Un vocal del CGPJ vincula la amnistía con "los votos que hacen falta para una investidura"

Una decena de representantes de la función pública han presentado este miércoles en Barcelona un pacto en defensa del Estado de derecho, sistema que ven “en peligro” desde hace tiempo y, en especial, con la ley de amnistía. De hecho, por primera vez un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vinculado de forma directa el impulso de esta norma con las necesidades electorales del PSOE. Es decir, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. 

Ha sido el magistrado José María Macías quien ha afirmado que hay una "realidad incómoda que nadie quiere reconocer". Es decir, que la polémica propuesta para condonar todos los delitos que se imputan por el proceso independentista y evitar que los políticos fugados se sometan a un tribunal en España se promueve por "los votos que hacen falta para una investidura".

Macías ha hablado en un acto en la CEU Abat Oliba de Barcelona. En la sesión, distintas asociaciones de fiscales, magistrados, inspectores de Hacienda, letrados de la Administración de justicia e inspectores de Trabajo, entre otros (y en representación de 5.500 personas), han defendido “la importancia de los valores constitucionales” y de “la separación de poderes” en estos tiempos “en los que la crisis del Estado de derecho es una evidencia”.

La rebaja de los estándares democráticos

“Se está trasladando desde el propio Gobierno que los fiscales y jueces trabajan de forma parcial, con unos inexistentes intereses partidistas”, ha expresado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, para quien “es necesario reaccionar”: “No vamos a parar hasta trasladar a las instancias internacionales la realidad de la situación española, que es la rebaja de los estándares democráticos”.

Para ella, además, el Estado de derecho está en peligro y no solo por la amnistía, sino por “la falta de coto a las puertas giratorias, la colonización de las instituciones, la falta de respeto a las instituciones cuando se pone en duda, con nombramientos como el de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general, su imparcialidad o neutralidad”.

La democracia será “peor” tras la amnistía

En este sentido, Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha considerado que la democracia española y el Estado de derecho “serán un poquito peor” a partir de la ley de amnistía. Una ley que “contraviene la igualdad”, pues “tiene nombres y apellidos” y, además, “se hace contra los jueces, contra la Audiencia Nacional y contra el Tribunal Supremo”: “Se nos ha colocado como enemigos del Gobierno”.

Para el magistrado Roberto García Cenicero, representante de Foro Judicial Independiente, “los ataques al Estado de derecho no vienen de ahora, pero la ley de amnistía es la sublimación”. Considera que se está extendiendo la idea de que “los políticos se creen con facultad para adueñarse del resto de poderes por el simple hecho de tener una aritmética parlamentaria favorable”, pero avisa: “El Estado de derecho no está en quiebra, porque hay mecanismos para protegerlo”.

Deterioro de las instituciones y principio de igualdad

Al margen de la amnistía, “se está produciendo un deterioro de las instituciones desde dentro de la Administración”, en palabras de Ana de la Herrán, de Inspectores de Hacienda del Estado, pues ha denunciado que se están cambiando los “requisitos para formar parte de la función pública” y que la preparación y los procesos selectivos están pasando a un segundo plano.

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo han defendido “la importancia del principio de igualdad”, mientras Mónica González, de la Asociación de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, ha lamentado los “injustificados ataques” que sufren jueces, magistrados y fiscales y ha cargado contra el “lenguaje edulcorado” que pervierte la realidad y compromete el Estado de derecho.

Una clase política irresponsable e impune

Por último, y antes de una mesa redonda en la que han participado la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes y José María Mario Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Bravo Queipo de Llano, de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local, se ha mostrado en contra del “uso partidista de las instituciones”, de las “cesiones competenciales que atienden a fines espurios”, de la “degradación del acceso a la función pública” y de una ley de amnistía que “crea una clase política irresponsable e impune por sus delitos”.

Ya en la mesa redonda, Freixes se ha preguntado que qué concordia va a favorecer la amnistía cuando esta ley favorece a los políticos que han promovido la discordia. Además, ha afirmado que ese es el “relato” que se está construyendo, porque “es muy difícil” explicar que la medida saldrá adelante porque hacían falta “siete votos para una investidura”. Para la catedrática, además, la norma queda al margen de la Constitución, pero hay “motivos para confiar” y mecanismos en la Unión Europea para suspenderla.

“La amnistía no cabe en el marco constitucional”

Macías, además, ha manifestado que, “sin independencia judicial, no hay separación de poderes, sin separación de poderes no hay democracia y sin democracia no hay libertades”.

“Quieren romper el Estado, la democracia liberal y su único escollo son los jueces independientes”, ha dicho, antes de preguntarse si de verdad hay alguien que desconoce que la amnistía “es por siete votos” y que “los beneficiados serán los que la van a sacar adelante”. “No hay nadie que no sepa que eso no cabe en el marco constitucional”, ha comentado, pero también ve “motivos para confiar”.