La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ordena investigar la querella interpuesta por uno de los CDR contra 11 guardias civiles por presuntas torturas. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Jordi Ros, procesado por un delito de terrorismo, y ha desestimado el recurso presentado por la fiscalía. Además, las juezas han calificado la instrucción del juzgado de Sabadell de "pésima" y le piden ahora que investigue estos hechos “con la máxima eficacia y de forma completa”.
Ros acusa a los agentes del instituto armado de haberlo amenazado y coaccionado tras su detención el 23 de septiembre de 2019 en su domicilio de Cataluña. Según el CDR, tras el registro en su domicilio por orden del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid no le permitieron contactar con un abogado, vulnerando sus derechos, y lo trasladaron a la comandancia de Tres Cantos, en Madrid, realizando una parada en la comandancia de Sant Andreu de la Barca.
Torturas durante el traslado
El denunciante sostiene que durante todo este trayecto “fue increpado, que se le mantuvo en postura forzada, con un antifaz para que no supiera a donde iba y que no se le dejó dormir”, recoge el auto. Asimismo, sostiene que, de camino a la capital, lo amenazaron con detener a otros miembros de su familia y a su novia.
Además, añade que los agentes mantuvieron durante 10 horas a su hermano sentado en el rellano durante el registro de la vivienda familiar, pese a que este sufre una patología mental, y que lo apuntaron con un arma larga.
La operación policial en la que Ros fue detenido se enmarca en una causa relacionada con el procés independentista, en la que se detuvo a un total de nueve personas por delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos.