Obligados a trabajar 15 horas en bares de Tarragona

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en la provincia de Tarragona una organización criminal, con ramificaciones en Italia, dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. El entramado engañaba a ciudadanos colombianos, a quienes prometía un contrato de prácticas en el sector de la hostelería. Sin embargo, una vez en España los explotaban en bares de Torredembarra, Reus y Tarragona capital, donde los obligaban a trabajar jornadas maratonianas, sin papeles, sin permiso a baja y con una remuneración ridícula. 

La investigación ha permitido detener a doce personas, acusadas de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad
documental.

Sueldos de 20 euros al mes

Según informan fuentes policiales, las víctimas viajaban desde Colombia, tras ser captadas por la organización. Las personas investigadas les prometían un sueldo y un contrato de prácticas. Sin embargo, una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España -- visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia-- las víctimas contraían una deuda con la organización bajo el concepto de viaje y trámites. Además, esta deuda cada vez se hacía mayor, descontándoles el dinero del salario de percibían por su trabajo. 

Asimismo, una vez en España se percataban de que las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido en el contrato: siendo obligados a trabajar entre 12 y 15 horas, de lunes a domingo, sin descansos semanales ni vacaciones, y con un salario que no solía superar los 20 euros. 

Sin derecho a baja médica

Es más, las mismas fuentes policiales señalan que las víctimas llegaban a nuestro país en condición de turistas. Para enmascarar la situación de explotación, los líderes de la organización les obligaban a inscribirse en cursos de formación en academias que trabajaban en connivencia con el entramado criminal. Por esos cursos, que nunca llegaban a realizar, pagaban grandes cantidades de dinero.

Paralelamente, los miembros de la organización controlaban incluso las bajas médicas para evitar que pudieran disponer de ellas. De hecho, si alguna de estas personas se encontraba indispuesta les facilitaban ellos mismos fármacos potentes, que en realidad requerían de receta médica, para que continuaran trabajando.

Controlaban hasta las cámaras de vigilancia  

Con todo, a principio de abril se practicaron cuatro entradas y registros en las
viviendas de las víctimas. También se llevaron a cabo otras dos en las viviendas de los líderes de la organización y otras cuatro en locales de hostelería. La explotación del caso permitió liberar a 28 nuevas víctimas de la organización que, junto a las 18 víctimas liberadas durante la investigación, hacen un total de 46 personas liberadas. Todas ellas de origen colombiano. 

Las entradas y registros permitieron constatar que la organización controlaba hasta las cámaras de vigilancia de las viviendas donde eran alojadas las víctimas, donde vivían hacinadas en habitaciones. Finalmente, de las 12 personas detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para tres de ellas. Por su lado, las víctimas ya han sido puestas en contacto con los servicios sociales para su protección.