Gonzalo Boye se sentará en el banquillo por el 'caso Sito Miñanco' en noviembre

El abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán prófugo, Carles Puigdemont, se sentará en el banquillo como coacusado en una macrocausa por supuesto narcotráfico a partir de noviembre. La Audiencia Nacional ha fijado para final de año el juicio al sospechoso de narco Sito Miñanco y al abogado, entre otros investigados. 

En un auto, el tribunal especial ha señalado un total de 20 sesiones entre el 18 de noviembre y el 30 de enero. En las mismas comparecerán hasta 48 enjuiciados, entre los que se incluyen el propio Boye y José Ramón Prado Bugallo, más conocido por el alias de Sito Miñanco. 

Asimismo, entre los acusados se encuentran cinco personas jurídicas. 

Dos presuntos delitos

Los jueces de la Audiencia tratarán de cerciorarse de si hay mimbres para probar que el medio centenar de sospechosos introdujeron casi cuatro toneladas de cocaína en España y blanquearon los beneficios obtenidos de la venta de la droga. 

En el caso de Boye, se le acusa de presunto blanqueo de capitales y falsedad documental, como explicó este medio. 

El letrado se opuso

Antes, el letrado se opuso a que la pieza separada en la que se le juzga se dirimiera en la Audiencia Nacional, argumentando que los dos delitos que se le atribuyen no son conexos. 

Asimismo, Boye planteó que la Audiencia Nacional elevara una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sus escritos los rechazó el Tribunal Supremo. 

'Operación Mito'

Los hechos que se enjuician ocurrieron, se cree, entre 2016 y 2019. Según la instrucción practicada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, se sospecha que Sito Miñanco utilizó una compleja red de personas y sociedades para introducir cocaína en España y blanquear los beneficios. 

La llamada Operación Mito arrancó con la vigilancia al narco, que trabajaba como vigilante de párking en 2016 para cumplir una pena anterior por la misma causa. 

Un barco y facturas

La operación estalló en 2017, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (Udef) y el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco) asaltaron un barco en la zona de las Azores que transportaba 3,3 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado de 131 millones de euros. 

Otra de las hebras de la investigación concernió a la supuesta emisión de facturas falsas para blanquear el dinero procedente de los estupefacientes. Es de lo que está acusado Boye, que niega los hechos.