Sede de la DGAIA en Barcelona Europa Press
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar a la antigua DGAIA por pagos indebidos
Esta petición parte de un informe de la Sindicatura de Comptes que cifró en 167,5 millones de euros las presuntas irregularidades
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La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido que se investigue "la posible responsabilidad contable" de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) durante los años 2016 y 2024, cuando dependía de ERC y Junts.
Esta petición parte del informe 6/2025 de la Sindicatura de Comptes que cifró en 167,5 millones de euros los presuntos pagos indebidos por parte de la Conselleria de Derechos Sociales a beneficiarios de distintas prestaciones sociales entre 2016 y 2024.
La Sindicatura señaló que se pagaron indebidamente 70,6 millones en prestaciones de dependencia; 43,78 en pensiones no contributivas y 36,15 en renta garantizada de ciudadanía, entre otras.
Sobre la DGAIA
En concreto, sobre la DGAIA, 7,17 millones pertenecen a expedientes ya prescritos y de estos, 4,7 millones son prestaciones de la Dirección a la Infancia y la Adolescencia a jóvenes extutelados que no deberían haberse abonado entre 2019 y 2022.
En este sentido, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, anunció en septiembre de este año que el departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones a jóvenes extutelados que se habrían pagado de forma indebida.
La 'consellera' de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo
"El grueso de las incidencias no es por una gestión de malversación, ni mucho menos; es por no tener suficientes manos para actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones y no tener la información para ajustar aquella prestación cuando el hecho se produce", declaró la consellera en rueda de prensa.
El grueso de los pagos indebidos se enmarca en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también en prestaciones a extutelados o por discapacidad, y Martínez Bravo ya dijo que no podrán eliminarlos "completamente" mientras no tengan un marco jurídico y una nueva ley de renta garantizada que permita la gestión automatizada.
Varias investigaciones en marcha
La DGAIA ha estado en el punto de mira por las continuas irregularidades en su gestión. Además del polémico caso de la menor tutelada de 12 años violada y prostituida, la Oficina Antifrau también investiga las irregularidades alrededor de las ayudas económicas que la Administración concede a los jóvenes extutelados.
Precisamente, el informe de la Sindicatura manifiesta que había "riesgo de conflicto de interés" en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a una serie de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia.
De hecho, la lupa está sobre dos asociaciones que conceden estas prestaciones: la Fundación Resilis y la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Fundación Resilis.
