Este viernes se han cumplido seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal impulsada por la exministra Ione Belarra, plazo que tenían los propietarios de algunas especies que ahora quedan excluidas de la categoría de “animales de compañía” para comunicar “a las autoridades competentes la tenencia” de estas mascotas y que estas procedieran a su intervención y “puesta a disposición a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección oficial”. Sin embargo, el Departament d’Acció Climàtica, responsable de la aplicación de la norma en Cataluña, ha informado a Crónica Global de que no se ha recibido ninguna autodenuncia.
La orden, recogida en la disposición transitoria segunda de la ley, aplica la prohibición de tener como mascota a la mayoría de animales, a esperas de la publicación de una lista positiva que determine con qué especies se puede convivir en casa. La norma excluye de los domicilios particulares a los artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para personas y otros animales, todos los reptiles venenosos, sin interpretaciones sobre qué es o no grave, todos los primates, los reptiles que pesen más de dos kilos, a excepción de las tortugas, y los mamíferos silvestres que alcancen los cinco kilos.
Xavi Inés, posa con una de sus iguanas
Ante esta situación, los amantes de este tipo de animales denuncian que el escrito es demasiado rígido, que no se haya contado con ellos para encontrar soluciones que eviten tener que desprenderse de sus mascotas y que no se les haya informado debidamente sobre cómo proceder para cumplir con lo previsto en la ley.
Se niegan a entregar a sus mascotas
Xavi Inés tiene seis iguanas, su piso del Prat de Llobregat (Barcelona) está inscrito como núcleo zoológico y está dado de alta como criador, cosa con la que no hace negocio pero facilita el registro de posibles nacimientos. “Comen lechuga”, cuenta a Crónica Global para justificar la inofensividad de sus animales, con los que también su hija se relaciona con normalidad. Sin embargo, son reptiles y pesan más de dos kilos antes de alcanzar la adultez, por lo que, pese a vivir en terrarios adaptados a sus necesidades, no salir de la vivienda particular y no suponer ningún riesgo para las personas, la Ley de Bienestar Animal obligaría a Xavi a entregar estas iguanas a las autoridades.
“Yo no voy a desprenderme de estos animales que llevan conmigo catorce años”, asegura Inés, quien considera a sus iguanas “parte de la familia”. Promete que lo único que podría forzarle a despedirse de ellas sería “una orden judicial” y denuncia fallas en la norma: “La ley es una chapuza”.
Falta de información
“No me he autodenunciado, pero tampoco sabemos a quién hay que hacerlo”, explica Inés. Asegura que, pese a que tanto el Estado como la Generalitat tienen conocimiento de la existencia de sus iguanas, al igual que tantos otros tenedores de animales que ahora quedan prohibidos, no ha recibido ningún tipo de información sobre cómo deberían proceder, pues la ley no es clara al respecto, puesto que no detalla cuáles son las “autoridades competentes”, ni cómo se debería “comunicar la tenencia de estos animales”.
En Cataluña, la competencia implícita la tiene la conselleria de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pese a ello, carece de un protocolo establecido para atender los miles de animales que habrían quedado huérfanos tras la entrada en vigor de la ley. “Se puede comunicar por una instancia genérica y se evaluará cada caso, según la especie y su peligrosidad, el destino de cada animal”, informan desde el departament al ser preguntados por la cuestión.
“Los gobiernos regionales carecen de claridad sobre cómo aplicar la ley, mientras que los dueños se resisten a entregar voluntariamente sus mascotas”, reza un comunicado de la Federación Fauna, que agrupa a muchos amantes y propietarios de animales exóticos en España. “La falta de infraestructura adecuada en los centros designados para acoger a estos animales plantea un desafío logístico adicional, dejando en evidencia las deficiencias en la implementación de una normativa concebida para promover el bienestar animal pero que, en la práctica, ha generado más problemas que soluciones”, denuncian desde la plataforma.
Flexibilizar la ley
Xavi Inés ve muchas lagunas en la ley. Considera, por ejemplo, que en lo que refiere a los reptiles, su peso no tiene nada que ver con su peligrosidad, puesto que no tiene nada que ver convivir con una iguana, como en su caso, que con un caimán. También cree que el Gobierno debería haber pedido el punto de vista de los propietarios de los animales antes de prohibir su tenencia; asegura que sólo consultó a colectivos animalistas.
Sea como fuere, Inés comparte el testimonio con otros que se encuentran en su misma situación y pide que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúna con algún portavoz “de este mundillo” para transmitirle propuestas para flexibilizar la ley. Plantea, por ejemplo, que la normativa fije unos estándares mínimos de bienestar y seguridad para los animales afectados, en vez de tener que entregarlos, o que se elimine la retroactividad de su aplicación y que sólo prohíba adquirirlos de ahora en adelante.
“Nosotros no estamos en contra de la Ley de Bienestar Animal, somos los primeros en encargarnos de que estén bien cuidados, pero queremos que sea justa”, declara el propietario de las seis iguanas.