Hasta 600 profesores de las escuelas e institutos públicos españoles participan cada año en un programa de intercambio de docentes con Estados Unidos y Canadá, de los cuales entre 25 y 50 son catalanes. Sandra Sánchez regresó hace un mes y medio, pero, ahora, el Departament d’Educació se niega a formalizar su reingreso a su plaza de funcionaria hasta el próximo 1 de septiembre, por lo que tampoco percibirá el sueldo de los tres meses de verano.
En su misma situación se encuentran el resto de docentes catalanes que terminaron el curso en América entre finales de mayo y principios de junio, y ocho de ellos están dispuestos a llegar a los tribunales para revertir una situación que, según denuncian, no se da en el resto de España.
Sandra es psicopedagoga y trabaja como funcionaria desde 2001 en un instituto de Cambrils. Acogiéndose a la normativa de servicios especiales, se trasladó a Texas hace tres años para trabajar como profesora de castellano en un colegio de primaria, motivada por la oportunidad de que su hija aprendiera inglés y vivir esta experiencia juntas. Tras finalizar su labor en Estados Unidos el pasado 31 de mayo, Sandra tenía previsto incorporarse a su plaza definitiva, en un centro de secundaria en Salou, el 17 de junio, dentro del plazo de un mes que establece la ley para su reincorporación como funcionaria.
Tres meses sin sueldo
“Me tengo que preparar el curso sin cobrar”, denuncia Sánchez sobre la situación que está viviendo, y recuerda que “no todo el mundo tiene los ahorros para vivir tres meses sin siquiera cobrar el paro”, especialmente después de realizar una mudanza transatlántica.
Anna Simó, 'consellera' de Educació en funciones
Según detalla la psicopedagoga, en Cataluña, la Conselleria d'Educació exige a profesores que, antes de partir hacia Estados Unidos o Canadá, firmen un contrato que estipula que, cuando regresen, no podrán reincorporarse a su plaza de funcionario hasta septiembre. Esta cláusula, sin embargo, contradice el Real Decreto 365/1995, que establece un plazo de un mes para dicha reubicación, manifiestan dese el CSIF en un comunicado en el que exigen a la Generalitat el cumplimiento de la ley.
Además, Sánchez insinúa la intención del departament que Anna Simó encabeza de saltarse dicha normativa poniendo a los profesores entre la espada y la pared: “O firmas, o no vas”. La exigencia de suscribir la renuncia al sueldo de los meses de verano se impone, según la versión de esta afectada, cuando los docentes ya han realizado gran parte de la inversión necesaria para el traslado, como encontrar la plaza, conseguir el visado, comprar los billetes de avión, gestionar el alquiler y completar toda la burocracia correspondiente.
Desigualdad entre autonomías
La funcionaria explica que sus compañeros de otras partes de España “han pactado un día dentro de ese primer mes” con el departamento homólogo en su comunidad “y a partir de entonces han recuperado el sueldo”.
“Yo podría haber empezado el mismo 1 de junio”, asegura Sánchez, quien trató de pactar como fecha de reincorporación el día 17 de ese mismo mes “para no perjudicar a los alumnos que estaban a punto de terminar el curso” ni al docente que la sustituyó durante esos tres años. Sin embargo, sí necesitaba recuperar su puesto antes del inicio de julio para habituarse a las dinámicas del nuevo centro y empezar a preparar los materiales del próximo año académico.
Miedo a luchar contra la Generalitat
De los casi 50 profesores afectados por esta situación en Cataluña, solo ocho se han organizado para emprender medidas legales contra la Generalitat y, así, recuperar los 8.000 euros brutos que dejarán de percibir este verano y que se elimine la cláusula en cuestión para futuros casos. “Lucharé hasta el final, aunque me tenga que gastar todo lo que cobraría en abogados”, asegura Sandra, convencida de la injusticia que sufre.
Sin embargo, la mayoría de sus compañeros han desistido por miedo a que el gasto en el procedimiento legal resulte en vano. “¿Si no vas a cobrar en tres meses, cómo pagas un abogado?”, se pregunta Sandra, comprensiva con aquellos que, ante la duda de perder frente a la Administración, prefieren no intentarlo.