El juez Joaquín Aguirre ante la Ciudad de la Justicia

El juez Joaquín Aguirre ante la Ciudad de la Justicia Fotomontaje de CG

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El juez Aguirre se jubila con el currículum manchado por cuatro macrocausas fallidas

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona se retira después de más de tres décadas de investigaciones judiciales, varias de ellas polémicas y frustradas

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El juez Joaquín Aguirre, hasta ahora al mando del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, cuelga la toga y se jubila de forma voluntaria a los 66 años.

Este miércoles 15 de enero, el instructor de algunos de los casos judiciales más mediáticos de las últimas tres décadas, abandonará su despacho en la Ciudad de la Justicia, dejando tras de sí un legado marcado por controvertidas investigaciones; en muchos casos, reducidas a cenizas. 

Una retirada que, a la vista de los últimos acontecimientos, llega con un sabor agridulce. En especial, tras las numerosas ocasiones en las que la Audiencia de Barcelona ha desmontado sus largas y complejas pesquisas judiciales. ¿La última?, en diciembre, cuando la provincial le ordenó cerrar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en el procés independentista.

La trama rusa y el 'caso Voloh'

Si por algo ha destacado recientemente ha sido por el ímpetu en el que se ha esforzado en relacionar la escucha a Víctor Terradellas sobre los 10.000 soldados del Kremlin con el procés secesionista. 

Sin embargo, la conocida trama rusa del procés viene de lejos y nació, en agosto del 2019, como una derivada de otra macrocausa: la que empezó en 2016 a raíz de las presuntas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona destinadas a entidades afines a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

David Madí, empresario independentista y exsecretario de Comunicación del Govern

David Madí, empresario independentista y exsecretario de Comunicación del Govern EP

Las conversaciones interceptadas entre Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, y los exdirigentes David Madí (CDC) y Xavier Vendrell (ERC) llevaron al juez a ampliar la investigación, incluyendo la intervención de sus comunicaciones durante más de un año.

Así nació 'Voloh'. 

La conspiración de los 10.000 soldados

En octubre de 2020, el juez Aguirre ordenó una serie de registros y detenciones que revelaron diversas líneas de investigación. Entre ellas, destacaba la supuesta negociación del Govern del prófugo Carles Puigdemont con representantes rusos. 

Según Aguirre, este supuesto acercamiento entre Vladímir Putin y Puigdemont incluía una oferta del Kremlin para enviar 10.000 soldados a Cataluña para apoyar su secesión.

Otras líneas de investigación abordaron la financiación de la estancia de Puigdemont en Waterloo, los negocios empresariales de David Madí y Xavier Vendrell, una presunta trama de corrupción urbanística y un proyecto de negocio petrolero vinculado a Rusia.

Cuatro años después, todas las causas y ramificaciones de la denominada operación Voloh han acabado en nada. Todo ha quedado archivado

Un golpe duro, pero no era la primera vez. 

El juez Joaquín Aguirre, que instruyó el caso Macedonia / YOUTUBE

El juez Joaquín Aguirre, que instruyó el caso Macedonia / YOUTUBE

Una prórroga injustificada

El inicio del fin empezó en junio de 2024, cuando la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona anuló la prórroga de la investigación del caso Volohordenando al juez Aguirre que enviara el caso a juicio con los indicios recabados hasta esa fecha o que lo archivara.

La Audiencia consideró que la investigación se había prolongado sin justificación, señalando que desde la anterior prórroga, en enero de 2023, hasta agosto de 2023, no se habían practicado diligencias ni se habían solicitado nuevas actuaciones.

Aguirre no se dio por vencido y días después del batacazo abrió otra pieza separada e imputó a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, a la exconsellera Elsa Artadi y al periodista Carles Porta, entre otros, y los acusó de traición. Un delito excluido de la Ley de Amnistía. 

Sin embargo, más allá de la teoría no había ningún hecho nuevo.

El 'carpetazo' definitivo

Fue así como en diciembre de 2024la Audiencia de Barcelona se volvió a pronunciar y le ordenó finalizar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa, advirtiéndole de posibles responsabilidades si persistía en desoír su resolución.

El tribunal, en uno de los fallos más contundentes de los últimos años, acusó al juez de actuar en "fraude de ley" al intentar prolongar la investigación mediante la apertura de nuevas piezas separadas sin aportar pruebas relevantes. Así se acabó con la investigación de la trama rusa. 

