En Cataluña se practica una quinta parte de los abortos de España. En 2023, se realizaron en este territorio 21.885 interrupciones voluntarias del embarazo de las 103.097 totales, y es la comunidad autónoma con más centros en los que se ejecuta este servicio médico. “Es donde resulta más accesible”, evalúa Sílvia Aldavert, coordinadora de la asociación Drets Sexuals i Reproductius.
Sin embargo, esta entidad y otras agrupaciones feministas señalan que son aún muchas las trabas a las que se enfrentan las mujeres que deciden poner fin a su embarazo en Cataluña. Destacan especialmente la desigualdad territorial en el acceso al aborto entre las residentes en Barcelona y el resto de Cataluña, así como las largas listas de espera para conseguir una cita con el ginecólogo público.
Varias organizaciones denuncian públicamente que el Departament de Salut de la Generalitat mantiene conciertos económicos con varios hospitales que se niegan a practicar abortos por cuestiones ideológicas y, particularmente, religiosas.
Objeción de conciencia
Entre ellos, destaca el caso del Hospital de Sant Pau de Barcelona, señalado por la asamblea feminista Guineus del Guinardó en su última campaña. “Pese a recibir una gran proporción de su financiación del fondo público, no se puede abortar ni con el método farmacológico”, apunta una de las militantes del grupo, que ha preferido permanecer en el anonimato.
Relata que, hasta 2012, sí se estuvieron ejecutando interrupciones voluntarias del embarazo, pero que luego “cedieron a las presiones de los grupos antiabortistas, quienes consideraban que un hospital a cargo de la Iglesia no debía ofrecer este servicio”.
Fue entonces cuando “aplicaron una objeción de conciencia a nivel institucional”, sostienen desde la organización feminista, algo que, apuntan, “es ilegal, puesto que es un derecho individual de cada profesional”.
El Hospital de Sant Pau, que no ha respondido a las consultas de Crónica Global, “incumple los supuestos previstos por la ley”, sentencia Aldavert.
Desigualdad territorial
“Fuera de Barcelona, son muy escasas las clínicas que ofrecen abortos quirúrgicos: se realiza alguno en Tortosa y Mataró, pero es muy residual”, subraya Aldavert. Por este motivo, las mujeres que viven lejos de la capital se ven obligadas a optar por el procedimiento farmacológico, o a desplazarse hasta la ciudad condal, asumiendo los gastos que ello conlleva y reduciendo sus capacidades de elección.
Hospital Comarcal del Pallars
En cuanto al aborto farmacológico, la militante feminista señala que también sufre esta desigualdad geográfica y pone el ejemplo del Hospital Comarcal del Pallars: “Los dos ginecólogos hicieron objeción de conciencia hace años, por lo que si una mujer quiere interrumpir su embarazo, hacen subir a una doctora desde Lleida”.
Sin embargo, la Conselleria de Salut asegura que “todas las regiones sanitarias de Cataluña cuentan con centros autorizados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica y quirúrgica”. En general, el servicio de salud pública ha derivado los procesos de aborto instrumental a las clínicas privadas, pese a que sí cubre con los gastos.
Listas de espera
Desde la asociación Drets Sexuals i Reproductius ponen también el foco en las “largas listas de espera en ginecología” que se observan en “la mayoría de territorios”, llegando a superar las tres semanas, como un elemento más que entorpece el acceso al aborto libre.
“Inmediatamente después de que una mujer tome la decisión de abortar, el sistema debería hacerse cargo de que se pueda realizar lo antes posible para no alargar el proceso y el sufrimiento que pueda producir”, reivindica Aldavert.
La coordinadora de esta organización considera estas demoras de “violencia institucional” contra la mujer, al añadir inseguridad al proceso de aborto.
Un derecho
Pese a que la Generalitat considera que “el Servei Català de Salut garantiza que todas las mujeres tengan acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”, las feministas del Guinardó apostillan que, desde su punto de vista, no es así.
“Cualquier transgresión del derecho al aborto es un ataque contra las mujeres y las sitúa en una posición de vulnerabilidad, de la cual el sistema no garantiza que pueda salir”, declara la militante de Guineus, quien recuerda que “históricamente, las necesidades de las mujeres se han visto relegadas a un segundo plano”.