En Cataluña se practica una quinta parte de los abortos de España. En 2023, se realizaron en este territorio 21.885 interrupciones voluntarias del embarazo de las 103.097 totales, y es la comunidad autónoma con más centros en los que se ejecuta este servicio médico. “Es donde resulta más accesible”, evalúa Sílvia Aldavert, coordinadora de la asociación Drets Sexuals i Reproductius.
Sin embargo, esta entidad y otras agrupaciones feministas señalan que son aún muchas las trabas a las que se enfrentan las mujeres que deciden poner fin a su embarazo en Cataluña. Destacan especialmente la desigualdad territorial en el acceso al aborto entre las residentes en Barcelona y el resto de Cataluña, así como las largas listas de espera para conseguir una cita con el ginecólogo público.
Varias organizaciones denuncian públicamente que el Departament de Salut de la Generalitat mantiene conciertos económicos con varios hospitales que se niegan a practicar abortos por cuestiones ideológicas y, particularmente, religiosas.
Objeción de conciencia
Entre ellos, destaca el caso del Hospital de Sant Pau de Barcelona, señalado por la asamblea feminista Guineus del Guinardó en su última campaña. “Pese a recibir una gran proporción de su financiación del fondo público, no se puede abortar ni con el método farmacológico”, apunta una de las militantes del grupo, que ha preferido permanecer en el anonimato.
Relata que, hasta 2012, sí se estuvieron ejecutando interrupciones voluntarias del embarazo, pero que luego “cedieron a las presiones de los grupos antiabortistas, quienes consideraban que un hospital a cargo de la Iglesia no debía ofrecer este servicio”.