Cataluña atraviesa días oscuros, marcados por la incertidumbre y la sensación de fragilidad en el sistema ferroviario. Dos accidentes en la red de Rodalies —en Gelida, cuya tragedia se cobró una víctima, y entre Tordera y Maçanet-Massanes— volvieron a sacudir a usuarios y trabajadores.
A ello se suma la tragedia de Adamuz, Córdoba, el mayor siniestro ferroviario de los últimos años, que ha dejado decenas de víctimas mortales. El denominador común es la seguridad, y en el centro del debate ha emergido con fuerza un nombre: el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf).
¿Quiénes son?
Este sindicato representa a los profesionales de la conducción ferroviaria en España. Agrupa a maquinistas en activo, exprofesionales y personal con licencia de conducción, tanto del ámbito público como privado.
Según sus propios estatutos, es una organización plural en la que conviven afiliados con distintas concepciones políticas, ideológicas o religiosas, unidas por la defensa de la profesión ferroviaria y la mejora constante de sus condiciones laborales y de seguridad.
Al frente de Semaf
Al frente del sindicato se encuentra Diego Martín Fernández, secretario general. En los últimos días, se ha visto obligado a poner voz a los maquinistas y el personal que trabaja en la red ferroviaria, especialmente tras la suspensión del servicio de Rodalies y el anuncio de una huelga sectorial de tres días —los próximos 9, 10 y 11 de febrero—.
La convocatoria de huelga llega, según el sindicato, tras una cadena de accidentes que ha puesto en cuestión los estándares de seguridad del ferrocarril. Semaf sostiene que los paros son “la única vía legal” que les queda para reclamar medidas urgentes que garanticen la integridad de los trabajadores y de los usuarios.
En su diagnóstico, el sistema ferroviario arrastra un deterioro progresivo que ha desembocado en una situación que califican de “inadmisible”.
Recreación gráfica del accidente ferroviario en Gelida
Rodalies en el foco
En Cataluña, el foco está puesto en Rodalies. El sindicato ha advertido de que no retomará el servicio con normalidad hasta que existan garantías suficientes para la circulación y ha reclamado la implantación inmediata de medidas técnicas y operativas que refuercen la seguridad de la red.
Diego Martín ha pedido este jueves, además, un informe exhaustivo sobre el estado de las infraestructuras antes de reabrir completamente el tráfico ferroviario.
Responsabilidades legales
Más allá de la huelga, Semaf ha anunciado que exigirá responsabilidades legales a quienes tienen encomendada la seguridad de la infraestructura ferroviaria. El sindicato insiste, sin embargo, en que su objetivo no es generar alarma, sino evitar que se repitan tragedias como las de los últimos días.
En un contexto de conmoción entre los maquinistas y de inquietud entre los usuarios, Semaf se sitúa como la voz de un colectivo que reclama garantías antes de volver a la normalidad.
Reanudación de trenes
Paralelamente, la reanudación fallida del servicio de Rodalies esta mañana ha abierto un nuevo frente de controversia. Desde distintos ámbitos se ha apuntado a la posibilidad de que los maquinistas estén llevando a cabo una huelga encubierta, una figura que la legislación laboral considera abusiva o incluso ilegal cuando no cumple los requisitos formales de un paro.
La huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, pero no tiene carácter ilimitado. La normativa establece condiciones claras: convocatoria previa, comunicación oficial y, en el caso de los servicios esenciales —como el transporte ferroviario—, la fijación de servicios mínimos acordados entre las partes.
¿Huelga encubierta?
La llamada huelga encubierta se produce cuando existe una ausencia masiva y coordinada de trabajadores sin que medie una convocatoria legal de paro. Puede materializarse mediante bajas médicas generalizadas o incomparecencias injustificadas, y suele situarse fuera del marco legal de la protesta laboral.
En el caso de Rodalies, la ausencia de maquinistas se ha producido al margen de la huelga formal convocada por Semaf para los días 9, 10 y 11 de febrero. No ha habido aviso previo ni establecimiento de servicios mínimos, lo que ha llevado a algunos sectores a plantear que se trataría de una acción ilegal en un servicio considerado esencial para miles de ciudadanos.
La posición de Semaf
El sindicato de maquinistas rechaza de plano esta interpretación. Desde Semaf insisten en que lo ocurrido no responde a una huelga encubierta, sino a una negativa a prestar servicio por falta de condiciones de seguridad.
Según el sindicato, los trabajadores no se sienten en condiciones de operar tras el accidente mortal de Gelida, en el que falleció un maquinista en prácticas de 28 años.
'Bunkerización'
El sindicato ha adoptado una postura inflexible tras los recientes accidentes, cerrándose en banda ante cualquier intento de retomar el servicio sin garantías. Semaf insiste en que la seguridad no es negociable y que no habrá vuelta a la normalidad hasta que se implementen medidas técnicas y operativas claras que protejan tanto a los trabajadores como a los usuarios.
El sindicato se protege detrás de criterios estrictos de seguridad y reivindicaciones laborales, aislándose de presiones externas y apelando únicamente a su autoridad profesional para justificar la paralización del servicio.
Conflicto
La controversia se mueve así entre el terreno legal y el impacto emocional de los últimos accidentes. Mientras algunos advierten de una posible vulneración de la normativa laboral, los maquinistas y su sindicato apelan a la responsabilidad profesional y a la protección de la vida de trabajadores y usuarios.
Un choque de interpretaciones que añade tensión a un sistema ferroviario ya golpeado por la tragedia y la desconfianza.