Inspección de Trabajo aprieta: en 2024 aumentaron un 82% las infracciones por la economía sumergida

El balance de la Inspección de Trabajo de Cataluña deja 2024 con cifras récord. Entre ellas, el incremento de un 82,5% de las infracciones en la economía sumergida respecto al año anterior, detectadas gracias a la estrecha colaboración entre el organismo público y los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya sean Mossos d'Esquadra o Guardia Urbana. Una cooperación que ha resultado "muy fructuosa", y que permite "afinar todas las actuaciones", según ha comentado la directora general de Inspección, Laura Freixas.   

"Es una infracción que se denuncia muy poco, por lo que se actúa de oficio", indicó Freixas durante la presentación del balance en la Sala Noble del Departamento de Trabajo, acompañada por el secretario de Trabajo, Paco Ramos.

Se ha engrasado de tal manera el aparato de actuación que hubo un 79% de misiones más entre los inspectores y los agentes que en 2023. Los sectores donde hubo más incidencia fueron construcción y comercio -en especial, en la reparación de vehículos y motos-; y, en menor medida, en transporte y almacenamiento, y hostelería. 

La directora general de Inspección de Trabajo de Cataluña, Laura Freixas, en declaraciones a los medios. C.R. Barcelona

Falta de permisos de trabajo y sin Seguridad Social

Un ejemplo de la participación conjunta fue la redada hecha a los supermercados 24 horas, según Freixas. En aquella ocasión, los agentes de un grupo especializado de la Policía Nacional actuó en colaboración con los inspectores. También en transportes se replica este modelo cuando los Mossos comprueban junto a los funcionarios en las carreteras las condiciones de los transportistas, destacó Freixas.  

En la economía irregular se registraron 1.265 infracciones y comprenden, en su mayoría, la inexistencia de permisos de trabajo, fraudes a las altas a la Seguridad Social o la duración de las jornadas. El importe por este tipo de faltas ascendió a más de 9,3 millones de euros.

No obstante, y ante la vulnerabilidad del colectivo extranjero en situación irregular, Freixas aclaró que Inspección verifica si la persona afectada ha desempeñado la actividad durante más de seis meses para ampararlo y comenzar el proceso de arraigo. 

Específicamente, hubo 1.453 infracciones en extranjería, es decir, un incremento del 35,2% con respecto a 2023 y, en compensación, unas 1.252 altas en la Seguridad Social. En números, supuso un desembolso de 14,3 millones por estas infracciones y otros 4,4 millones por haber omitido el alta en la Seguridad Social. 

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Más de 13.000 infracciones en Cataluña y 49 millones en multas

El balance de 2024 finalizó con 33.392 expedientes finalizados, lo que supuso un 4,6% más que el año anterior y un total de 64.284 actuaciones -un 1,4% superior a 2023- que se centraron, en más de la mitad, en seguridad y salud (52,2%), seguido por las relaciones laborales (28,2%) y ocupación y extranjería (10,3%). Además, se produjeron 17.671 visitas a los centros de trabajo y 23.601 requerimientos de mejora a las empresas, lo que supuso un 1,9% menos que en el ejercicio anterior.

En Cataluña, hubo 5.341 empresas denunciadas por su mala praxis, especialmente en industrias manufactureras, construcción, comercio y hostelería. Además, se generaron 33.517 expedientes nuevos -que pudieron ser cerrados en el mismo año o continúan abiertos a la espera de resolución-, ya que una misma denuncia puede tener uno o varios seguimientos.

En cuanto al número de infracciones, fueron 13.265, un 4,8% más que en 2023. El importe de estas infracciones ascendió a más de 49,4 millones de euros, es decir, unos 3.763 euros de media. Con ello, se ha alcanzado una cifra récord en las amonestaciones por parte de la Inspección de Trabajo catalana, que asciende a un 7,7% más que en 2023. 

El principal motivo de las infracciones corresponde con los tiempos de trabajo (2.399, con un aumento del 7% con respecto a 2023), a causa de las horas extras, el incremento de la jornada o el registro de la misma; lo que tuvo un coste de 3,6 millones de euros.  

El segundo grupo de amonestaciones corresponde a los permisos de trabajo (1.378); luego, en materia de contratos (1.141); también, la seguridad en máquinas (928); después, altas en la Seguridad Social (772); también afecta a la seguridad en los lugares de trabajo (584); y, en menor medida, los salarios (459), la formación en PRL (433), evaluación de riesgos laborales (353), equipos de protección individual (326) y el incumplimiento o ausencia de los planes de igualdad (301).  

