La 'consellera' de Drets Socials defiende una "gestión automática" de las prestaciones a exmenores tutelados en la nueva DGAIA

La nueva DGAIA echa a andar poco a poco. La Generalitat anunció la creación de un nuevo organismo, la DGPPIA, con el objetivo de renovar la Dirección General de Atención a la Infancia por los continuos escándalos sobre su gestión, entre ellos la violación y prostitución de una menor tutelada de 12 años.

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La ya extinta DGAIA está en el punto de mira por las presuntas irregularidades en las prestaciones a menores extutelados. Más concretamente, la lupa está sobre dos entidades que conceden estas prestaciones: la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles–Fundació Resilis. Así, se ha abierto el debate sobre si el servicio debería depender totalmente de la Generalitat o seguir externalizado, como hasta ahora.

Que sea un "algoritmo"

Para la titular de Drets Socials, depende de los ámbitos. Pero, en el caso de las prestaciones, la consellera Mònica Martínez ha defendido que “las tiene que hacer un funcionario y que en un futuro debería ser una gestión automatizada, un algoritmo”.

Eso implicaría, según Martínez, que no haya una persona que tenga que tomar la decisión, ha dicho en una entrevista este martes en Ser Catalunya. “Cuando el programa detecte que esa persona ya ha encontrado trabajo y reciba un sueldo digno, automáticamente se le retirará la ayuda”, ha asegurado.

Denuncia de un trabajador

La denuncia de un educador social sobre las irregularidades en las ayudas económicas hizo saltar las alarmas. El empleado habría advertido de que algunos jóvenes extutelados recibían las prestaciones sociales pese a que ya no deberían recibirlas. A pesar de dar la voz de alarma, sus superiores le obligaron a callar. Incluso lo forzaron a emitir documentación falsa para mantener un presunto fraude.

Ante la inacción por parte del organismo y las fundaciones, el trabajador decidió grabar las conversaciones con sus compañeros de trabajo y sus superiores. Los audios apuntan a que se habría cometido una malversación de fondos consciente.

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No obstante, la consellera ha defendido el trabajo “fantástico” de las entidades, como es el modelo de servicio de intervención socioeducativa. “Desde la administración es más complicado abordar el trabajo con las familias. Se puede hacer, por ejemplo, desde el ocio educativo”, ha señalado.

Seguimiento y prevención diarios

Con el plan de transformación de la DGAIA, Mònica Martínez prevé abrir “una nueva etapa” con unos protocolos de prevención del desamparo y protección a los menores “más ágiles y eficientes”, que funcionen día a día y no “solo cuando haya un caso de maltrato”. “No queremos buscar responsabilidades, queremos mejorar los protocolos”, ha sostenido.

A pesar de reconocer que la “inmensa mayoría” de los menores que han sufrido abusos los han padecido antes de ser tutelados por la DGAIA, la consellera ha admitido que hay un “volumen elevado de menores tutelados que, tristemente, sufren estos abusos”.

Reforzar los EAIA

Una de las piezas clave en el sistema para detectar precisamente los casos es el personal de los EAIA, los equipos de atención a la infancia y adolescencia. Forman parte del mundo local y son los encargados de detectar los maltratos y hacer un seguimiento.

“Una parte fundamental de esta transformación es tener el personal adecuado para hacer estas tareas”, ha apuntado Martínez Bravo. Para que el sistema funcione correctamente, cada trabajador de EAIA debería atender 40 casos. En la anterior DGAIA ascendían a 50 casos por persona. “Es importante hacer una atención centrada en cada persona, y por eso necesitamos más personal”, ha sostenido la titular de Drets Socials.

A la falta de personal se suman las condiciones laborales, que no son las “adecuadas”. Por eso, uno de los objetivos del Govern es la “equiparación salarial” con otros trabajadores del mismo sector.

Incidencia de la justicia

Preguntada por si se ha planteado que sea un juez quien declare la situación de desamparo de un niño, ha explicado que el modelo de desamparo, “que es estatal, es administrativo, no judicial”, y que, con el marco normativo actual, se pueden, a su juicio, fortalecer los derechos de los niños y de sus familias en procesos de desamparo.

Ha apuntado que se pueden introducir la figura del mediador y comités interdisciplinares —entre la Administración, la Abogacía e incluso la Judicatura— para tomar decisiones en “casos difíciles”.