Nuevo conflicto abierto en Girona con el catalán. El Ayuntamiento ha decidido multar a todas aquellas empresas que prestan servicios al consistorio y no lo hagan en catalán.
La medida va en la línea de las exigencias lingüísticas ya habituales en la contratación pública en Cataluña. Esta medida supone un paso más.
Todo ha partido del nuevo pliego de condiciones del contrato de limpieza de la muestra floral Girona, Temps de Flors, uno de los acontecimientos más emblemáticos de la ciudad.
En él se exige claramente que “la empresa contratista ha de emplear el catalán en sus relaciones con el Ayuntamiento de Girona derivadas de la ejecución del objeto de este contrato”.
Nuevas cláusulas
El texto es claro. La nueva fórmula no solo fija el catalán como lengua obligatoria en la relación con la Administración y en la comunicación general vinculada al contrato, sino que añade penalizaciones específicas para las compañías que incumplan estas obligaciones.
Además, tanto la contratista principal como las posibles subcontratistas deberán emplear al menos el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y demás comunicaciones de carácter general relacionadas con el servicio.
La denuncia
La situación ha sido denunciada ante la justicia. La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado un recurso para solicitar la anulación de las cláusulas que fijan las obligaciones lingüísticas y las penalidades asociadas en el contrato de limpieza de Girona, Temps de Flors.
La organización, que hace años denuncia los casos de discriminación lingüística, sostiene que este tipo de condiciones deben estar estrechamente vinculadas al objeto del contrato, ser necesarias y proporcionadas.
CCC defiende que este tipo de cláusulas no deben operar como barreras indebidas a la competencia ni como elementos que distorsionen el mercado. Y este pliego de condiciones, desde su punto de vista, lo hace e incluso supera estos límites.
El recurso invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas oficiales, que rechaza la atribución de un carácter preferente con efectos jurídicos a una lengua frente a otra y exige una compatibilidad real entre catalán y castellano.
Situación de exclusión
CCC lo tiene claro: con la decisión del TC en la mano y viendo la licitación anunciada por el Ayuntamiento de Girona para Temps de Flors, no son admisibles configuraciones normativas como estas.
Alegan que, aunque parezcan formalmente neutras, las condiciones que impone el consistorio generan situaciones de exclusión o relegación de una lengua oficial.
Las exigencias de CCC
A juicio de la entidad recurrente, vincular la contratación pública a la imposición práctica del catalán y sancionar su incumplimiento podría encajar en ese tipo de supuestos.
Ante esta situación, Convivencia Cívica Catalana solicita la suspensión de las cláusulas que fijan las obligaciones lingüísticas y las penalidades.
Entienden que las cláusulas exigidas convierten el catalán en una condición excluyente y no en una opción en plano de igualdad con el castellano.
Su presidente, Ángel Escolano, denuncia que el Ayuntamiento está creando “trabas lingüísticas” sin fundamento ni lógica económica ni jurídica, y que el objetivo real es imponer el uso exclusivo del catalán mediante coacciones.
Las multas
Este es solo un caso más. La obligación de operar en catalán en el marco de la contratación pública no es nueva y en los últimos años ha sido incorporada por diversas administraciones catalanas.
Lo que distingue ahora el caso de Girona es el paso adicional: el Ayuntamiento vincula el incumplimiento de estas cláusulas lingüísticas a un sistema de multas graduadas.
El pliego de condiciones establece que, en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia lingüística, se podrá imponer una penalización de entre el 0,1 % y el 5 % del precio de adjudicación.
El importe concreto se fijará en función de varios criterios: el grado de intencionalidad, el número de personas afectadas por la vulneración, la posible reincidencia y el perjuicio ocasionado.
Más que un requisito
De este modo, el uso del catalán deja de ser solo una condición formal del contrato para convertirse en un elemento con consecuencias económicas directas para los licitadores.
Los denunciantes alertan de que, de confirmarse y extenderse este tipo de pliegos, las empresas que quieran concurrir a licitaciones en administraciones con políticas lingüísticas similares deberán asumir no solo el compromiso de operar en catalán, sino también el riesgo de sanciones si no lo hacen.