Rosa Peral, la expolicía condenada por el conocido como crimen de la Guardia Urbana, se enfrenta ahora a un proceso por presunta ocultación de bienes, una estrategia que habría urdido junto a su padre para evitar el pago de indemnizaciones a la familia de la víctima del asesinato, su expareja Pedro Rodríguez.
Este miércoles, a las once de la mañana, Peral ha llegado a los juzgados de Tarragona para declarar como investigada por esa presunta ocultación de bienes. Ha llegado en una furgoneta de Mossos d'Esquadra desde la cárcel de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), donde actualmente cumple la condena de 25 años por el crimen que cometió junto a su entonces amante Albert López, condenado a 20 años.
Cedió casa y coche a su padre
Allí, ha reconocido que puso la vivienda --su mitad, porque la otra es de su exmarido-- a nombre de su padre en previsión de que una vez la sentencia fuera firme no podría pagar la hipoteca, a sabiendas de que estaba embargada.
Este miércoles también a declarado el padre de Peral, Francisco, investigado por el mismo delito que ella al supuestamente aceptar que su hija le cediera su coche y su casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) días antes de que su condena fuera firme.
Las declaraciones de Peral y de su padre han durado unos 30 minutos cada una, y a pesar de que ninguno ha presenciado el interrogatorio al otro, padre e hija se han podido ver en los pasillos del juzgado.
Hasta cuatro años de cárcel
Cabe recordar que tanto Rosa Peral como Albert López fueron además condenados a indemnizar a la familia de Pedro Rodríguez con 885.000 euros; en caso de no tener dinero, les embargarían las propiedades. Con la cesión de su casa y su coche, la expolicía quedó en situación de insolvencia, unos movimientos por los que los allegados de la víctima se querellaron contra ella.
El delito de ocultación de bienes se castiga con hasta cuatro años de prisión. Si el juez prueba que ha existido y condena a Peral, la pena se añadiría a los 25 años que ya está cumpliendo en la cárcel por asesinato.
Albert López, en cambio, sí puso a disposición del juzgado el piso del que era propietario en Barcelona y será subastado en los próximos meses.