Imagen de un vehículo funerario ante el Tanatorio de Reus
La funeraria pública de Reus provoca el primer cierre de empresas
El sector funerario de Tarragona denuncia presiones y obstáculos en el desarrollo de su actividad por la acusación contra la empresa pública de Reus
Más información: La justicia anula la mayor funeraria pública de Cataluña y condena a costas a sus promotores
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La gestión de la mayor funeraria pública de Cataluña, ahora anulada por la justicia, se ha cobrado su primera muerte empresarial. FuneConca, una de las tres compañías privadas que, junto a Mémora y Serveis Funeraris Pedrola Montbrió, presentó el recurso contencioso administrativo contra los ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí, ha bajado la persiana.
La presión competitiva ejercida por FuneCamp, la empresa pública impulsada por los cuatro ayuntamientos citados, habría terminado con la capacidad de supervivencia de FuneConca, más pequeña que las otras dos firmas de entidad privada, cuya propietaria se ha visto obligada a dejar de operar y reinventarse en otro sector ajeno a los servicios funerarios.
Además, fuentes del sector a nivel provincial denuncian ante Crónica Global haber sufrido obstaculizaciones en el desarrollo habitual de su actividad por parte de las estructuras públicas desde que se interpuso la primera demanda, hace alrededor de un año.
Más inspecciones
Aseguran que algunas compañías nunca habían sufrido tantas inspecciones, especialmente de Trabajo y Hacienda, como en los últimos meses, y describen la situación de "asfixiante", con exámenes cada pocas semanas.
También señalan haber perdido la posibilidad de alquilar el tanatorio municipal de Reus, que ahora solo programaría velatorios organizados por la corporación pública supramunicipal; mientras que, atestiguan, las salas de los otros pueblos se han encarecido significativamente, dejando a las empresas privadas "sin margen de beneficio" en este tipo de servicios. Todo, sospechan, a modo de "represalia" para torpedear la competencia a la iniciativa pública.
Sentencia
La justicia ha asestado recientemente un golpe decisivo a FuneCamp. El juzgado de Lo Contencioso número 1 de Tarragona ha anulado los acuerdos plenarios de los ayuntamientos de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí que dieron luz verde a la creación del operador supramunicipal, y ha condenado a las cuatro corporaciones locales a asumir las costas judiciales.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, el alto tribunal estima el recurso presentado por las tres empresas privadas y deja sin efecto la memoria justificativa del proyecto, pieza clave para su puesta en marcha. Con ello, FuneCamp queda en una situación de semiilegalidad y al borde de su cancelación definitiva.
Los demandantes argumentaron que el proyecto constituía un caso de competencia desleal, al permitir que una empresa pública operase en el mercado funerario respaldada por los presupuestos municipales y, por tanto, por los impuestos de los ciudadanos.
Interior del Tanatorio de Reus, de donde nace FuneCamp, la funeraria supramunicipal de Tarragona
Aunque el TSJC rechazó en su día suspender cautelarmente la actividad de FuneCamp, permitiéndole seguir operando de forma provisional, ahora ha entrado a valorar el fondo del asunto y ha dado la razón a los competidores privados. El futuro del operador queda pendiente de una eventual apelación ante el TSJC y el Tribunal Supremo, una vía complicada, pues solo alrededor del 15% de los recursos de casación son admitidos a trámite desde la reforma legal de 2016.
Futuro recurso
Tras la sentencia judicial, el Ayuntamiento de Reus ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, tal y como esperaban las empresas denunciantes. En un comunicado, el consistorio ha considerado que el fallo "no recoge de manera adecuada ni la realidad del proyecto ni el marco legal que lo ampara".
Por su parte, en declaraciones a este medio, Mémora ha valorado "muy positivamente" la resolución del juzgado de Tarragona y ha celebrado la nulidad de los acuerdos municipales que permitieron la creación de FuneCamp.
Posible amparo
Asimismo, Mémora ha asumido que "será el propio proceso judicial el que determine el futuro de FuneCamp y los próximos pasos a seguir".
Por otra parte, empresas del sector se plantean la opción de denunciar también los supuestos métodos de presión que defienden estar sufriendo para que la fiscalía investigue si podría tratarse de las "represalias" a las que apuntan por parte de las administraciones públicas.
