Sede de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia i a la Adolescencia (DGPPIA), en Barcelona
Cataluña busca vaciar los centros de menores: el reto de integrar en familias a 5.000 niños tutelados
Con 8.724 expedientes activos y una estancia media de 3,5 años en el sistema residencial, la Generalitat apuesta por la prevención y el acogimiento para reducir el impacto de la institucionalización
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Cataluña ha iniciado una redefinición estructural de su sistema de protección a la infancia.
Con 8.724 menores de 18 años bajo la tutela o guardia de la Generalitat, la administración catalana persigue el objetivo de reducir el internamiento en centros a una medida excepcional.
La estancia media en estos recursos residenciales alcanza hoy los 3,5 años, una cifra que el nuevo modelo de prevención busca disminuir para evitar que la institucionalización se convierta en una etapa crónica en la vida del niño.
Este análisis de situación y las líneas maestras de la reforma centró este martes la jornada "Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos".
El evento "Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos", organizado por la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, en Barcelona
El evento, organizado por la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), congregó a los responsables del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, junto a juristas y expertos de salud y educación, para proponer alternativas que aseguren el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar.
La radiografía del sistema
La gestión de la infancia en Cataluña descansa sobre una red transversal que coordina la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y en la que intervienen más de 13.000 profesionales.
Este engranaje abarca a los educadores de los centros residenciales (CRAE), moviliza a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) —psicólogos y pedagogos que diagnostican el riesgo en el territorio— y a los servicios sociales básicos de los ayuntamientos.
La estructura se completa con el Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción (ICAA), encargado de las familias de acogida, y unidades especializadas de salud mental (CSMIJ).
Priorizar el apoyo
El director general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), Josep Muñoz, detalló una realidad diversa en la que unos 3.400 menores residen con familias de acogida mientras la gran mayoría (alrededor de 5.000) permanece en centros de acogida o CRAE.
Este volumen de expedientes ha tensionado las costuras de una administración que busca transitar de la lógica de la "declaración de desamparo" hacia una de "amparo preventivo".
Muñoz subrayó la necesidad de intervenir antes de que se produzca el daño irreversible y priorizar el apoyo a las familias vulnerables para que la separación no sea inevitable.
La franja 0-6 años
La presencia de niños de muy corta edad en centros residenciales sigue siendo uno de los puntos más críticos. Cataluña registra todavía a 260 menores de seis años en centros.
La estadística es especialmente sensible en el segmento de los más pequeños, con 110 bebés de menos de tres años que crecen hoy en recursos residenciales a la espera de un acogimiento familiar.
"El reto es desinstitucionalizar a los niños, empezando por los más pequeños", afirmó Elena Lledós, directora del Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción (ICAA).
La realidad clínica refuerza esta urgencia. La pediatra del Hospital Vall d'Hebron, la Dra. Anna Fàbregas, advertió sobre el impacto del "estrés tóxico" y los niveles altos de cortisol que genera la falta de un referente estable, un factor que afecta directamente al neurodesarrollo de estos menores y reduce su esperanza de vida.
Déficit de familias de acogida
Cataluña cuenta con 874 familias acogedoras, una cifra insuficiente para absorber el flujo de menores que hoy ocupan plazas residenciales.
Lledós insistió en la necesidad de divulgar la opción de acoger y facilitar la tramitación de documentos de identificación para revertir un déficit que obliga a mantener el sistema residencial como recurso mayoritario, algo que contraviene el principio de que el entorno familiar es el más adecuado para el desarrollo emocional.
De la DGAIA a la DGPPIA
La creación de la DGPPIA en sustitución de la antigua DGAIA hace poco menos de un año busca especializar la intervención pública mediante la segregación de funciones.
Bajo este esquema, la Dirección General de Prestaciones Sociales asume las ayudas económicas y la Dirección General de Provisión de Servicios gestiona la concentración de plazas.
Este cambio permite que la DGPPIA se focalice exclusivamente en el control, la planificación y la prevención estratégica.
![Sede de la DGAIA en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2023\/05\/26\/empresas\/766683447_8017726_320x180.jpg"])
El nuevo modelo despliega una estructura con planes de integridad y un refuerzo del trabajo de campo para que los casos no lleguen a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA).
Además de mejorar la coordinación con el Departamento de Justicia para blindar las garantías legales, el plan contempla un incremento de la plantilla y una especialización en trastornos de conducta para evitar el colapso de los centros convencionales ante casos de alta complejidad, una de las carencias históricas detectadas por los colegios profesionales.
La prevención como única vía
"El sistema llega tarde", coincidieron expertos de los ámbitos escolar y sanitario durante la jornada. La detección precoz se erige como la pieza clave para la sostenibilidad del modelo.
Judith Miró, directora de instituto, aseveró que el absentismo escolar debe gestionarse como un indicador temprano de riesgo, ya que, cuando un menor deja de asistir a clase, "pierde su principal espacio de protección".
Varios niños caminan a la salida del colegio en Barcelona, en una imagen de archivo
Para apuntalar este giro preventivo, la Generalitat recordó su inversión de 19 millones de euros destinados a mejorar la red de servicios de intervención socioeducativa.
La meta es trabajar de forma intensiva con las familias en su propio entorno y limitar la "institucionalización severa". Según los profesionales, el sistema no debería permitir que un menor pase más de dos años en un centro para evitar que la medida de protección derive en un factor de exclusión social.
![Barnahus](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/10\/29\/empresas\/1003742702403_15337292_320x180.jpg"])
Falta de coordinación
La queja unánime de los ponentes se centró en la existencia de compartimentos estancos que impiden una detección precoz efectiva.
Actualmente, los sistemas de Salud, Educación y Derechos Sociales no se comunican entre sí, lo que genera una "incomunicación técnica" que los profesionales califican de crítica.
Lo que reclaman no es solo una base de datos, sino un expediente único compartido que permita la trazabilidad del menor en tiempo real.
Esta desconexión burocrática obliga a las familias —y a los propios niños— a revictimizarse, teniendo que reconstruir su relato de vulnerabilidad "en cada ventanilla" ante diferentes técnicos que no conocen los antecedentes previos. La consecuencia es una dilatación de los plazos de intervención
Desde una perspectiva preventiva, la coordinación total permitiría que indicadores aparentemente aislados —como el absentismo escolar recurrente o una urgencia pediátrica— activaran una alerta unificada.
