“Si llamas al Telepicsa, dile que… dile que la calle Marte no está en La Mina”, aconsejaba con desparpajo una chica jovencísima a su amiga, que agarraba de la mano a varios niños para evitar que cruzasen en tropel una de las avenidas de Sant Adrià de Besòs. Al fondo, varios vecinos charlaban a la fresca en sillas de formica frente a los portales, en su mayoría destartalados, aprovechando que el sol ya había caído. Cerca, un grupo de adolescentes se entretenía, ajeno a la mirada de los adultos, lanzando petardos que retumbaban en las paredes de una de las plazoletas que han quedado encajonadas entre los titánicos edificios de protección oficial, adornados con guirnaldas de ropa tendida. El olor a pólvora en el ambiente se mezclaba con el del óxido que desprendía una lavadora herrumbrosa, desvencijada a garrotazos en plena acera, la misma que va a dar a los lujosos rascacielos que se levantan en el Fórum de Barcelona, en primera línea de mar.
Edificio Venus de La Mina
En el corazón de este barrio obrero, diseñado sin mucho esmero para reubicar a los barraquistas de la playa del Somorrostro, se erige una mole: el edificio Venus. El esqueleto alberga 244 viviendas, que esperan desde hace más de dos décadas a ser reducidas a polvo. En 2001 se aprobó el primer proyecto que preveía su derribo y en 2009 se dio el visto bueno al Plan Especial de Reordenación y Mejora (PERM) de La Mina, que incluía la expropiación de las viviendas y el derrumbe del edificio. Este plan determinó que 105 vecinos cumplían con los requisitos para ser realojados. El resto tendrían que recibir una indemnización u optar a un alquiler social.
La compensación, "ridícula"
En aquel momento muchos de los residentes presentaron alegaciones porque, al no aplicársele el decreto HAUS, las siglas en catalán de Vivienda para Afectados Urbanísticos, para poder acceder a un piso tenían que poner de su propio bolsillo entre 30.000 y 40.000 euros, una cifra a todas luces impensable para este barrio.
El Consorcio de La Mina desestimó las alegaciones presentadas por los vecinos y paralizó el proyecto, contraviniendo la ley. En 2020, hartos de vivir en condiciones infrahumanas, los vecinos presentaron otra demanda, asesorados por el Colectivo Ronda, pidiendo que se reactivase el plan de expropiación y que se les indemnizara con 10.000 euros por cada año de retraso injustificado, 10 en aquel momento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les dio la razón, pero sin pronunciarse sobre esta cuantía. Ahora, cuatro años después, y con un proyecto de expropiación aprobado definitivamente, les ofrecen sólo 5.000 euros por los 14 años de demora. Una compensación que califican de "ridícula".
Los vecinos denuncian "chantaje" del consorcio
“Estamos en el mismo punto que en 2009”, anunciaba en el auditorio de la biblioteca de La Mina Mariona Torra, abogada del Colectivo Ronda, en una asamblea informativa celebrada el miércoles que congregó a buena parte de los afectados por el derribo.
El decreto HAUS, que garantiza que los vecinos reciban un piso de iguales características al que poseen ahora en el Venus y sin poner dinero adicional, sigue sin aplicarse. La única forma para hacerlo, según denuncian los residentes, es sucumbiendo a las exigencias del consorcio, que según ellos les exige que retiren las demandas por responsabilidad patrimonial que presentaron en los juzgados contra la Administración por el retraso en la aplicación del proyecto de expropiación.
Según los vecinos, es la condición sine qua non que les han dado a 23 familias del bloque para poder optar a los pisos de segunda mano que la Administración pública ha comprado en las calles Marte, Levante, Saturno, Estrellas y Oriente, los únicos que tienen por el momento. “Cuando retiren la demanda y vayan a recoger las hojas de expropiación les enseñarán los pisos”, explicaba una de las afectadas. Una exigencia que contraviene la ley y que los vecinos tildan de "chantaje".
