Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona-El Prat
La Guardia Civil 'empapela' a ocho vigilantes del aeropuerto de El Prat por una huelga encubierta
La Benemérita propone sancionar a varios trabajadores de la empresa I-SEC tras dejar sin servicio los filtros durante una protesta por sus condiciones laborales
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La Guardia Civil ha propuesto sancionar a ocho vigilantes de seguridad que prestaban servicio en los filtros del aeropuerto de Barcelona-El Prat, todos ellos trabajadores de la empresa I-SEC Seguridad.
Según ha podido saber Crónica Global, el instituto armado cursó hasta ocho denuncias el pasado 26 de febrero tras detectar un comportamiento que consideró incompatible con las funciones propias del servicio en una infraestructura crítica.
Descontento
El origen de los hechos se sitúa en un contexto de malestar interno dentro del sector de la seguridad privada. Diversas fuentes consultadas apuntan a un clima de descontento por las condiciones laborales y otros conflictos internos que habrían ido escalando en las semanas previas.
Fue en este escenario cuando un grupo reducido de vigilantes —“una minoría”, matizan desde la Benemérita— protagonizó un acto de protesta que terminó derivando en una interrupción momentánea del servicio.
Dos efectivos del GAR de la Guardia Civil, en aeropuerto de El Prat
Hablan de "huelga encubierta"
En concreto, algunos de estos trabajadores dejaron de atender los filtros de seguridad en los que estaban asignados, en lo que fuentes conocedoras del caso describen como una suerte de “huelga encubierta”.
La acción, subrayan, no estaba directamente vinculada a la Guardia Civil, cuerpo que supervisa la seguridad en la zona restringida del aeropuerto, sino que respondía a reivindicaciones de carácter laboral.
Varias personas en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat Barcelona
El impacto, sin embargo, fue inmediato. Durante unos minutos, el funcionamiento habitual de los controles de seguridad se vio alterado, generando una situación de tensión en uno de los puntos más sensibles del aeropuerto.
Pese a ello, las mismas fuentes aseguran que el servicio pudo restablecerse con relativa rapidez —en menos de 20 minutos— y sin que se produjeran consecuencias mayores para los pasajeros o la operativa de seguridad general.
![Avión de Turkish Airlines en el Aeropuerto de Barcelona tras sufrir una falsa amenaza de bomba](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/01\/15\/vida\/1003742723514_15606856_320x120.jpg"])
En aplicación de la Ley de Seguridad Privada
Aun así, la Guardia Civil, como órgano competente, consideró que la conducta observada no podía quedar sin respuesta.
La interrupción del servicio, aunque breve, fue interpretada como una dejación de funciones que contraviene la Ley de Seguridad Privada 5/2014, normativa que regula la actuación de estos profesionales en espacios especialmente sensibles.
![Imagen de los filtros de seguridad del aeropuerto de El Prat](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2023\/08\/08\/business\/785181477_8396849_4000x2666.jpg"])
Imagen de los filtros de seguridad del aeropuerto de El Prat
En este sentido, el Instituto Armado optó por elevar ocho propuestas de sanción individualizadas contra los vigilantes implicados.
Fuentes próximas a la actuación policial reconocen que, más allá del abandono puntual del puesto, la actitud de algunos de los trabajadores fue percibida como “desafiante”, si bien insisten en que “el caso no llegó a mayores” y que la situación pudo reconducirse sin necesidad de intervenciones adicionales.
Esperando respuesta de la DGAS
Las propuestas de sanción fueron tramitadas a través del sistema Geiser y remitidas a la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), organismo dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, que es el competente para instruir este tipo de expedientes en materia de seguridad privada.
![La actuación tachada de desproporcionada de dos vigilantes de seguridad de Renfe](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/08\/31\/vida\/1003742685144_15077802_320x120.jpg"])
Consultadas por este medio, fuentes del Departamento de Interior confirman la recepción de dichas propuestas por parte de la Guardia Civil.
No obstante, han declinado ofrecer información adicional sobre el estado actual de la tramitación o el posible recorrido de los expedientes, alegando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y procedimientos administrativos en curso.
Estas infracciones pueden acarrear sanciones importantes, que van desde multas de entre 1.001 y 6.000 euros hasta la suspensión de la habilitación profesional por un periodo de seis meses a un año.
"No todo vale"
Desde el ámbito sindical, la reacción no se ha hecho esperar. ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, mayoritario en el sector de la seguridad privada, ha lamentado lo ocurrido y ha mostrado su rechazo a este tipo de actuaciones.
Aunque reconocen la existencia de malestar entre los trabajadores, advierten que "no todo vale" a la hora de canalizar ese descontento.
![Montaje con Alberto Torrejón, CEO de Wakeful, y trabajadores de la empresa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/10\/21\/business\/1003742699913_15305274_320x180.jpg"])
En esta línea, subrayan que cualquier reivindicación laboral debe articularse dentro de los cauces legales establecidos y sin comprometer la prestación del servicio, especialmente cuando se trata de una infraestructura crítica como el aeropuerto de Barcelona-El Prat.
"Los vigilantes de seguridad deben ser plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen: forman parte del engranaje de la seguridad pública y trabajan en coordinación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quien no esté dispuesto a cumplir con sus obligaciones, sencillamente no debe permanecer en el sector", zanjan desde el sindicato.
