Rosa Peral durante el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona por el 'crimen de la Guardia Urbana'
El juicio contra Rosa Peral por alzamiento de bienes se pospone hasta junio de 2027
La resolución del Juzgado de lo Penal 2 de Tarragona llegaba poco antes de conocerse que el juez Manuel Marchena del Supremo será quien decida sobre el recurso de revisión de condena
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El Juzgado de lo Penal 2 de Tarragona ha pospuesto la vista contra Rosa Peral por un presunto delito de alzamiento de bienes hasta junio de 2027. Así lo decidió este martes el juez, después de que tanto la defensa de la acusada como la Fiscalía pidieran suspender la vistilla a la espera de conocer si, finalmente, el Tribunal Supremo (TS) admitía a trámite el recurso de revisión presentado por Peral.
Para las abogadas de la procesada, Núria González y Elisenda Massa, "no tenía sentido" celebrar el juicio por ocultación de bienes antes de saber si el alto tribunal decidía estudiar la revisión solicitada.
A su parecer, ambos procedimientos están estrechamente ligados y si el TS aceptaba reexaminar la condena por el asesinato de Pedro R., el segundo proceso podía caer.
La Fiscalía se adhirió al razonamiento de las letradas y también pidió al juez de Tarragona que pospusiera la vistilla en cuestión.
Irrumpe Manuel Marchena
A pesar de la negativa de la acusación particular, que defiende los intereses de la víctima, el juez de Tarragona decidió suspender el juicio, aceptando los argumentos de las dos letradas y del ministerio fiscal.
Su decisión llegaba poco antes de conocerse que, finalmente, será el juez Manuel Marchena del Supremo quien decida sobre el recurso de revisión presentado por la condena.
Rosa Peral pasa frente a Albert López durante el juicio
La confesión de Albert López
La solicitud de revisión se presentó ante el Supremo después de que Albert López, el otro condenado por el 'crimen de la Guardia Urbana', reconociese los hechos que aparecen en la sentencia y, por lo tanto, aceptase su participación en el asesinato de Pedro R., la pareja de Peral en el momento de los hechos.
González y Massa tomaron esta decisión basándose en lo que se expone en la sentencia condenatoria, en la que se especifica que a Pedro R. lo mató "dicho encausado [Albert López] junto a la acusada Rosa Peral, conjuntamente, o al menos uno de ellos, con la anuencia y colaboración activa del otro".
Por ello, y dada la ambigüedad del escrito, las abogadas se preguntaron en qué medida la confesión de Albert podía repercutir en la condena de Rosa, sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de su entonces pareja sentimental.
Un nuevo elemento
En el recurso, al que tuvo acceso Crónica Global, González y Massa insisten en que "la confesión del coimputado constituye un elemento probatorio nuevo y determinante que, de haber sido conocido en su integridad en la fase procesal oportuna, podría haber permitido la absolución o la imposición de una pena menos grave".
Una confesión que se enmarca dentro del programa específico de rehabilitación para internos condenados por delitos violentos. Y es que el reconocimiento de los hechos es condición sine qua non para poder acceder a las primeras salidas programadas.
Rosa Peral (d) y Albert López (i), los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona acusados de matar a un compañero
Se demuestra que mintió
En el escrito, además, la defensa de Peral considera que el reconocimiento de los hechos por parte de López tiene una "importancia extrema", ya que "durante todo el proceso judicial" su estrategia de defensa fue "inculpar a mi representada en el asesinato de la víctima".
Ahora, sin embargo, "se demuestra absolutamente falso", así como "todas y cada una de las declaraciones que ha hecho el Sr. López hasta el momento".
En contraposición, González y Massa insisten en que su clienta "nunca ha reconocido la comisión de los hechos".
Una nueva pugna "solo contra Rosa"
De este modo, y en vista de los acontecimientos, el juez de Tarragona ha decidido dar un margen prudencial para que el Supremo decida y, a partir de ahí, celebrar (o no) el juicio por alzamiento de bienes.
En este procedimiento, Peral y su padre están acusados de realizar varias transferencias de propiedades con el fin de evadir el pago de una indemnización a los familiares de Pedro Rodríguez -la víctima del crimen de la Guardia Urbana-.
Ante estas acusaciones, la defensa de la condenada se pregunta cómo es posible que la juez haya cerrado la investigación "si el perito del juzgado de Tarragona ni siquiera ha inspeccionado los bienes supuestamente a nombre de Peral, tal como solicitamos desde la defensa".
En este sentido, las abogadas Núria González y Elisenda Massa defienden la insolvencia de su clienta y denuncian lo que consideran un nuevo ataque contra la persona de Rosa Peral con el anuncio de "una resolución judicial totalmente subjetiva, sin base probatoria o indiciaria alguna".
