El 4 de agosto de 2017, el Govern de Andorra celebraba el archivo de la causa contra Jordi Cinca, por entonces ministro de Finanzas del Principado, y su socio Manuel Terrén por el conocido y controvertido caso Orfund. En un breve comunicado de prensa, el Ejecutivo tildó de "temerarias" e "infundadas" las denuncias por administración desleal y apropiación indebida interpuestas por Joan Samarra, quien había sido presidente de Orfund, la empresa dedicada a la fundición de oro y a la distribución de diamantes.
Siete años después de este comunicado y del archivo de la causa en el Tribunal de Corts andorrano y en un juzgado de instrucción de El Prat (Barcelona), Terrén ha ingresado en prisión, acusado de traficar con los conocidos como diamantes de sangre, con los que se financió la guerra civil de Sierra Leona.
También siete años después de calificar de "temerarias" e "infundadas" las acusaciones de Samarra, el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ordenó la detención de Terrén por su presunta participación en una trama empresarial que permitió el blanqueo y la posterior circulación ilegal de los diamantes de sangre en Europa, bajo el paraguas de la empresa andorrana Orfund.
La punta del iceberg
Sin embargo, la detención de Terrén es tan solo la punta del iceberg. Y es que las voces consultadas por Crónica Global señalan que la investigación del juez Abascal apunta cada vez más a Cinca, en la actualidad máximo responsable del Fondo Soberano del país pirenaico. Es más, según avanza Abc, Cinca ya ha sido citado --aunque se desconoce en calidad de qué--, pero España tiene problemas para actuar por su actual legislación sobre jurisdicción universal, según apuntan fuentes judiciales.
Se trata de la persona que entre los años 1995 y 2000 fue director financiero y socio de Orfund. El mismo que reconoció en sede judicial haber trasladado, en al menos una ocasión, "varios lingotes de oro desde el aeropuerto de Barcelona a la frontera de la Farga de Moles (Lleida)". Oro que procedía, por supuesto, de las minas de Sierra Leona.
Un hombre respaldado por el Gobierno andorrano, que formó parte del consejo de administración de Crèdit Andorrà y fue ministro de Finanzas del Principado. Uno de los responsables de la caída de BPA.
Un caso que se remonta a los 2000
No obstante, la investigación de la Audiencia no es la primera que se instruye en contra de los presuntos tejemanejes de Terrén y Cinca en relación con los diamantes de sangre. Minerales, a propósito, extraídos de las citadas minas de Sierra Leona por personas reducidas a la condición de esclavos a las órdenes del Frente Revolucionario Unificado (RUF): la milicia paramilitar de ese país que mantuvo una guerra civil con el Gobierno legítimo entre 1991 y 2002.
El primero en alzar la voz fue Joan Samarra, expresidente de Orfund, en 2002. Este empresario andorrano contrató en 1995 a Cinca, por entonces era conseller general de Andorra, y este, una vez se hizo con el control de la compañía, fichó al ciudadano español, residente en Andorra, Manuel Terrén. El ahora detenido. Ambos lideraron la expansión de Orfund con la creación de las empresas NCI, Blue Stone y Fofana Trading en Costa de Marfil y Liberia.
Entramados mercantiles que, según alegó Samarra en la querella inicial, sirvieron para gestionar la actividad ilícita. Es decir, para blanquear la extracción de las piedras preciosas de las minas de Kono y Boedu, controladas por niños soldados del RUF, y aparentar que se habían obtenido de forma legal en Liberia.
Diamantes de sangre
En la querella, como informó Crónica Global ya en 2016, Cinca estableció lazos diplomáticos con quienes, a cambio de comisiones, facilitaban los contactos, permisos y favorecían las gestiones comerciales en países productores de oro y diamantes como Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona.
El querellante citaba, entre ellos, al mandatario liberiano Alhaji Sekou Fofan, quien fuera la mano derecha del dictador Charles Taylor, temido señor de la guerra civil que padecía Liberia (Charles McArthur Ghankay Taylor fue presidente de Liberia de 1997 a 2003). En la actualidad cumple una condena de 50 años por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Sin embargo, tanto el tribunal andorrano como el catalán consideraron que no había ningún elemento, ni siquiera indiciario, que sustentase el entramado que denunciaba Samarra. A lo que añadieron que se trataba de unos hechos "faltos de verosimilitud e imposibles de investigar".
El caso se reavivó en 2021
Tras el archivo de 2017, el caso quedó silenciado y no se supo nada más ni de Orfund ni de sus responsables hasta septiembre de 2021, cuando una de las personas esclavizadas por el RUF decidió interponer una denuncia ante la Audiencia Nacional, asesorado por la ONG suiza Civitas Maxima y los letrados Hernán y Juan Garcés.
Este trabajador, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, alegó haber sido testigo de las atrocidades cometidas en las minas de sangre de Sierra Leona durante el periodo en el que Orfund estuvo bajo la administración de Cinca y Terrén. La denuncia incluye testimonios sobre las condiciones laborales inhumanas, la violencia sistemática y la explotación de mano de obra infantil.
Delitos de lesa humanidad
A raíz de este testigo, que denunció presuntos delitos de lesa humanidad, los agentes de Sección de Crímenes contra la Comunidad Internacional de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional pudieron constatar que Terrén había participado directamente en la compra de estos diamantes de sangre, coincidiendo con militares del RUF, que le hacían directamente la entrega.
Una vez ocultado el origen real de la extracción y ya blanqueados los diamantes como piedras obtenidas de forma legal en Liberia, estos eran vendidos principalmente a una empresa belga, que los introducía en el mercado europeo. Según las fuentes consultadas, las cifras del negocio eran enormes. Suficientes como para financiar de forma indirecta a los señores de la guerra de Sierra Leona, quienes con el dinero de los diamantes compraban armamento, munición, alimentos y medicinas para los guerrilleros que masacraban a la población civil.
Detenido en Málaga
Tras meses de diligencias, en la que se ha antojado una compleja investigación policial, los agentes pudieron, finalmente, recabar indicios suficientes para detener a Manuel Terrén en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol al viajar desde Brasil, donde residía desde 2007. A continuación, se registró una amplia finca en Málaga, residencia de verano del detenido, donde se intervino documentación y dispositivos electrónicos que están siendo analizados.
El arrestado fue puesto este viernes a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.
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