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Una taquilla del transporte público de los barceloneses / CG

¿Por qué los barceloneses más desfavorecidos no tienen ayudas para el transporte público?

Barcelona publicita su lucha contra la pobreza energética pero no promueve soluciones para que los más pobres tengan ayudas en movilidad

7 min

Más de diez euros por diez viajes en metro. Las tarifas del transporte público en Barcelona llevaban dos años congeladas hasta ahora, que han aumentado un 2%: la T-10 ha pasado de costar 9,95 euros en la zona 1 a 10,20 euros; la T-mes vale ahora 54 euros en lugar de 52,75 y, el billete sencillo, 2,20 en lugar de 2,15 euros.

Fue una decisión unánime del consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM), compuesto el 51% por la Generalitat, el 25% por el Ayuntamiento de Barcelona y el 24% por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Colau.

Justifican el aumento

El ATM excusó el aumento de precios el pasado 28 de diciembre bajo la tesis de que la revisión de tarifas “era necesaria después de cinco años de contención y de diversas mejoras en las prestaciones de los títulos sociales”. Aseguró que la progresiva mejora de la oferta ha hecho que actualmente uno de cada cuatro viajes del sistema se hagan con títulos bonificados.

La política de tarifación social, según la administración pública, ha supuesto un incremento de coste al sistema desde los 9,8 millones de euros en 2011 hasta los 46 millones actuales. En la misma línea se expresa el Ayuntamiento de Barcelona, que justifica la subida bajo la premisa de que los billetes y tarjetas que compran los usuarios acaban siendo más baratos que el viaje, a la larga.

Una portavoz del consistorio explica a este medio que el precio actual de la T-10, por ejemplo, una de las más utilizadas en Barcelona, “no permite que el metro se mueva” porque el mantenimiento exige un coste superior. Y recuerda que “nunca es el usuario solo quien paga el servicio”, sino que el ATM subvenciona en gran parte el coste del billete.

Fraude y demagogia

A la subida del precio del transporte público se le suma también la del agua, que encarecerá en torno a un euro al mes el recibo, tras la decisión del consejo de administración de la ACA (Agencia Catalana del Agua). La misma entidad aseguró que, una vez constituido el Govern, se estudiarán las posibilidades para cumplir con el compromiso de minimizar al máximo el impacto de los incrementos.

¿Se tomarán también medidas para minimizar el impacto del aumento de precio en el transporte público? La respuesta es no. “Los jóvenes y los parados no se verán afectados por el incremento”, sostienen las mismas fuentes municipales. Lo que significa que las personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas para pagar los suministros básicos, no las recibirán para la movilidad.

Tarifas del transporte público en Barcelona en 2018 / ATM

Tarifas del transporte público en Barcelona en 2018 / ATM

“Es el resultado del fraude político y la demagogia de Colau”, espeta Alberto Fernández, líder del grupo popular municipal, cuando se le pregunta al respecto. “Aprueba una ley de pobreza energética pero no el reglamento que debe regular la obligación de las compañías y del ayuntamiento”, argumenta. Por eso su formación la recurrió.

Fernández recuerda que “año tras año han prometido destinar una cantidad de dinero para la pobreza energética y solo gastan el 50% y, en ocasiones, ni llegan”. Como denunció en abril de 2017, la alcaldesa, también presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), invirtió en esta entidad solo el 10% de lo presupuestado para paliarla: 153.537 euros de los 1.500.000 presupuestados.

Derecho de primer orden

Santiago Alonso, concejal de Ciudadanos, opina que “hay ciertas ayudas pero son insuficientes y deben ampliarse”. Es necesario, en sus palabras, que se formule un replanteamiento del sistema tarifario que parta de la base de que la movilidad y el acceso al transporte público es un derecho de primer orden y una garantía contra la exclusión social.

Se trata de un modelo tarifario mal planteado, según el regidor de la formación naranja, quien plantea reducir el precio de los abonos multiviajes unipersonales (como la T-mes) para que se conviertan en el de los usuarios habituales con una tarifa reducida y para varias zonas, en detrimento de otras tarjetas como la T-10, que son utilizadas ampliamente por los turistas al ser multiviajero. “No tiene sentido que usuarios habituales y turistas tengan el mismo abono de referencia”.

T-movilidad: ¿La solución?

El grupo de ERC le apoya: “Quien más uso hace del transporte público ha de pagar menos y no ha de ser la T-10 el principal título de transporte de los usuarios habituales”, dicen fuentes del partido que lidera Alfred Bosch. “El incremento del precio podría haber esperado a la puesta en marcha de la T-Movilidad”.

Una tarjeta que pretende lanzar la ATM y que permitirá calcular el precio del transporte de manera personalizada. Cada usuario pagará en función de los kilómetros recorridos y la frecuencia con que utilice el transporte público. Tenía que hacerse una prueba piloto en otoño de 2017, pero no fue así.

“Cuando el 155 libere a la Generalitat, que aceleren la puesta en marcha de la T-Movilidad”, pide Jaume Ciurana, portavoz del PDeCAT en el consistorio barcelonés. “Superará el tema de los abonos y hará posibles bonificaciones en función de parámetros sociales mucho más ajustados”, añade, tras unirse a la denuncia de la demagogia que practica la alcaldesa de Barcelona en este aspecto.