La justicia se niega a investigar al policía infiltrado que mantuvo relaciones con ocho jóvenes sin revelarles su identidad

No hay caso. La Audiencia de Barcelona también da carpetazo a la querella contra el policía infiltrado en movimientos anarquistas de Barcelona que mantuvo relaciones con al menos ocho jóvenes sin que ellas conocieran su verdadera identidad.

La sección quinta confirma de este modo la negativa del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona de abrir dicha investigación, y cuya inadmisión motivó que las denunciantes recurrieran y elevaran la causa a una instancia superior, la Audiencia Provincial, que tampoco ve caso y le da carpetazo.

Fue consentido

Las representantes de las ocho jóvenes, entre las que se encuentran la organización los derechos humanos Irídia y el sindicato CGT, acusan al policía infiltrado de los delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Pero la justicia es clara: las querellantes no solo "gozaron de absoluta autonomía personal para consentir o no las relaciones consumadas" con el policía infiltrado, sino que "considerarse engañado por cualidades que el otro ha omitido, o que incluso ha negado, no constituye delito de abuso sexual, ahora agresión sexual".

Ni torturas ni revelación de secretos

Sobre su rechazo a que los hechos puedan ser considerados como torturas o contra la integridad moral, el tribunal argumenta que como "las relaciones sexuales no fueron asimétricas, no existió por lo tanto 'abuso de cargo' por parte del querellado". Además, las relaciones señaladas "distan de poder ser consideradas como procedimientos aptos para ocasionar sufrimientos mentales cuando han sido aceptadas en dicho plano de igualdad".

En cuanto a una posible revelación de secretos, subraya que las partes no precisan exactamente qué información pudo obtener el agente infiltrado, "limitándose a genéricas referencias sobre sexualidad, familia, ideología o alusiones a ambientes politizados". El auto también rechaza que pueda haber un delito contra los derechos cívicos, puesto que los hechos denunciados "nada tienen que ver" con ese ilícito.

Recurso al Supremo

A través de un comunicado, Iridía ha calificado de "especialmente grave" que una denuncia por torturas y contra la integridad moral "quede sin investigar".

Además, han anunciado que recurrirán la decisión al Tribunal Supremo con el objetivo de agotar todas las vías judiciales "hasta conseguir que tan graves hechos se investiguen, se depuren responsabilidades políticas y todas las personas afectadas sean reparadas".