Personas mayores en una residencia de ancianos
El Govern pone orden en los servicios que prestan las residencias
Las subvenciones que recibe el 80% del sistema estarán vinculadas a resultados tangibles y a objetivos; una agencia pública coordinará las prestaciones sociales y las sanitarias
Contenido relacionado: Las residencias de mayores cargan contra el Govern en funciones
La Generalitat trata de dar transparencia a la financiación pública de las residencias privadas donde se atienden a los ancianos y las personas con discapacidad, y que suponen el 80% del sector en Cataluña.
En adelante, los recursos públicos que reciben las empresas que gestionan estos centros estarán vinculados a resultados tangibles y al cumplimiento de objetivos sociales específicos.
La Administración quiere poner fin al deterioro de estos servicios. Parte de él proviene de las condiciones precarias de sus trabajadores, que redundan en la calidad de la atención a las personas mayores y a los discapacitados.
Creación de una agencia pública
La conselleria de Drets Socials i Inclusió ha aprobado el proyecto de ley de los Instrumentos de Provisión del Sistema Público de Servicios Sociales, que prevé la creación de una agencia pública, autónoma e independiente, encargada de garantizar el acceso universal a unos servicios sociales de calidad. Sobre todo, en el ámbito de los mayores, la discapacidad y la infancia.
La Agencia Pública de Servicios Sociales y Sanitarios, dotada con 131 millones de euros, se encargará de determinar cada año las tarifas por residente que la Generalitat paga a los centros concertados. Y, para ello, tendrá en cuenta la evolución de los salarios del sector público.
Equiparar los salarios entre el servicio público y el privado
El objetivo es equiparar las retribuciones de los trabajadores públicos y privados. Pese a que el Govern considera que la cooperación del tercer sector es clave para el funcionamiento de la red social pública, ha establecido en la ley que los aumentos en la retribución de las residencias tendrán que repercutirse miméticamente en los salarios de sus trabajadores cuando así lo establezca el pagador.
La controversia entre la patronal y los sindicatos en este punto se ha eternizado, mientras la Generalitat asistía a las quejas de los trabajadores por su precariedad como un invitado de piedra.
La agencia también se encargará de integrar las prestaciones de servicios sociales y sanitarios para las personas ingresadas.
El desastre de la pandemia en los ancianos puso de manifiesto el mal funcionamiento de las residencias en lo que se refiere a la atención sanitaria: los historiales de los mayores no eran trasladados a los centros ni a los CAP correspondientes, por lo que los nuevos médicos desconocían sus antecedentes.
Rescata una propuesta del anterior Govern
A lo largo del año pasado se pusieron en marcha varios equipos de médicos, enfermeras y trabajadores sociales con los que se ha ensayado esa prestación coordinada de servicios que cuelgan de dos consejerías diferentes.
La nueva ley se inspira en el proyecto que el anterior Govern de ERC había elaborado atendiendo a una moción del Parlament de diciembre de 2023.
Imagen de una enfermera atendiendo a una anciana
Esta proposición instaba al Ejecutivo a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sector para frenar la elevada rotación y el absentismo, lo que en definitiva mejoraría las condiciones de vida de los residentes.
El adelanto de las elecciones provocó la disolución de la Cámara, por lo que la moción decayó, pero fue rescatada por el nuevo Govern, y ahora se ha puesto en marcha.
