Fotomontaje con Gao Ping

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Vida

El mayor golpe a la mafia china se diluye: el 'caso Emperador' termina en pactos y multas irrisorias

El grueso de los acusados ha optado por pactar con la Fiscalía Anticorrupción; el juicio ha quedado suspendido hasta que se formalicen algunos de estos acuerdos

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En una fecha indeterminada entre 2009 y 2010, una patrulla de la Policía Nacional detuvo un coche en pleno centro de Barcelona. No había denuncia previa ni operativo en marcha. Solo una sospecha: dos ocupantes, ciudadanos chinos, que mostraban una actitud nerviosa al volante.

El registro del vehículo confirmó que no era una intuición cualquiera. En el interior, ocultos, aparecieron varios cientos de miles de euros en efectivo.

Los ocupantes apenas hablaban español. No supieron —o no quisieron— explicar ni el origen ni el destino del dinero. Tampoco aportaron documentación que justificara esa cantidad.

Un agente de la Policía Nacional ante la Audiencia Nacional

Un agente de la Policía Nacional ante la Audiencia Nacional EFE

Los agentes requisaron cautelarmente el efectivo. Y lo que parecía un episodio aislado activó una investigación que acabaría escalando hasta uno de los mayores operativos contra la mafia china en España.

Gao Ping, el 'emperador' de Cobo Calleja

Al cruzar los datos en las bases policiales, surgieron las primeras conexiones: Madrid, el polígono de Cobo Calleja, estructuras de la comunidad china… y un nombre que empezaba a sonar con fuerza en los informes policiales: Gao Ping.

Ese hallazgo marcó el inicio del llamado caso Emperador, una macrocausa que, en octubre de 2012, se presentó como el mayor golpe a las redes de fraude fiscal y blanqueo de capitales vinculadas a empresarios chinos en España.

Más de una década después, aquel caso mastodóntico llega a juicio profundamente erosionado.

Exterior del polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid)

Exterior del polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid) Europa Press

Casi 14 años después, arranca el juicio

Este jueves, 30 de abril, la Audiencia Nacional ha acogido la vista preliminar, casi 14 años después del arranque formal del procedimiento.

La imagen dista mucho de aquella gran operación anunciada en 2012. La mayoría de los cerca de cien acusados ha optado por pactar con la Fiscalía Anticorrupción.

El resultado: multas que han pasado de cifras millonarias a sanciones de entre 300 y 600 euros y penas de prisión inferiores a los dos años.

Tras la vista, el juicio ha quedado suspendido hasta que se formalicen definitivamente algunos de estos acuerdos.

43 años para el 'emperador'

Entre los 102 acusados figura el actor porno Nacho Vidal, para quien la fiscalía solicita 11 años de prisión y una multa de 50 millones de euros por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

Gao Ping, cabecilla de la trama Emperador en una imagen de archivo

Gao Ping, cabecilla de la trama Emperador en una imagen de archivo Europa Press

En el otro extremo está Gao Ping, señalado como presunto cabecilla de la trama. A diferencia de muchos coacusados, no ha alcanzado un acuerdo con el ministerio público.

Se enfrenta a una petición de 43 años y medio de cárcel y a multas que ascienden a 77,5 millones de euros por los presuntos delitos de cohecho, amenazas, blanqueo, detención ilegal, falsedad documental y fraude fiscal.

Fraude masivo

La operación Emperador destapó un complejo entramado en el que, presuntamente, participaron empresarios, policías y guardias civiles.

El sistema pivotaba sobre una mecánica relativamente simple: una doble contabilidad generalizada. Las empresas declaraban menos de la mitad de sus ingresos reales y acumulaban grandes cantidades de efectivo.

Ese dinero se centralizaba en enclaves como el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), considerado uno de los mayores centros de actividad comercial de la comunidad china en Europa.

Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid

Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid EFE

Ocho millones en metálico

En octubre de 2012, los investigadores hicieron registros en Madrid, Barcelona, Málaga y otras ciudades del País Vasco y Castilla y León; y se localizaron alrededor de 8 millones de euros en metálico.

Asimismo, se intervinieron 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se embargaron cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades.

En paralelo, otra rama de la investigación detectó que numerosos comerciantes apenas declaraban el 10% de los productos que importaban… y, por extensión, solo tributaban por una fracción mínima de sus ventas. Todos ellos colaboraban en la red de Ping.

De Madrid al Principado

Parte de los fondos defraudados se utilizaba por la propia comunidad para conceder préstamos con altísimos intereses. Pero una cantidad significativa salía de España.

Antigua sede de la Banca Privada d'Andorra (BPA)

Antigua sede de la Banca Privada d'Andorra (BPA)

Según la investigación, el empresario valenciano Rafael Pallardó actuaba como intermediario y testaferro para trasladar dinero hasta Andorra, donde era canalizado a través de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA) y otras entidades bancarias.

La caída de BPA

En ese momento —entre 2010 y 2012— el fraude fiscal no estaba tipificado como delito en el Principado, lo que complicaba cualquier responsabilidad penal directa para la entidad.

Aun así, la conexión entre la trama de Gao Ping y la BPA acabaría siendo clave en el desarrollo de la investigación que, en 2015, acabaría con la intervención y el cierre fulminante del banco.

Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, en una imagen de archivo

Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, en una imagen de archivo Crónica Global

De hecho, en Andorra el caso Gao Ping ha terminado con duras condenas para los gestores de la BPA, como el ex-CEO de la entidad, Joan Pau Miquel, al considerar que la entidad facilitó el blanqueo del dinero.

Lo curioso del caso es que la sentencia andorrana --que está recurrida-- llegó mucho antes que el juicio de la causa en España, que justo ha empezado este jueves 30 de abril.