D.G., el agente investigado, charlando con la subdirectora de Crónica Global, Míriam de Saint-Germain Barcelona
Interior mueve ficha contra el 'mosso' investigado por 'narco': rastrea su dinero y sus consultas
La defensa del agente sostiene que no hay pruebas concluyentes de filtración ni de cobros ilícitos y cuestiona la interpretación de los indicios
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Avanzan las diligencias de investigación contra D.G., el mosso d'esquadra investigado por su presunta participación en una red de narcos instalada en el Vallès.
Ahora, en un nuevo escrito, esta vez del abogado de la Generalitat, la acusación pública solicita nuevas diligencias para tratar de apuntalar los indicios ya recabados.
En concreto, y según ha podido saber Crónica Global, el abogado de la Generalitat pide al juzgado tres actuaciones: consultar el patrimonio de los investigados, acreditar formalmente la condición de funcionario del agente mediante oficio a la Dirección General de la Policía y verificar todas las consultas que realizó en las bases de datos policiales.
Este último extremo deberá ser analizado por sus superiores jerárquicos, que tendrán que determinar si dichos accesos estaban justificados dentro de investigaciones legítimas o si, por el contrario, carecían de cobertura operativa.
Consultas bajo sospecha
De hecho, el foco de la investigación radica en la actividad que el agente habría desarrollado entre 2022 y 2024.
Según la tesis de la acusación, D.G. —en el cuerpo desde 2005 y destinado en la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones— habría utilizado su acceso privilegiado a sistemas policiales para consultar información sensible sobre personas y vehículos vinculados a una organización criminal.
D. G. durante la entrevista con Crónica Global Barcelona
Siempre según el relato de la Generalitat, estos datos habrían sido posteriormente facilitados al entramado delictivo, lo que habría permitido a sus miembros anticiparse a actuaciones policiales y operar con mayor impunidad en el Vallès Occidental.
La investigación apunta a un patrón sostenido en el tiempo, con al menos una treintena de consultas bajo sospecha.
Cohecho y revelación de secretos
El escrito también recoge indicios sobre un presunto circuito de contraprestaciones económicas. La acusación habla de una dinámica de “petición-consulta-respuesta-pago”, sustentada en intervenciones telefónicas, grabaciones ambientales y vigilancias policiales.
Entre los elementos incorporados a la causa figuran referencias a entregas de dinero en efectivo, conversaciones en las que se menciona el pago de “1.000 euros por el servicio” al “Mosso” y movimientos bancarios que, según los investigadores, resultarían compatibles con estos intercambios.
A partir de estos indicios, la Generalitat encuadra los hechos en delitos de cohecho y revelación de secretos por parte de funcionario público.
La versión de la defensa
Frente a esta línea acusatoria, la defensa del agente —ejercida por el penalista Álvaro Machado, de Vosseler Abogados— rechaza de plano las imputaciones y cuestiona la solidez de los indicios.
Según sostienen fuentes jurídicas próximas al investigado, las consultas realizadas en las bases de datos deben interpretarse en el marco de sus funciones policiales.
D. G., el mossos investigado conversando con la subdirectora de Crónica Global, Míriam de Saint-Germain Barcelona
Asimismo, el propio agente, en una entrevista exclusiva con este medio, aseguró que existen férreos blindajes en las bases de datos de Mossos: "Solo unos pocos tienen acceso a información sensible".
Tal y como explicó él mismo, las consultas que realizó se limitaron —según su versión— a datos no sensibles, desconociendo por completo la verdadera actividad de las personas con las que se relacionaba.
"Yo asumo que les hice consultas, sobre todo, de matrículas y conductores, pensando que se dedicaban a la compraventa de vehículos, pero hay otras peticiones que no sé de dónde salen", aseguró a Crónica Global.
Cuestiona los pagos
En paralelo, la defensa del agente también pone en duda la interpretación de los supuestos pagos, al considerar que no existe una trazabilidad directa que vincule de forma inequívoca al agente con la recepción de dinero a cambio de facilitar datos policiales.
En este sentido, D. G. lamenta las artimañas de la División de Asuntos Internos (DAI) para involucrarle: "Encontraron una hoja manuscrita donde se leía '1.000 al mosso' y ya dedujeron que eran euros y que el 'mosso' era yo".
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Una nueva vida
En paralelo al avance de la causa, el investigado trata de rehacer su vida lejos del foco policial.
Suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, en tratamiento por adicciones y a la espera de juicio, su día a día dista mucho del que llevaba dentro del cuerpo.
La detención en noviembre de 2024 marcó un punto de inflexión: tocó fondo —según ha relatado su entorno— y entendió que necesitaba cambiar de rumbo para seguir adelante.
En ese proceso de reconstrucción personal, ha encontrado en la magia una vía de escape.
A través de una entidad social, el agente colabora en actividades dirigidas a colectivos vulnerables, desde menores hospitalizados hasta personas con discapacidad, convirtiendo los trucos en una herramienta terapéutica y de servicio.
Lejos de la placa, pero con la misma vocación —según él mismo—, intenta ahora “ser útil de otra manera”, mientras su defensa insiste en que nada de lo que se investiga acredita, a día de hoy, que cruzara la línea de la legalidad.
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