El crimen sin cadáver de Diego Vargas acaba con 15 años de prisión para el acusado

A pesar de no haber encontrado el cadáver de la víctima, ni de tener el arma homicida, ni testigos, ni la confesión del acusado, la Audiencia de Barcelona ha condenado a Luis Bonet a 15 años de prisión por la muerte violenta de Diego Vargas en mayo de 2020.

Así lo determina la sentencia, dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, que considera probado que el acusado acabó con la vida de Vargas el 11 de mayo de 2020 tras un encuentro en una nave industrial de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), aunque el cuerpo nunca ha sido localizado.

De este modo, aunque no existe ninguna prueba directa, el fallo se apoya en una cadena de indicios que el ya jurado consideró suficientemente sólidos para destruir la presunción de inocencia del acusado, en un caso que se ha investigado por los Mossos d'Esquadra como una desaparición criminal sin cadáver.

El robo que lo rompió todo

Según se declara probado, víctima y acusado se conocían desde 2017 y mantenían una relación personal y comercial relacionada con el tráfico de marihuana. Aunque no estaban al mismo nivel: mientras que Bonet ostentaba un cargo de cierta relevancia en una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala; Vargas le vendía esquejes de marihuana para sacarse algo de dinero.

Ambos habían tenido una plantación en común, pero Vargas no llegó a ver ningún beneficio, porque esta sufrió un 'narcoasalto'. De hecho, las desavenencias entre ambos socios se desataron a raíz de este robo, pues la víctima estaba convencido de que Luis se encontraba tras el asalto.

Es por ello que la mañana del 11 de mayo de 2020, la víctima llamó al acusado en repetidas ocasiones para exigirle explicaciones y el pago de la deuda que decía haberle generado.

Los últimos minutos de vida

Tras una primera discusión telefónica, la víctima se dirigió a la nave que Bonet tenía en la calle Granada de Sant Andreu de la Barca. Antes del encuentro, envió varios mensajes a una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial y en los que expresaba su enfado con el acusado, lo que ha servido de indicio en el juicio.

A las 11:01 de la mañana Vargas se personó en el lugar del encuentro y realizó una nueva llamada para avisar a su socio de que ya había llegado. La sentencia fija ese instante como el último momento verificable de vida de la víctima.

A continuación, y sin que se pueda determinar cómo, Bonet acabó con la vida de Diego Vargas.

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Una desaparición criminal

Su familia, al no tener noticias de la víctima, decidió denunciar la desaparición. Desde el principio tuvieron un mal presentimiento. Vargas estaba muy unido a sus hijas y a su madre; y de hecho, había quedado con ellas ese mismo mediodía para comer juntos.

Para el jurado popular la hipótesis de una desaparición voluntaria también carece de sentido y el fallo añade que "carecía de medios suficientes de vida" para haberse marchado y comenzar de nuevo en otra parte.

Es más, la resolución subraya que, desde aquel lunes de mayo, la víctima no ha vuelto a comunicarse con su entorno más cercano ni se ha registrado ningún rastro de su actividad en bases de datos policiales europeas, registros administrativos o sistemas de la Seguridad Social.

Por todo ello, el tribunal concluye que Vargas murió ese mismo día en la nave industrial del acusado.

Los mensajes en el Encrochat

La clave del caso ha sido la reconstrucción del crimen a partir de las pruebas indiciarias.

El jurado ya consideró acreditado que el acusado tenía motivos para quitar de en medio a la víctima, que podía poner en peligro sus negocios.

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También tuvieron peso en el veredicto varias conversaciones interceptadas en Encrochat, una plataforma de mensajería encriptada utilizada habitualmente por redes del crimen organizado.

En esos mensajes, otros socios del acusado comentaban su posible implicación en la desaparición de Vargas. "Está loco, cree que lo tiene todo controlado. No sabe lo que está haciendo; van a revisar cámaras y móviles y se verá que está implicado", escribió uno de ellos. "Luis nos ha salido sicario", apuntó otro.

La reconstrucción de los hechos

La reconstrucción de los movimientos de aquella mañana también desmontó parte de la versión del acusado. Según declaró inicialmente ante la policía —cuando aún tenía condición de testigo—, el vehículo de Vargas se habría abandonado en el polígono de Sant Andreu tras el encuentro.

Sin embargo, las cámaras de seguridad no registraron la salida del Audi de la víctima.

Sí captaron, en cambio, la furgoneta Iveco blanca del acusado, que abandonó la zona y fue localizada posteriormente en dirección a Gavà. Una de las llamadas realizadas al teléfono de Vargas, que nunca llegó a responder, permitió situar el terminal en El Papiol, un dato que inicialmente parecía respaldar la versión del acusado, pero que terminó reforzando la hipótesis de que fue él quien trasladó el móvil tras la desaparición.

El tribunal también destaca que el acusado no ofreció una explicación convincente a varios elementos incriminatorios. Entre ellos, el testimonio de una persona que aseguró haber visto el Audi de Vargas estacionado en la nave la tarde del 11 de mayo, cuando ya había desaparecido y el propio acusado había afirmado que se marchó del lugar al mediodía.

Tampoco aclaró por qué eliminó los mensajes que había intercambiado con la víctima, en los que esta le reprochaba el robo de una plantación de marihuana que ambos habían gestionado.

La pena máxima

Los hechos han sido calificados como un delito de homicidio, castigado con penas de entre diez y quince años de prisión. La Audiencia de Barcelona ha optado por imponer la pena máxima, valorando especialmente que el cadáver de la víctima nunca haya sido encontrado.

Según recoge la sentencia, esta circunstancia genera en la familia una “zozobra constante” que prolonga el sufrimiento y agrava el reproche penal de la conducta.

Además de la pena de prisión, Bonet deberá indemnizar a los familiares de Diego Vargas con 150.000 euros para su pareja, 200.000 euros para cada uno de sus hijos, 130.000 euros para su madre y 30.000 euros para su hermano.

Con todo, se trata de la tercera sentencia condenatoria dictada en Cataluña y en España por un homicidio sin cadáver, en la que, pese a no existir ni el cuerpo de la víctima, ni el arma del crimen, ni testigos directos, el tribunal ha considerado acreditada la autoría a partir de una sólida cadena de pruebas indiciarias.