El despliegue del decreto de la escuela inclusiva sufre desde 2017 impedimentos para su total implantación, motivo por el que el Govern decidió acelerar su implantación a principios de año para abordar todas las etapas educativas. Ocho años después, las familias piden "más recursos" e inician movilizaciones, como ha ocurrido frente a la Escola Pau Casals, en Sabadell.
Judit Durán, presidenta de la Asociación Juntxs por Ellxs, se sentó frente a las puertas del centro público a las cuatro y media de la tarde, a la salida del alumnado. La acompañaban una veintena de personas en esta primera acción de protesta de la plataforma que demanda una "educación de calidad, igualitaria e inclusiva".
"Urgente"
Nacieron en junio con el objetivo de "garantizar los derechos educativos" de los menores y, por este motivo, reclaman más personal especializado, más docentes y educadores, y más acompañamiento emocional durante la jornada, además de una reducción "urgente" de ratios. Una situación exasperante con la que lidia cada día cuando su propio hijo va a la escuela, al igual que tantos progenitores que se encuentran en un contexto similar.
"El proyecto del centro es superbueno y hay un acompañamiento a las familias del 100%, pero el problema es que no hay recursos", afirma en conversación con este medio. Por ejemplo, los estudiantes con TEA [Trastorno del Espectro Autista] reciben tres horas de atención a la semana, cuando los centros especializados disponían de profesores de educación especial, logopedas y terapeutas.
"No se aplica"
El decreto 150/2017 fue aprobado en octubre y preveía una inversión de 141,9 millones de euros para el alumnado con necesidades educativas especiales, sustituyendo así a la normativa vigente desde 1997 y coordinándose con las consellerias de Salud, Justicia, Economía y, en aquel momento, Asuntos Sociales y Familias. La cartera, en manos de Junts, vivía los días más convulsos del procés.
Había confianza y la comunidad educativa la acogió con ánimos, pero, como dice Durán, "no se aplica". Ante esta disyuntiva entre esperar y protestar, decidieron que volverían a concentrarse el próximo 4 de diciembre en la Escola Concordia, pero antes harán una parada en las protestas convocadas por la comunidad educativa el 15 de noviembre.
"Los Serveis Territorials de Sabadell nos dan la razón", subraya Durán, y asegura que la formación en materia de inclusión que se les da a los profesores depende de su propio bolsillo. En todo caso, la razón que esgrimen desde la administración una y otra vez es que "no hay presupuestos". Un bloqueo parlamentario que también enfría la aspiración de conseguir la financiación del 6% en Educación. Los frentes son varios y acuciantes, pero el aparato burocrático tiene otros tiempos.
A la espera de más recursos
El curso académico 2025/2026 arrancó con 335.745 alumnos con necesidades educativas especiales, una cifra que va cada vez más en aumento. En este sentido, la cartera de Esther Niubó anunció que el objetivo era alcanzar los 4.033 docentes en apoyo educativo, incrementar de 85 a 175 las SIEI (Soporte intensivo para la escolarización inclusiva) y aumentar un 17% las horas de apoyo individual.
Queda camino por delante. Al respecto, la presidenta de Juntxs por Ellxs habla de lo complicado que es conseguir un refuerzo desde el centro. "Mi hijo no tiene apoyo y, junto al TEA, tiene un posible TDAH, así que necesita más atención", sostiene. Si de por sí es difícil conciliar el seguimiento de las clases, hace poco el menor se fracturó dos huesos, lo que complicó aun más la situación. "Al final, todo lo sufren estos niños", indica.
Uno de cada tres
Con el afán de movilizar a la ciudadanía, se plantaron ante la escola, aunque esperaban más implicación por parte de las familias. "La mayoría no se une a la lucha porque lo ve como una lucha externa a su realidad", lamenta. Con el preaviso hecho, la plataforma tuvo que hacerse cargo de cortar la calle ante la ausencia de la policía local de Sabadell, asegura, que acudió más tarde.
Hay una realidad complejísima: uno de cada tres estudiantes catalanes necesita apoyo educativo. Es más, del cómputo total, 43.366 son de tipo A (aquellos que tienen algún trastorno o discapacidad) y 292.380 son del tipo B (alumnos con situación de vulnerabilidad social), es decir, un 35% del total de matriculados. Por ello, esperan que se unan más centros a la causa, con el propósito de despertar conciencias.
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