En el banquillo de los acusados: Daniel Díaz (izquierda) y Sergio Gutiérrez (derecha) con una imagen de Valentín Morena
El alto tribunal catalán ratifica las condenas por el asesinato de Valentín Moreno
El TSJCat avala la sentencia de la Audiencia de Barcelona, mientras la defensa del cooperador necesario eleva el caso al Supremo
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona contra Daniel Díaz Mora y Sergio Gutiérrez Martín, condenados a 20 años de prisión por el asesinato de Valentín Moreno.
De este modo, la resolución del alto tribunal catalán, a la que ha tenido acceso Crónica Global, confirma el fallo emitido tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que consideró probado que ambos acusados actuaron de forma concertada en la preparación y ejecución del crimen.
No obstante, la defensa de Sergio Gutiérrez Martín, el considerado como cooperador necesario, ya ha anunciado que presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, lo que prolongará el recorrido judicial del caso en la última instancia penal.
El TSJC avala el relato de los hechos
El crimen se produjo la tarde del 18 de noviembre de 2021, cuando Valentín Moreno fue abordado por sorpresa en Sant Adrià de Besòs y recibió un disparo en la zona occipital de la cabeza.
La víctima falleció al día siguiente en el hospital como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
En el banquillo de los acusados: Daniel Díaz Mora (izquierda) y Sergio Gutiérrez Martín (derecha) entre dos agentes de los Mossos d'Esquadra
Ahora, el TSJC avala las conclusiones de la Audiencia de Barcelona y confirma la condición de Daniel Díaz Mora como autor material del asesinato y la de Sergio Gutiérrez Martín como cooperador necesario en la ejecución del crimen.
El tribunal considera acreditado que Díaz Mora y otro sicario —aún no identificado y en paradero desconocido— se desplazaron a España con el encargo inicial de realizar labores de seguimiento sobre la víctima, una misión que, con el paso de los días, derivó en una orden directa de ejecución.
Para ello, contaron con el apoyo logístico de Gutiérrez, que actuó como facilitador y gestor de los recursos necesarios, proporcionando medios materiales, transporte e información clave para garantizar el éxito de la operación.
Díaz Mora reconoció su implicación
El propio Daniel Díaz Mora confesó su participación en el asesinato y admitió haber percibido 5.000 euros a cambio de ejecutar el disparo mortal, un extremo que refuerza la tesis de que se trató de un crimen por encargo con motivación económica.
![En el banquillo de los acusados: Daniel Díaz (izquierda) y Sergio Gutiérrez (derecha) con una imagen de Valentín Morena](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/07\/03\/vida\/1003742670904_14817817_320x180.jpg"])
Su reconocimiento de los hechos y la colaboración posterior con la Justicia le permitieron beneficiarse de la atenuante analógica de confesión tardía, circunstancia que el tribunal tuvo en cuenta en la individualización de la pena.
Asimismo, la sentencia establece la sustitución parcial de la condena por su expulsión del territorio nacional, que se hará efectiva una vez haya cumplido la mitad de la pena impuesta o acceda al tercer grado penitenciario. La medida conlleva, además, la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años.
El papel del intermediario
En paralelo, el alto tribunal catalán confirma también la condena de Sergio Gutiérrez Martín como cooperador necesario, al considerar acreditado que desempeñó un papel esencial en la logística del crimen.
Según los hechos probados, actuó como enlace entre los autores intelectuales —que siguen sin identificar— y los ejecutores materiales. Facilitó alojamiento, vehículos, teléfonos móviles y otros medios necesarios para preparar el asesinato, incluida la bicicleta utilizada en el ataque.
Valentín Moreno durante el juicio por el crimen de la Vila Olímpica, en una imagen de archivo
Asimismo, proporcionó información sobre los movimientos y rutinas de la víctima y utilizó identidades de terceros para contratar servicios y adquirir medios materiales, lo que motivó también su condena adicional por usurpación de estado civil.
La sentencia mantiene además las medidas accesorias, como la libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena y la prohibición de aproximarse o comunicarse con los familiares de la víctima durante tres décadas.
Más de 600.000 euros en indemnizaciones
El fallo, ahora ratificado por el TSJC, fija también indemnizaciones superiores a los 600.000 euros que deberán abonar ambos condenados de forma solidaria a los familiares de Valentín Moreno.
Las cantidades incluyen 147.000 euros para la viuda, 100.000 euros para cada una de las hijas menores, 80.000 euros para la hija mayor, 63.200 euros para cada progenitor y 20.000 euros para cada uno de los hermanos de la víctima.
![Valentín Moreno, ejecutado en noviembre de 2021, con la Audiencia Provincial de Barcelona de fondo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/06\/18\/vida\/1003742666764_14746138_320x180.jpg"])
La sombra del narcotráfico portuario
Más allá de las condenas, el caso deja abiertas incógnitas relevantes. La investigación situó el origen del crimen en un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de cocaína en el Puerto de Barcelona, uno de los principales nodos logísticos del narcotráfico en Europa.
![Valentín Moreno con el puerto de Barcelona de fondo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/07\/08\/vida\/1003742672355_14844564_320x180.jpg"])
De hecho, quedó acreditado que dos supuestos amigos de la víctima --Javier Montero y Cristian Rus-- le debían entre 700.000 y 1,5 millones de euros por un supuesto negocio fallido.
Sin embargo, el juicio no ha permitido esclarecer quién encargó el asesinato, pero sí ha revelado la estructura operativa de un entramado criminal en el que convergen dinero, deudas, violencia y silencio.
Ahora, con la ratificación del TSJC, las condenas quedan plenamente respaldadas en el ámbito autonómico. Sin embargo, el recurso anunciado ante el Tribunal Supremo por parte de la defensa del cooperador necesario mantiene abierta la última vía judicial.
