La AEB aplaude la decisión del TSJC y pide al Constitucional "una escuela en catalán y castellano"

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al tumbar el blindaje del catalán como lengua vehicular en las aulas ha provocado una ola de reacciones en las últimas horas. Tanto la celebración de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), como la estupefacción del sindicato educativo Ustec-STEc (IAC) ante lo que consideran un ataque. 

Son las dos caras de una misma moneda en la que convive la comunidad educativa, cuyas revoluciones están por las nubes a raíz del comienzo de curso y se debate a tan solo unas horas de la celebración de la Diada. La resolución del tribunal ha anulado total o parcialmente diez artículos del decreto de régimen lingüístico educativo que fue aprobado por la Generalitat en 2024. 

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Varapalo judicial

Una medida que aplaude Ana Losada, presidenta de AEB, cuya petición se encamina ahora, una vez conseguida esta victoria por el recurso contencioso-administrativo que presentaron, a que el Tribunal Constitucional publique su deliberación sobre la ley de 2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria. "Queremos una escuela en catalán y castellano", mantiene.

"Esperamos que el Constitucional se pronuncie antes de Navidad", apunta a este medio. "No es de recibo que se atrase un tema que afecta a tantos alumnos, cuando con los políticos se aceleran tanto", comenta, en alusión a la ley de amnistía. "No nos cabe en la cabeza que se dicte en contra de toda la jurisprudencia que dice que el español no se puede excluir de las aulas", sostiene. 

La Diada

La derogación parcial del TSJC implica dejar sin efecto al catalán como lengua vehicular en el Vall d'Aran en situaciones de aprendizaje o en la administración, así como en los materiales didácticos y en las evaluaciones. Además, se descarta que se use como lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o sea la única de acogida del alumnado recién llegado sin prever mecanismos en castellano.

Losada lamenta que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, "no haya hecho nada", a pesar de que se reunieron en Madrid para pedir su intermediación. Aun así, el dictamen llega justamente en la víspera de la fiesta nacional, por lo que reivindica que se hable de una "Cataluña para todos y de una escuela bilingüe de verdad", a tenor de lo que proclamaba la campaña del PSC de Salvador Illa, un Govern de tothom, apunta.

"Imposición"

Losada expresa que el actual decreto "es inconstitucional, porque excluye a una lengua oficial, y vulnera los derechos fundamentales" del estudiantado. En todo caso, opina que es una "imposición" que ha ido aumentando desde el año 2021 y ve, en programas como ULAE (Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu), que se "fiscaliza a profesores, familias y alumnos". 

"Cada año se atornilla más a los docentes para que no usen el castellano", sentencia, y advierte del "efecto contrario" que se puede dar entre el alumnado al que se obliga a utilizarlo, llegando a poder rechazar el uso del catalán. Ante las críticas, defiende que AEB quiere unas aulas que se adapten "al entorno lingüístico del centro", pero sin que haya una subordinación entre las lenguas. 

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Reacción del sindicato

Por su parte, el sindicato Ustec-STEc (IAC) considera que la decisión del TSJC es "un nuevo ataque frontal contra el modelo de escuela catalana y contra la inmersión lingüística". En vista de la situación actual, puntualizan en un comunicado que "el catalán es una lengua minoritaria que necesita medidas activas de protección", con tal de garantizar su transmisión y uso normalizado. 

Su presidenta, Iolanda Segura, muestra su apoyo a aquella parte de la comunidad educativa que rechace la medida del TSJC y llama a la movilización y a la persistencia para "defender" el modelo educativo: "La inmersión lingüística es irrenunciable y no aceptaremos ningún paso atrás". 

Al respecto, piden al Govern de Salvador Illa que presente un recurso inmediato contra esta sentencia —una medida que acaba de ser anunciada por el propio líder del Ejecutivo catalán—, y que el Departament de Educación, encabezado por Esther Niubó, "adopte medidas valientes" para blindar de nuevo el uso del catalán y el aranés en todos los ámbitos educativos. 

Más reacciones

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el Govern presente un recurso de casación ante la sentencia, "que es una amenaza hacia nuestro país". Algo que precisamente hará, ha anunciado el dirigente socialista, para mantener la "convivencia" y evitar el "uso político de la lengua".

En el mismo sentido, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha reclamado que el Ejecutivo responda ante este "nuevo ataque frontal". Òmnium Cultural, asimismo, ha acusado al TSJC de "volver a hacer política contra Cataluña" y su modelo de escuela el día antes de la Diada.

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha celebrado este miércoles la anulación del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat: "Pierden Salvador Illa y sus socios, que sólo saben reprimir y enfrentarnos".