Nuevos jueces en toda España. El Gobierno ha confirmado la creación de 500 nuevas plazas en todo el Estado, 91 de las cuales irán a Cataluña.
Las cifras hablan por sí solas: casi una de cada cinco plazas nuevas tendrá como destino el territorio catalán, una comunidad que arrastra desde hace años un notable déficit de efectivos judiciales.
De hecho, hace tiempo que las instituciones catalanas y el propio sector jurídico reclamaban este refuerzo. Por eso, al conocerse la noticia, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, salió a valorar la medida como “muy positivamente”.
El refuerzo permitirá que la planta judicial catalana pase de las actuales 870 unidades a 961, lo que representa un aumento del 10,5% en el número de jueces, un crecimiento un 2% superior al previsto para el conjunto de España.
Déficit actual y futuro
Pese a ello, Cataluña sigue por debajo de la media estatal, con 10,9 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 11,6 del conjunto del país.
Espadaler ha preferido fijarse en la parte positiva de la noticia. Recuerda que en los últimos diez años se crearon en Cataluña un total de 65 plazas y que solo este año se crearán 91.
Beneficios para todos
Esto supone 24 jueces más de los 67 del acuerdo “de mínimos” alcanzado en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada a finales de 2024.
En este sentido, el conseller insiste en que la creación de nuevas plazas beneficiará a “todas las jurisdicciones”, entre las que ha enumerado la civil, la penal, la mercantil, la social, la de VIDO y las mixtas.
El 'conseller' de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler
Esto supone ya una novedad, ya que hasta ahora el incremento se había centrado en la jurisdicción penal y en el ámbito de Barcelona y los partidos judiciales circundantes por el fenómeno de la multirreincidencia.
Ahora, “estamos abriendo la mirada”, sin excepción, a todas las jurisdicciones, a todos los territorios y a todos los niveles judiciales, añade el conseller.
Audiencias provinciales
Espadaler insiste en que se ha pasado de la protesta a la propuesta y que la del Gobierno se ha concretado en reformas organizativas significativas.
De las 91 nuevas plazas, 73 serán para tribunales de instancia, 17 para audiencias provinciales y una para el TSJC, según la Delegación del Gobierno en Catalunya.
Dónde irán los refuerzos
Entre los tribunales de instancia, se verán reforzados los de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Manresa y Terrassa, en la provincia de Barcelona; El Vendrell y Valls, en Tarragona; y Lleida y Girona.
Aun así, el borrador del decreto ley enviado por el Ministerio de Justicia abre un periodo de tiempo para que la Conselleria de Justicia pueda acabar de “afinar” la propuesta, que elaborará teniendo en cuenta a todos los operadores jurídicos, según el conseller.
La propuesta, en cualquier caso, va “muy, muy en línea con aquello que de alguna manera hemos acordado con la Sala de Gobierno del TSJC”, que es la que tiene conocimiento de dónde están las pendencias, los déficits y las ineficiencias de la justicia.
Lo importante, subrayan desde la Conselleria, es atender a aquellas secciones de los tribunales de instancia que acumulan más asuntos y que, por ende, tardan más tiempo en resolver, un hecho que impacta negativamente en todos los ámbitos de la vida de las personas.
Servicio público
En segundo lugar, con la medida se pretende atender a todas las jurisdicciones y a todos los territorios. Se hará a todos los niveles, aseveran.
“Como Govern creemos que tenemos una oportunidad única de poner el servicio público al día, de resolver, de descongestionar”, afirma Espadaler.
Un hito
Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asegura en un comunicado que “se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia”.
Con este incremento se crearán, en un año, más plazas judiciales que en la última década, puesto que en ese tiempo se crearon 65 en total.
“Estamos, por tanto, ante un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”, concluye.