El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell archiva la causa contra los 11 guardias civiles acusados de los presuntos delitos de tortura, detención ilegal, amenazas y coacciones a miembros del CDR, detenidos durante la llamada operación Judas, en septiembre de 2019.
Según la juez instructora, no existen suficientes pruebas incriminatorias para mantener la investigación abierta. En su escrito, la magistrada alega que ni los testigos ni las pruebas aportadas por Jordi Ros --uno de los CDR arrestado y principal querellante--, no acreditan los delitos denunciados.
La instructora insiste en que Ros no detalló los hechos, ni durante su declaración en el juzgado, ni ante los médicos que lo atendieron tanto en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) como en la de Tres Cantos (Madrid). Ni siquiera, añade, a su abogada de oficio.
Un caso 'gafado' desde el principio
No obstante, se trata de un procedimiento muy cuestionado desde su inicio. En agosto de 2020, cuando Ros presentó la querella, la magistrada solo admitió parte de los hechos descritos, limitándose a los que tuvieron lugar a Sabadell.
Esta decisión fue cuestionada por la Audiencia de Barcelona, que, a raíz de un recurso de Alerta Solidària, ordenó, en mayo de 2024, reabrir la investigación completa.
A pesar de este mandato, Alerta Solidaria denunció que la instrucción continuó marcada por la inactividad judicial, con dilaciones reiteradas y decisiones que, según la entidad, dificultaban el desarrollo del caso.
Denunció abusos y presiones psicológicas
En su querella, Ros relató una serie de presuntos abusos durante su detención y traslado. Según declaró, los agentes habrían registrado los domicilios sin la presencia de su abogado y le habrían impedido contactar hasta pasadas más de 30 horas.
Además, denunció que fue sometido a presiones psicológicas, amenazas hacia su familia y condiciones degradantes durante el traslado, incluyendo restricciones físicas y privación del sueño. También sospecha que se le suministraron una sustancia alteradora en una botella de agua que le proporcionaron en Tres Cantos.
Alerta Solidària recurrirá el fallo
A pesar de estas acusaciones, la jueza concluyó que no existen ni se han aportado indicios suficientes para acreditar los hechos denunciados. También subrayó que Ros no mencionó estas presuntas torturas en el procedimiento de habeas corpus que presentó a la Audiencia Nacional al poco de su detención.
Por su lado, Alerta Solidària ha calificado el archivo de la causa como un "fraude de ley" y ha denunciado lo que considera un boicot judicial. La organización lamenta que la inacción judicial en España en casos de maltratos a detenidos haya comportado condenas reiteradas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El colectivo ha avanzado que recurrirá la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona, con el objetivo de reabrir la investigación y exigir responsabilidades por los presuntos abusos.