Los sindicatos de Mossos d’Esquadra denuncian presuntas irregularidades en las citaciones judiciales que la Administración Pública envía a los efectivos policiales para que acudan a declarar como peritos o testigos en relación a los casos que han investigado.
Así lo denunciaron durante el Consell de la Policía, celebrado el miércoles, el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL).
Ambas organizaciones sindicales trasladaron al Director General de la Policía, Pere Ferrer, sus sospechas sobre un falseo de datos con la intención de evitar que los agentes del cuerpo catalán que tienen que comparecer en los juzgados lo hagan de forma presencial.
Citados por vía telemática
Según ellos, el personal administrativo de algunas comisarías habría modificado los datos que se trasladan a los juzgados con la intención de que los agentes no asistan a declarar presencialmente a los tribunales y lo hagan por vía telemática.
El motivo, indican, reside en que la compensación que reciben los efectivos policiales es de 150 euros cuando acuden presencialmente a los juzgados, pero la cuantía baja hasta los 90 cuando declaran por Webex. Es decir, la administración desembolsa 60 euros menos cuando comparecen a través de una pantalla.
"Estará en otra localidad"
Los sindicatos aseguran que tienen “datos concretos” que son indiciarias de esta práctica, sobre todo en la Región Metropolitana Sur de Barcelona.
“Los dos sindicatos hemos constatado que la Administración estaría comunicando a los Juzgados que citan a los efectivos policiales que: La persona citada, por razón de organización del servicio estará este día en otra localidad, de forma que su desplazamiento a Barcelona inevitablemente comportará un gasto económico a cargo del erario público por conceptos tales como la reorganización del servicio policial, el transporte y las dietas”.
Sin embargo, los sindicatos denunciantes sostienen que han podido acreditar que varios de estos agentes tenían fiesta el día en el que habían sido citados, por lo que ni se encontraban en otra localidad ni su ausencia hubiese comportado ninguna reorganización del servicio policial.
Solicitan una investigación interna
Desde SAP y SME piden ahora al Director General de la Policía, Pere Ferrer, que abra una investigación interna para esclarecer si estos documentos oficiales, firmados por funcionarios públicos, contienen datos mendaces.
Asimismo, no descartan acudir a la fiscalía para que se depuren responsabilidades derivadas de estas presuntas irregularidades.