"No quiero quedarme en La Mina"
Aunque la mayoría se niega, algunas de las 244 familias afectadas, desgastadas por un periplo judicial del que no se vislumbra el final, empiezan a planteárselo. “La gente está muy cansada. Se quiere ir y el horizonte parece cada vez más lejano”, susurraba una vecina en el auditorio. Ella se fue hace ya 10 años, pero sigue teniendo un piso en propiedad en el edificio Venus que no puede vender porque está afectado por la expropiación. Comparte escalera con varios narcopisos y plantaciones de marihuana que chupan la electricidad de una precaria instalación eléctrica. “No hay barandilla, está lleno de basura, los ascensores se pasan más tiempo parados que funcionando…”, describía las entrañas de la mole. “Quiero que me den un piso en Sant Adrià de Besòs, pero fuera del barrio de La Mina porque no quiero que mis hijos crezcan aquí”.
A su lado, otra vecina asentía con la cabeza. “A mí me gustaría ir al Fórum", soñaba en alto. En el edificio Venus, donde vive desde hace 40 años hay pérdidas en los tubos del agua y, según ella, con la llegada del invierno las cañerías explotan e inundan a los vecinos de abajo. La instalación del gas también es muy antigua y, desde el proyecto de expropiación de 2009, en general no hay apenas mantenimiento.
Lo único que han mejorado son las puertas que dan a las azoteas, que ahora no se abren desde fuera, y los buzones, que pagó Netflix hace un par de años a cambio del rodaje de una película. "Sólo son parches. El estado en el que está el edificio lo hace peligroso, cualquier día saldremos ardiendo”. Sobre los narcopisos y las plantaciones de marihuana que se han ido instalando en las viviendas que se han ido quedando vacías, las vecinas son parcas en palabras. “Los nuevos vecinos… no son como los viejos, son más sucios, peligrosos. Si quieres entrar, no te recomiendo que vayas sola”.
"Es un atentado a la dignidad humana"
“Cada día que el Venus sigue en pie es un atentado a la dignidad humana”, denunciaban fuentes del Colectivo Ronda, que advierten de que el proceso de realojo de los vecinos se alargará varios años más porque el consorcio no tiene pisos suficientes como para ubicar a las familias. “Tienen 23 viviendas de segunda mano, más 60 que en su día fueron okupadas y así siguen. Ahora dicen que comprarán algunas más y que construirán un nuevo edificio… vamos, que habrá que sumar tres años”.
Mientras el tiempo corre, desde el despacho de abogados animan a los vecinos a reclamar lo que es suyo y a no sucumbir a las presiones. De los 244 vecinos, la mitad aproximadamente presentaron demandas que están en los juzgados o que siguen la vía administrativa para pelear por sus derechos en relación con la responsabilidad patrimonial. Ahora, pueden poner una demanda conjunta, lo que implica un nuevo gasto.
Siguen adelante con la demanda
En hileras de sillas, los vecinos murmuraban, intentando comprender los entresijos legales. “¿Te crees que una persona como yo va a esperar 10 años más? ¡Esto no tiene solución, llevamos 20 años ya!”, explotaba contra la abogada una de las vecinas.
“¡Esto no sirve para nada, no soluciona!”, se quejaba. “¡Tú formabas parte de una demanda que es la que ha conseguido, gracias a estos abogados, que el edificio se derribe. ¡Nos estás recriminando a nosotras lo que tienes que pedir al consorcio!”, le respondía tajante Paqui Jiménez, la residente más famosa de este bloque, que desde que comenzó la andanza, ayuda a sus homólogos a interpretar las facturas, pero también los documentos legales y que sirve de intermediaria entre ellos y los abogados. Ella ha encabezado la lucha por los derechos de todo el bloque y ha sido su portavoz frente a los medios de comunicación. “Han tardado 14 años y te han causado unos daños, ¡que te los paguen!”, les espetaba.
En fila, la mayor parte de los vecinos han ido firmando uno tras otro el documento para solicitar al juzgado que se aplique el decreto HAUS a todos los afectados y para discutir el precio de su piso, con la elaboración de un informe por parte de un arquitecto, además de ratificar los honorarios para la demanda por responsabilidad patrimonial. Los demás, más escépticos, lo decidirán en los próximos días, entre café y café, en el bar San Martiño que regenta Paqui frente al Venus y que se ha convertido en una pseudo oficina en la que, de forma colectiva, este centenar de familias se organiza para salir del bloque más precario del deprimido barrio de La Mina.