Imagen de archivo de Carles Puigdemont

Imagen de archivo de Carles Puigdemont Europa Press

En la actualidad, a pesar de que dos ramificaciones del caso siguen técnicamente abiertas, no existen indicios sólidos de que el caso vaya a terminar en juicio. Menos con la jubilación del instructor.

Estos últimos varapalos quedan como dos ejemplos claros de los fracasos judiciales que marcan la retirada del juez Joaquín Aguirre.

Sin novedades de Negreira

Voloh, sin embargo, no ha sido el único caso mediático que ha pasado por las manos de este controvertido juez barcelonés. En 2023, otra gran investigación cayó en sus manos: el caso Negreira, que indaga la supuesta compra de árbitros por parte del Barça.

Fue también el tribunal de la sección 21 de la Audiencia el que en mayo descartó el delito de cohecho o sobornoa partir de los recursos presentados por Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, Albert Soler, Joan Laporta y el FC Barcelona.

El juez Aguirre llevó la contraria a Fiscalía y estimaba que podía haber cohecho en la actuación de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que cobró 7,2 millones de euros del club entre 2001 y 2018

Joan Laporta, presidente del Barça, durante una rueda de prensa

Joan Laporta, presidente del Barça, durante una rueda de prensa EFE

Sin embargo, el delito de cohecho está previsto únicamente para los funcionarios públicos. De ahí que Aguirre elucubrara con la idea de que Negreira podía ser considerado un funcionario público en términos penales, ya que formaba parte de un organismo, el Comité Técnico de Árbitros, que a su vez pertenecía a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que recibe fondos públicos.

La Audiencia no le compró la teoría y eliminó este tipo penal de la causa. Ahora, las diligencias quedarán en manos de Alejandra Gil, involucrada en la investigación del Barçagate

El 'fiasco' de Macedonia

Las dilaciones indebidas han marcado las investigaciones del juez Aguirre, que ha batido récords con instrucciones que hasta 12, 13 o 14 años. Otro ejemplo: el caso Macedonia

La macrocausa contra una supuesta trama de narcotráfico y corrupción policial se saldó, casi 13 años después de su apertura, en 2009, con la absolución del supuesto cerebro de la trama y de José R., el único mosso procesado.

El juez situó en la cúspide de la trama criminal al empresario Manuel Gutiérrez Carbajo, reconocido colaborador policial, y retorció las diligencias, tanto como pudo, para tratar de imputar (sin conseguirlo) al mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero.

Así, una vez más, lo que tenía que ser una macrocausa, en la que incluso intervino como testigo el excomisario José Manuel Villarejo durante la instrucción, se fue diluyendo con el paso del tiempo. Todo quedó en un bluf. 

Es más, el tribunal calificó la investigación dirigida por el juez instructor número 1 de la capital catalana como de "errática, prospectiva, exagerada e inútil".

De este modo, tras 13 años y un juicio más breve de lo previsto, la Audiencia dejó aquella presunta macrotrama de corrupción policial en un mero caso de menudeo de drogas, que salpicó a varios presuntos camellos de baja estofa.

El escándalo de los 90

Años antes, en 1994, Aguirre dirigió la investigación contra el empresario Javier de la Rosa por presuntos delitos de fraude y estafa en torno a la compañía Gran Tibidabo.

A pesar de la complejidad del caso y del revuelo mediático, las condenas no alcanzaron la magnitud esperada, y muchos señalaron la fragilidad de las acusaciones presentadas por el togado. 

El juicio no se celebró

De hecho, la esposa de Javier de la Rosa llegó a querellarse contra el magistrado --Aguirre negoció con la denunciante--. Y en las cuestiones previas la defensa del empresario defendió conflicto de interés del juez. 

Entre 1994 y 2008, el financiero se sometió a una interminable instrucción judicial en la que el delito principal "cayó". 

Finalmente, por medio de un pacto entre el letrado Francesc Jufresa y el fiscal anticorrupción David Martínez Madero, se aceptó una pena menor de tres años de cárcel para De la Rosa por un delito de apropiación indebida, sin responsabilidad civil alguna ni entrada en prisión. El gran caso de presunto desvío de fondos, pues, quedó en una conformidad menor.