Sospecha de expolio masivo en SP4, el gigante caído de la seguridad en Barcelona

Poco se imaginaban que lo que comenzó como una tragedia médica terminó convirtiéndose —según la querella criminal y la abundante documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio— en el origen de un presunto saqueo empresarial ejecutado con precisión quirúrgica.

Lo que pasó tras el ictus

Juan José Bravo Galán, socio fundador y accionista mayoritario del grupo de seguridad privada, sufrió un ictus severo en su domicilio. Fue hallado inconsciente en el suelo y trasladado de urgencia al Hospital Vall d’Hebron con una hemiplejia derecha y pérdida total de conciencia.

Sobrevivió, pero el empresario que había levantado la compañía desde cero ya no volvió a ser el mismo: las secuelas neurológicas le provocaron una afasia mixta y un deterioro cognitivo que, aún hoy, le impiden comprender órdenes complejas o gestionar su propio patrimonio.

Mientras Bravo intentaba recuperar el habla y parte de su autonomía, su socio y hombre de máxima confianza, David Muñoz asumió el control del grupo. Ahí empezó todo.

Un servicio de SP4 en el Ayuntamiento de Barcelona en la plaza Sant Jaume Cedida

El plan: vaciar la empresa

Con Muñoz al frente la gestión de SP4 se convirtió en un “plan orquestado de despatrimonialización”.

Según la acusación, liderada por la abogada penalista Marina Folch, el objetivo del gestor provisional fue vaciar las tres sociedades del grupo —Seguridad Preventiva Cuatro, Preventiva Servicios y Control y Gagomar—, llevarlas a una insolvencia artificial y quedarse con el control total del entramado empresarial.

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En este sentido, la querella que se ha presentado recientemente ante la justicia barcelonesa, describe un escenario de indefensión absoluta. Con Bravo incapacitado médicamente por el daño cerebral, el único contrapeso posible era la otra socia histórica del grupo, María Pilar Costa.

Sin embargo, los informes médicos incorporados a la causa revelan que ella también se encontraba fuera de juego: padecía un trastorno depresivo grave con intentos autolíticos que desembocaron en una incapacidad permanente absoluta.

Con los dos socios principales anulados —uno por daño neurológico y la otra por una grave enfermedad mental—, Muñoz quedó como administrador único de facto, sin fiscalización ni control alguno. La acusación es tajante: “aprovechó la extrema vulnerabilidad del señor Bravo para hacer y deshacer a su antojo”.

Un vigilante de SP4, en un servicio Cedida

Ingeniería contable

Siempre según la versión del querellante, bajo el mandato de Muñoz, un grupo que hasta entonces había sido solvente y referente en el sector comenzó a desangrarse. La acusación particular le atribuye cuatro delitos graves: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y falsedad contable.

Pese a que los estatutos establecían expresamente que el cargo de administrador era gratuito, la querella recoge que Muñoz comenzó a asignarse sueldos y transferencias mensuales sin acuerdo de la Junta, desviando decenas de miles de euros.

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Paralelamente, la tarjeta VISA corporativa de SP4 pasó a funcionar como un monedero personal: una auditoría forense ha detectado gastos por valor de 115.619 euros en compras ajenas a la actividad empresarial: desde compras en Amazon o viajes hasta facturas recurrentes en restaurante de alto standing en la zona del Maresme.

Pero el presunto expolio no se limitó a gastos personales. Según la acusación, en 2020 se ejecutó una operación de autocartera por la que las propias sociedades compraron las participaciones de socios salientes por 236.813 euros, utilizando su propia tesorería y reduciendo de forma drástica los fondos propios del grupo.

Una quiebra fabricada

El punto más alarmante de la investigación pericial es la justificación de la insolvencia. En 2023, Muñoz solicitó el concurso voluntario de acreedores alegando incapacidad de pago. Sin embargo, la querella sostiene que esa quiebra fue deliberadamente provocada.

Para cuadrar los números rojos, el administrador dio de baja créditos pendientes de cobro por casi un millón de euros (911.987 €). Lo llamativo no es solo la cifra, sino la identidad de los supuestos morosos: el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, supermercados Aldi, MediaMarkt y otras entidades de reconocida solvencia.

Según la acusación, no existió ningún intento real de cobro. El dinero simplemente desapareció de los libros contables para generar un agujero financiero artificial que justificara el cierre y la liquidación.

Un vigilante de SP4, con la Guardia Urbana de Barcelona en el Port Olímpic en una imagen de archivo CG

Firmas bajo sospecha

Para dar cobertura legal a estas operaciones era imprescindible el consentimiento del socio mayoritario. Y ahí entra en juego la presunta falsedad documental.

La querella acusa a Muñoz de falsificar el acta de la Junta del 6 de mayo de 2021, certificando que Bravo —todavía gravemente afectado por el ictus— había asistido y aprobado las cuentas anuales, algo incompatible con su historial médico y sin que conste poder notarial alguno.

Además, se aportan transcripciones de audios y mensajes de WhatsApp en los que el administrador presiona a su socio enfermo con un tono paternalista para obtener firmas urgentes:

“Hola Juanjito… pásate por favor para firmar lo de la autorización para la venta del piso… ya me dices”, se escucha en uno de los mensajes enviados en 2022. Esa firma permitió la venta de un inmueble de la empresa por 380.000 euros, muy por debajo de su valor de mercado y del precio de adquisición, provocando una pérdida patrimonial directa de casi 190.000 euros.

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El daño final

El resultado de toda esta gestión es demoledor. Según el informe pericial económico, las participaciones de Juan José Bravo —el trabajo de toda una vida— han pasado a valer cero. El perjuicio económico directo se estima en más de 600.000 euros.

La querella, ahora en manos del Juzgado de Instrucción de Barcelona, solicita penas de prisión por los cuatro delitos imputados, una fianza de responsabilidad civil de 800.000 euros y el embargo preventivo de los bienes de David Muñoz.

Con todo, este medio está trabajando para recabar la versión del querellado, sin que haya sido posible obtenerla al cierre de esta información.