Cataluña no tiene suficientes inspectores

A pesar de que en los últimos años se ha incrementado el cuerpo de inspectores, Freixas refirió que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sitúa la cifra ideal de un inspector por cada 7.000 trabajadores. Sin embargo, Cataluña cuenta en la actualidad, sumando los efectivos de la autonomía y del Estado, con un inspector por cada 10.000 trabajadores. "Cuanta más plantilla tengamos, a más centros de trabajo llegaremos", sentenció. 

La competencia fue transferida a Cataluña en 2010 y, desde entonces, se ha incrementado el número de contrataciones, llegando en 2024 a los 191 efectivos, de los que 123 eran inspectores, otros 11 subinspectores de seguridad y salud, 40 subinspectores de ocupación y extranjería y 17 técnicos habilitados.

En paralelo, el Estado dedica 116 efectivos para la Seguridad Social. De cara a 2025, y dada la itinerancia del puesto, Freixas apuntó que habría un incremento de seis inspectores.

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Denunciar más

Cabe destacar que el 66% de las actuaciones de Inspección de Trabajo se realizan a petición externa, es decir, por medio de las denuncias de los propios empleados, sindicatos o judicatura; mientras que el 34% corresponde a la planificación interna del organismo. En líneas generales, un expediente debe resolverse en nueve meses y no puede estar más de cinco meses parado, "aunque hay casos excepcionales". 

Al respecto, la directora general concluye que ha habido "un incremento de las denuncias", y opinó que en el mercado laboral catalán "se producen irregularidades y hay que hacer cumplir la normativa". La labor de divulgación de la Inspección es fundamental a la hora de que la ciudadanía conozca las herramientas que están disponibles para situaciones injustas, reconoció.

Vigilancia de los periodos de prueba fraudulentos

A pesar de la reforma laboral, la picaresca no desaparece. En términos de contratación, Inspección ha registrado 7.386 contratos transformados -con relación a los fijos discontinuos, las condiciones fraudulentas, pero exceptuando a los falsos autónomos- y 478 incrementos de jornada. Todo ello, deviene en un importe de 1,4 millones de euros por las infracciones. 

"Hay más extensiones del periodo de prueba que antes a causa de los contratos indefinidos", explicó Laura Freixas. No obstante, se ha detectado que puede haber irregularidades en este ámbito ya que, en sus palabras, hay empresas que alargan este período para despedir al trabajador para evitar cumplir el compromiso contractual. "Tenemos una campaña en 2025 para verificar si estas extinciones durante el período de prueba presentan alguna irregularidad", adelantó. 

Preguntada por los medios, Freixas prefirió ser precavida ante la previsible aprobación de la reducción de la jornada laboral y comentó que, en cualquier caso, se colabora con un equipo en Madrid que estudia los pormenores de la reforma, con el fin de estar preparados de hacerse efectiva. "Aplicaremos la normativa", apunta la directora general.

Aún con la complejidad de los sistemas informáticos que se necesitan para acceder a los registros de las jornadas de las empresas, confió en que la inversión y la formación de su plantilla sean suficientes para abordar cualquier novedad. 

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Más accidentes mortales en el primer trimestre de 2025

La investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales dejaron 1.949 infracciones, por lo que hubo 12,6% más que en 2023, y supuso un importe de 9,2 millones de euros. En este caso, el secretario de Trabajo adelantó que en el primer trimestre de 2025 ha habido un incremento de los accidentes mortales, siendo la mitad de ellos caídas en altura -ya fuera en reforma de fachadas o tala de árboles, entre otros. 

En cualquier caso, en materia de seguridad y salud en la construcción, que es una de las áreas con mayor índice de siniestralidad, hubo 1.704 infracciones, que se estima en un 20,4% más con relación al año anterior. Estas faltas significaron el desembolso de 7,7 millones de euros.

Deberes para 2025

Mención especial a la integración de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, ya que, gracias a la actuación de Inspección, se incorporaron en 2024 unos 301 trabajadores con una inversión de 2,9 millones en medidas alternativas. Con ello, Freixas recordó que las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a que el 2% de los puestos estén destinados al colectivo. 

De cara a 2025, hay deberes. Entre ellos, mejorar los planes de igualdad, ya que en 2024 se produjeron 650 actuaciones con un total de 301 infracciones que supusieron 674.840 euros de importe. Freixas también detalló que se centrarán en el cumplimiento de la normativa LGTBI, además de controlar el fraude en la contratación, regular los tiempos de trabajo y el registro de la jornada y, a su vez, hacer una inversión en inteligencia artificial. 

Freixas, que lleva seis meses al frente de la Inspección de Trabajo catalana, subrayó que la finalidad de las actuaciones de su equipo no deja de ser "mejorar las condiciones para competir en igualdad de condiciones y sujetas a la ley".