Ana Julia Quezada grabó relaciones sexuales con funcionarios de prisión para presionar su traslado a Cataluña

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga a varios funcionarios y a un cocinero de la prisión de mujeres de Brieva por presunto cohecho. Según las diligencias, habrían mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, a cambio de facilitarle un teléfono móvil.

Quezada habría utilizado el dispositivo para grabar relaciones sexuales con el fin de chantajear a la dirección del centro penitenciario y conseguir su traslado a una prisión en Cataluña. Los encuentros se producían por las noches en su celda, y el móvil con las grabaciones estaría en posesión de su actual pareja.

Denuncia de Patricia Ramírez

La investigación, siempre según informaciones de El País, se originó tras una denuncia pública e institucional de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien alertó sobre el uso del teléfono por parte de Quezada para interactuar con medios de comunicación y una productora que pretendía realizar un documental sobre ella y la muerte de su hijo.

Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles 7 de mayo en Almería. Allí, denunciará desamparo y desprotección institucional y judicial, vulneración de derechos según el Estatuto de la Víctima y normativa europea, e irregularidades penitenciarias que afectan a la integridad moral de su familia.

Ana Julia Quezada, la mujer que pasó de un prostíbulo a matar a Gabriel Cruz

Intento de lucrarse con un documental

En junio de 2024, Ramírez denunció un intento de contrato de Ana Julia Quezada con una productora audiovisual para un documental, posiblemente para Netflix. La prisión detectó irregularidades, como el uso de un móvil, y denegó el permiso. Posteriormente, la madre de Gabriel compareció en el Senado ante la comisión de Interior para pedir un pacto de Estado que regule contenidos 'true crime' sobre delitos graves.

Patricia Ramírez ha criticado reiteradamente la intención de Quezada de lucrarse con el documental para pagar la responsabilidad civil o ayudar a su familia. También ha expresado su rechazo a la publicación de libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de crímenes graves.

En la convocatoria de prensa, Ramírez pide a los medios que no difundan detalles escabrosos del crimen de Gabriel, solicitando respeto por la memoria de su hijo y la privacidad de su familia.

El crimen de 2018

El 27 de febrero de 2018, Gabriel Cruz, un niño de ocho años, desapareció en Níjar, Almería. Su cuerpo fue hallado 12 días después en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del menor. Quezada confesó haber matado al niño asfixiándolo en una finca de Rodalquilar.

Durante los días de búsqueda, Quezada participó activamente en las labores de rastreo, fingiendo preocupación y dolor. Este comportamiento fue considerado por el tribunal como un agravante por el daño moral infligido a los padres del menor.

En septiembre de 2019, un jurado popular declaró a Ana Julia Quezada culpable de asesinato con alevosía. La Audiencia Provincial de Almería la condenó a prisión permanente revisable, siendo la primera mujer en España en recibir esta pena desde su introducción en 2015.

Además, fue condenada por dos delitos de lesiones psíquicas y dos delitos contra la integridad moral hacia los padres de Gabriel, con penas adicionales de prisión y una indemnización de 250.000 euros para cada progenitor.