Un centenar de familias que han pasado sus vacaciones durante años en el camping Sant Salvador de Coma-ruga se han llevado una desagradable sorpresa al recibir una carta certificada que les informa de que no podrán seguir disfrutando de sus casas móviles y de las instalaciones del establecimiento. Los responsables del camping les dan un plazo de cuatro fines de semana para que retiren todo lo que tienen en las parcelas o de lo contrario lo destruirán.

Los campistas no se esperaban esta decisión unilateral y tampoco sabían que el camping había cambiado de dueño. El antiguo propietario había vendido la mayoría de las participaciones a una empresa, HolaCamp, que se dedica a gestionar campings de bungalows en diferentes localidades de Cataluña y Aragón.

Expulsados por sorpresa

Los afectados tenían un contrato de aparcamiento para dejar su casa móvil todo el invierno en el camping, pero no habían firmado aún el contrato para la temporada de Semana Santa. Este contrato se renueva cada año y cuando estaban a punto de hacerlo les llegó la carta certificada que les dejó en shock.

El centenar de familias afectadas han recibido esta carta certificada esta semana Los campistas se sienten maltratados por la nueva empresa propietaria, con la que no han podido contactar. Dicen que no han tenido ninguna comunicación desde octubre y que nadie les avisó del cambio de propietario.

Inversiones perdidas

Se sienten engañados y estafados porque hace dos años el antiguo propietario les animó a comprar las casas móviles y a hacer algunas mejoras, lo que les supuso un gasto de entre 20.000 y 30.000 euros. Ahora, salir del camping de forma precipitada les costará entre 5.000 y 8.000 euros más, porque tendrán que contratar empresas para trasladar las casas móviles y buscar una nueva ubicación, lo que no será fácil.

Algunos de los afectados viven en el extranjero y tendrán que resolverlo todo en poco tiempo. Los afectados han contratado a una abogada para defender sus derechos.

Preparan su estrategia legal

La abogada de los afectados, Laura Escamilla, está recopilando información y no descarta que la empresa haya actuado legalmente, pero cree que eso no significa que haya actuado justamente. Los afectados se reunirán el sábado para coordinarse y ver cómo afrontar el problema.

Quieren pedir más tiempo para poder retirar sus cosas con calma y que se les compense económicamente por el traslado. No piden grandes cantidades de dinero, solo lo justo. También estudian pedir medidas cautelares ante la justicia para paralizar la orden de traslado, que empezaría este viernes y acabaría el 11 de marzo, si no hay cambios.

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