Vista de la fachada del edificio de la calle de Buenos Aires de Barcelona
El tercer gran frente del fondo inversor NAD llega al Eixample con el desahucio de Olalla
La calle Buenos Aires de Barcelona amanecerá este miércoles con una fuerte movilización vecinal para frenar el desalojo de una madre con tres menores
La afectada denuncia "indefensión" ante el avance de los pisos compartimentados, mientras que el expediente judicial avala la expulsión por una deuda acumulada que ronda los 20.000 euros
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El juzgado ha fijado para este miércoles, 20 de mayo, el lanzamiento de una vivienda en el número 60 de la calle Buenos Aires de Barcelona, un bloque en proceso de reconversión al alquiler por habitaciones.
A las 08:00 horas está programado el desalojo de Olalla, una madre con tres hijos menores a cargo que lleva nueve años residiendo en el inmueble.
El edificio es propiedad del fondo de inversión holandés New Amsterdam Developers (NAD), cuyo modelo de negocio se centra en adquirir bloques enteros, vaciarlos de inquilinos tradicionales y fragmentar los pisos en habitaciones para explotarlos bajo el formato de coliving.
Un primer intento frustrado
El pulso de mañana llega tras un primer intento fallido. El pasado martes, 12 de mayo, una concentración de medio centenar de personas logró aplazar el desahucio.
En aquella ocasión, la protesta vecinal sumó fuerzas con un contratiempo operativo: los Mossos d’Esquadra no disponían de los efectivos suficientes para ejecutar el desalojo debido a que gran parte de los agentes estaban desplegados cubriendo la huelga del sector educativo.
La protesta de los varios sindicatos por la vivienda el pasado martes, 20 de mayo, en la calle Buenos Aires de Barcelona
El juzgado concedió así una semana de margen que vence este mismo miércoles por la mañana.
Nueve años de residencia
Para Olalla, que cuenta con un certificado de vulnerabilidad social, económica y emocional acreditado por el Ayuntamiento de Barcelona, el proceso ha supuesto un grave deterioro de su salud mental.
"Tengo la esperanza de que por presión me dejen quedarme. No me he dado por vencida", explica a este medio. "Estoy destrozada, pero me quedo por todos, porque al final es una lucha. Si mañana me desahucian, que se sepa. Especular con la vivienda debería estar regulado".
La inquilina esgrime que se quedó en paro y que no pudo asumir los costes con sus 700 euros de prestación, denunciando una falta de comunicación para buscar alternativas. "Desde el fondo de inversión no me ha llegado nada. Recibí el burofax en marzo del año pasado. Llevo un año con esto, aguantando".
Dos años de deudas
Los datos del procedimiento señalan que no se trata de un impago puntual. La deuda acumulada con la propiedad asciende a 20.000 euros.
Según consta en el expediente, la arrendataria lleva aproximadamente dos años sin abonar las cuotas del alquiler ni los suministros básicos. El desalojo, por tanto, responde a un proceso legal ordinario avalado por un juez, motivado por este impago sostenido.
El avance del 'coliving'
El bloque ya opera casi en su totalidad como un coliving. Según Olalla, "quieren coger y reformar también mi piso. Quedamos tres familias de vecinos solamente: una pareja mayor con renta antigua y otra familia que tampoco tiene buena relación con el fondo". No obstante, el destino final de esta vivienda en concreto aún no está definido por la propiedad.
Mientras relata que lleva tres días vaciando el piso ("no porque quiera irme, sino porque me están echando"), la afectada también señala a las instituciones: "Llevo casi dos años apuntada a la lista de espera para la Vivienda de Protección Oficial y del alquiler social. He pedido, he insistido, y no pasa nada. La empatía brilla por su ausencia. Es muy fácil decir 'es una familia más'. Me siento muy pequeña, vulnerable e indefensa".
