Tras cuarenta años veraneando en el Camping Sant Salvador, en la localidad costera de Coma-ruga (Tarragona), los propietarios de las mobilehomes y autocaravanas recibieron el día 12 de febrero una carta en la que la gestión del establecimiento les informaba de que rescindía el contrato de arrendamiento de las parcelas y les instaba a retirar sus casitas de vacaciones en el período máximo de un mes. "No ha habido más explicaciones", denuncia Sandra López, portavoz de los afectados.
Este domingo, el centenar de propietarios amenazados con perder sus casas rodantes el próximo 14 de abril, pues el camping les ha dado una prórroga, se manifiestan a las puertas de las instalaciones turísticas para reclamar "una mesa de diálogo y negociación", explica López, pues resulta "logísticamente inviable" retirar las mobilehomes y autocaravanas con unos tiempos tan ajustados.
"Deberíamos estar disfrutando de las vacaciones de Semana Santa en el camping, en vez de encontrarnos en estas", lamenta la portavoz, que, como el resto del grupo, lleva un mes y medio buscando soluciones para salvar su pequeño cobijo de ocio y descanso.
Se sienten engañados
"Una chica le compró una mobilehome al camping por 22.000 euros el pasado 27 de septiembre, tres días antes del cierre de temporada, y ahora la obligan a llevársela", dice la portavoz sobre "un caso extremo". "Ni ha llegado a dormir en la mobilehome", asegura. Trasladarla le costaría entre 8.000 y 9.000 euros, y tras pedir un préstamo para la compra de la casita, no puede hacer frente al precio del traslado.
López manifiesta que durante los últimos dos años, el camping les ha "forzado" a comprar mobilehomes, incluso a aquellos que ya tenían una autocaravana, prometiendo que tenían los derechos asegurados durante, al menos, 20 años más. Por este motivo, no fueron pocos los propietarios que se animaron a vender las roulottes más antiguas por estas pequeñas construcciones, algo más modernas, con la inversión que ello supone.
Sin espacio en los campings
La portavoz asegura que han llamado a 22 campings de la costa de Tarragona, y en ninguno disponen de parcelas libres para la instalación permanente de sus caravanas, por lo que el traslado de estas es, por ahora, imposible. A ello se le añade, que, si bien aquellas que tengan las ruedas en buen estado y pasen la ITV -muchas llevan aparcadas más de 30 años y ya no ruedan- podrían aparcarse temporalmente en algún parking, las mobilehomes no tienen esa suerte.
Para retirar y trasladar estas construcciones, es necesaria la intervención de una grúa y, explica López, por logística se podrían sacar un máximo de dos mobilehomes al día. Hay 60 y la propiedad del camping sólo les deja acceder a él en fin de semana, por lo que en vez de los dos meses de plazo que han tenido para gestionar la mudanza, necesitarían, al menos, cuatro, a partir del momento en el que los clientes encontrasen un nuevo destino vacacional.
Venta de la empresa
Después de semanas sin recibir explicaciones sobre el porqué debían marcharse del Camping Sant Salvador, los afectados tuvieron el conocimiento de que la empresa Holacamp había adquirido la mayor parte de la compañía que gestiona el establecimiento. Esta firma tiene distintos destinos de glamping en Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana, donde ofrece experiencias de acampada con las comodidades de un hotel, y tendría la intención de desalojar a los inquilinos actuales para reconvertir el espacio.
López denuncia que "una venta así no se podría haber negociado de un día para el otro" y traslada las sospechas del grupo: creen que los gestores del camping ya sabían lo que iba a pasar cuando cerraron, como cada año, el día uno de octubre, al terminar la temporada de vacaciones. Según el contrato suscrito por los clientes permanentes y la empresa, los primeros podían dejar sus pertenencias en las instalaciones hasta su reapertura, que debía, supuestamente, ocurrir este sábado 30 de marzo o antes para empezar un nuevo verano de fines de semana y vacaciones en el camping.
A la espera de respuestas
Este mismo lunes y a través de los abogados del Col·lectiu Ronda, los propietarios mandaron una carta a los gestores del camping para pedir una negociación de los tiempos de traslado y las explicaciones pertinentes sobre lo ocurrido, la cual aún no ha recibido respuesta. "No es una cuestión de no querer irse, sino de gestionar las cosas bien y poder hacer frente al gasto", defiende López, quien también lamenta que "después de tantos años y la confianza depositada en ellos, nos podrían haber dado alguna explicación".
En su última comunicación, el camping se echaba atrás de la amenaza de destruir las casitas que no hubiesen sido trasladadas antes del día 12 de marzo y ofrecía la alternativa de reubicar todas las mobilehomes y autocaravanas que, a día 14 de abril, no hubiesen abandonado las instalaciones, para luego pasar la factura de los gastos a los propietarios de las mismas. Una opción que los afectados rechazan por altos costes que ello supone.
La portavoz denuncia que "la media de edad de los afectados es de 65 años, muchos llevan allí desde hace cuatro décadas y les han roto las expectativas de disfrutar en el camping de sus últimos años de ocio y tranquilidad" y recuerda que "en pandemia, cuando no se podía ir, seguimos pagando para que el camping se mantuviera a flote".