HolaCamp pide 4.000 euros a los afectados del camping de Coma-ruga donde preparan un nuevo 'glamping'

Tras el vencimiento de la prórroga que HolaCamp había ofrecido a los afectados por el cambio de nombre de las instalaciones, las 62 familias que se resisten a abandonar su ubicación actual, afectada por la reparcelación del equipamiento, han recibido un burofax en el que se les informa que la gestora del camping Sant Salvador de Coma-ruga (Tarragona) procederá a mover sus mobilehomes y caravanas.

La compañía les pide entre 3.000 y 4.000 euros para cubrir los "costes de desmontaje y retirada" de las mobilehome y caravanas. También les informa de que "el coste de almacenaje o depósito de dichas pertenencias asciende a los 120 euros mensuales".

Búsqueda de otro espacio en el camping 

Los afectados tienen cinco días para realizar el pago. De lo contrario, se les ha comunicado que Camping Comaruga, la sociedad explotadora del espacio, se reserva el derecho a trasladar sus pertenencias al lugar que considere. Les deja claro, asimismo, que la resistencia a quedarse en la parcela de la discordia provoca "enormes daños y perjuicios" a la explotación. 

Cabe recordar que HolaCamp ha entrado en el accionariado de la sociedad que explota este espacio de ocio para llevar allí su modelo de glamping. Es decir, instalar allí bungalows y tiendas pijas, aunque los portavoces del grupo remarcan que son asequibles para todo tipo de bolsillos, con las que atraer otros perfiles de clientes más allá de los campistas tradicionales. 

Por lo que redefinen todo el camping de Coma-ruga para que pueda albergar varios perfiles de clientes. Tanto los que buscan pernoctar en esta parte más pija como las familias y campistas habituales. La parcela elegida para desarrollar este nuevo negocio albergaba hasta la fecha casi 100 familias. En un primer momento la oposición para moverse fue bastante unánime, pero tras una crisis que se prolongó durante un mes, ahora queda un grupo de 86 personas que aún no han retirado sus pertenencias de la zona. 

Plazo hasta el 24 de abril

Sandra López, portavoz de los que se oponen a los planes de HolaCamp, afirma a Crónica Global que todos han recibido una carta en que la nueva gestión del camping Sant Salvador en el que se les apremia a dejar ya el espacio con malas formas, según su valoración. 

Carteles de protesta en la puerta del camping que ha 'desahuciado' a los propietarios de autocaravanas cedida

En el mismo burofax, la sociedad que explota el equipamiento vacacional les da de plazo hasta el próximo 24 de abril para desalojar el espacio o abonar la cantidad que costará al camping mover sus mobilehome o caravanas. 

HolaCamp asegura que se está negociando

Alfonso Leprevost, CEO (director ejecutivo) de HolaCamp, asegura que antes de llegar a este escenario se negocia con "muchos clientes" que han decidido emprender el diálogo para buscar una solución. La negociación se realiza a título individual con las familias e incluso se brinda la oportunidad de quedarse en el equipamiento "una o dos temporadas más" si es necesario.

La portavoz de las 62 familias que quieren negociar como colectivo asegura que la empresa miente y le acusa de "querer romper la unidad de los afectados". Insiste en que sólo se puede buscar una solución colectiva que pase por abandonar los cambios en el equipamiento vacacional y amenaza con judicializar el caso. Que sean los tribunales los que analicen la operación mercantil por la que han resultado afectados. 

El cofundador de HolaCamp, por su parte, niega que los afectados hayan solicitado abrir el diálogo. Reconoce el malestar que ha generado los nuevos planes para el camping Sant Salvador, una alternativa con la que se espera atajar las pérdidas que comprometían el futuro de la instalación, y pide que los afectados, como mínimo, escuchen las propuestas de la gestora del equipamiento.

Qué dice la ley catalana del turismo

El debate de fondo que propicia el choque entre las dos partes está en cómo se interpreta la ley catalana del turismo. Según esta normativa, un camping es un "establecimiento que presta un servicio de alojamiento temporal" que en ningún caso se puede interpretar como una segunda residencia. 

La sociedad que gestiona el equipamiento de Coma-ruga señala que los campistas afectados consideraban sus espacios como su segunda residencia sobre la que tienen propiedad. En este sentido, sus portavoces recuerdan que los campistas cuentan con contratos anuales que se renuevan si ambas partes están de acuerdo.

En el caso de los 62 afectados, su estancia en el camping está vencida. En cuanto a las propiedades que están en las instalaciones, recuerdan que hace meses que se les ofrecen alternativas para reubicarlas en otros campings de la zona o en espacios que no estén afectados por la reparcelación del de Sant Salvador. 

Jubilados, junto a sus caravanas en el camping de Coma-ruga cedida

Debate sobre la propiedad

Desde la plataforma de afectados, manifiestan que las construcciones (mobilehome) que hay en el interior del camping les pertenecen. López lamenta que, tras haber sido clienta durante 20 años, ahora se les "amenace" y no se abran posibilidades para terminar la relación de una manera más tranquila. Y lanza una amenaza: "Si tocan nuestras cosas, llevaremos el caso por la vía penal".

La portavoz de los afectados también explican que empresas del sector se han interesado en comprar los mobilehome y autocaravanas que son el origen del conflicto. "Aprovechándose" de la situación, estos comerciantes estarían ofreciendo "miseria" por comprar los habitáculos, explica López. Explica que las ofertas que les han llegado se mueven entre los 800 y 1.000 euros y que ellos, en su día, pagaron hasta 20.000 euros por estos activos que son el origen del conflicto en Coma-ruga.