Sobre el operativo policial previsto para mañana, añade: "Estoy muerta de miedo, han convocado a los antidisturbios como si fuera una delincuente. Ayer me picaron a la puerta unos mossos para comunicarme que hay un desahucio, cosa que, evidentemente, ya sabía".
Jornada tensa
El escenario previsto para la mañana de este miércoles es de máxima tensión. Los colectivos pro vivienda, liderados por el Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) y el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), han lanzado un llamamiento urgente para blindar la puerta desde las ocho de la mañana.
Exigen que el fondo acepte un alquiler social o que el juzgado suspenda el lanzamiento por motivos humanitarios. Se espera, en contraste con la semana pasada, un fuerte despliegue de los Mossos d'Esquadra para garantizar la comitiva judicial.
El profesor Txema
El historial de tensiones entre el movimiento por la vivienda y NAD acumula episodios recientes de gran calado mediático. El fondo ya protagonizó un episodio prácticamente idéntico en el bloque Sant Agustí de Gràcia. Allí, el intento de desahucio de Txema, un profesor que se negó a abandonar el piso tras extinguirse su contrato, provocó el último gran conflicto de la vivienda en Cataluña.
Existe, no obstante, una diferencia sustancial entre ambos expedientes. A diferencia del caso de la calle Buenos Aires, marcado por la morosidad, el inquilino de Gràcia siguió abonando sus cuotas puntualmente incluso sin tener contrato.
Txema Escorsa, inquilino del bloque de la calle Sant Agustí de Barcelona adquirida por un fondo de inversión
El inquilino justificó su resistencia basándose en las presuntas ilegalidades de la propiedad con el resto de viviendas, comercializadas por casi 1.000 euros la habitación.
La fortísima presión política y social logró suspender temporalmente el desalojo del inmueble. Una paralización que contó con la implicación del president de la Generalitat, Salvador Illa, quien respaldó a los vecinos llegando a calificar abiertamente de "iniciativas ilegales" las prácticas del fondo inversor.
La suspensión del bloque Papallona
La agenda judicial de NAD ha sufrido otros reveses recientes. Aunque para finales de este mes de mayo estaba fijado el desalojo de Marga Aguilar, residente desde 1992 en el histórico bloque Papallona, los tribunales han decidido finalmente suspender el lanzamiento hasta que se resuelvan los recursos presentados a la Audiencia de Barcelona.
Este intento de lanzamiento se preveía igualmente multitudinario, agravado por las recientes denuncias de que las obras impulsadas por el fondo para diseccionar los pisos en habitaciones han causado daños estructurales en este edificio protegido por su valor patrimonial.
El negocio en Barcelona
La ofensiva contra NAD trasciende el activismo vecinal y destapa un imperio inmobiliario bajo asedio. Tal y como reveló Crónica Global, en el epicentro de esta crisis se encuentra el inversor neerlandés Paul Petermeijer, expresidente del exclusivo Colegio Americano de Barcelona, y su socio estadounidense Jeffrey Todd Kaye.
Las cifras de su cartera, que aglutina 71 viviendas y 12 locales en la ciudad, ilustran la extrema rentabilidad del coliving. El propio edificio de Buenos Aires 60, donde reside Olalla, es el activo que más facturación aporta al grupo, generando actualmente 60.000 euros al mes.
![Paul Petermeijer, propietario de New Amsterdam Developers, y el mandato de venta de su empresa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/03\/26\/actualidad\/1003742745772_15887029_320x180.jpg"])
En este bloque esquinero del Eixample, la renta agrupada de algunos pisos fraccionados roza los 8.000 euros mensuales, y la previsión de la empresa es disparar la facturación del inmueble hasta los 110.000 euros al mes cuando vacíen y reformen los pisos restantes.
Sin embargo, ante las reiteradas multas del Ayuntamiento, el expediente sancionador abierto por la Generalitat –que podría superar los dos millones de euros– y la asfixia mediática y vecinal, Petermeijer ha activado la venta de su sociedad gestora por 28 millones de euros para liquidar su actividad en la ciudad.
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