está en la lista”. “¿Lista?, ¿qué lista”, preguntó él. La interlocutora de Gisa respondió con un negativo movimiento de cabeza.

Catalanidad sin obra

Así lo ha explicado Sergio Lerma ante el juez de El Vendrell que investiga el llamado caso 3% y que le detuvo el pasado febrero por corrupción. Lerma (según se declaración a la que ha tenido acceso Crónica Global), apesadumbrado y contrariado, pidió consuelo y consejo a su padre, un veterano constructor, quien le remitió, a su vez, “a un amigo suyo, catalán”, y conocedor de los vericuetos de la obra pública catalana: Josep Gasot.

Según Lerma, desde aquel momento supo que Oproler no había obtenido obra pública por su “falta de catalanidad".  

Así se lo hizo ver Gasot que le invitó a que  “contribuyese” para eliminar ese “estigma”, con donativos a determinadas fundaciones catalanas. Y Lerma fue, y pagó. Primero 3.500 euros, y más tarde otros 13.500 euros. Las obras públicas aún tardaron en llegar unos meses, pero por fin se produjeron.

Pasó por taquilla

Lerma explica al juez que sin embargo aquello no era la gallina de los huevos de oro. El constructor imputado por financiación ilegal de partidos políticos y soborno ha explicado ante el magistrado, que la propia Gisa pedía a las empresas adjudicatarias el dinero que, más tarde, les iba a pagar por la obra terminada. Una especie de autopréstamo, que se acabaría cargando a la deuda de la compañía si se producían problemas de liquidez y que se devolvería con la suma de intereses según “lo pactado y la disponibilidad”. O lo tomabas o lo dejabas.

Con esas condiciones nada halagüeñas pero en plena crisis económica, Oproler entró en el juego y empezó a pillar su parte del pastel de la obra pública que se le negaba sólo unos meses antes: centros de asistencia médica, obras en la vía pública de Barcelona, diversos contratos millonarios con la empresa municipal Bimsa, etcétera.

El imputado represaliado

En su declaración judicial, Lerma afirma que “se siente represaliado” en Cataluña por su condición de ex militar, el origen madrileño propio y el de su compañía. El constructor, que quedó en libertad con cargos, le explicó al juez y al fiscal que lo suyo no era un caso aislado: “A día de hoy Oproler y el resto de empresas  que no pertenecen al pool de las vinculadas a la antigua CDC siguen siendo víctimas de discriminación".

El fiscal escuchó con atención sus palabras, pero le recriminó duramente que se prestase al chantaje y que, ahora, en sede judicial, intentara mostrarse como una víctima de la coyuntura política.