Por cada okupación que tiene lugar en la Comunidad de Madrid, se producen más de cuatro en Cataluña. Con datos hasta agosto, la autonomía que preside Pere Aragonès sufrió 4.218 casos en 2023, frente a los 1.025 de la capital del reino. De hecho, más del 40% de estos delitos en España se concentran en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña repite como líder destacada las okupaciones al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España. Esta comunidad ha tenido más usurpaciones y allanamientos de viviendas que la suma de Andalucía, País Valenciano y Madrid, las tres comunidades autónomas que le siguen con más infracciones de este tipo sobre los inmuebles.

Los afectados no denuncian

Las infracciones relacionadas con la okupación sufren una leve tendencia a la baja en el conjunto de España desde que, en septiembre de 2020, entraron en vigor las órdenes de Fiscalía y del Ministerio del Interior para combatir esta amenaza. De los 17.274 casos en 2021 se pasó a 16.726 (-3%) un año después, y hasta agosto de 2023 --último dato consolidado-- van 10.345 okupaciones.

La estadística de Interior registra una caída generalizada con respecto al año anterior y, en Cataluña, el descenso es tres puntos superior al anotado en el conjunto de España. Sin embargo, en el sector de las desokupaciones alertan de que el descenso en los datos oficiales solo se debe al hecho de que cada vez los propietarios denuncian menos y optan por soluciones extrajudiciales al constatar la lentitud e inoperatividad del sistema en estos casos.

Los datos oficiales se quedan cortos

A causa del hecho de que no siempre se denuncian estos casos, los datos oficiales reflejan solo una parte de la realidad. Aún así, la cifra de Cataluña sigue siendo alta en comparación con otras comunidades autónomas con poblaciones parecidas: la Comunidad de Madrid registra 1.025 okupaciones (-1%), Andalucía tiene 1.607 (-6%) o Comunitat Valenciana anota 1.134 (-21%). Por tanto, Cataluña sigue sumando más que las otras tres regiones juntas.

En septiembre de 2020, después de un verano con noticias sobre okupaciones de inmuebles que derivó en debate político, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada, a lo que siguió otra instrucción de Interior para unificar criterios de actuación. Según la estadística de Interior, con datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2020 se contabilizaron un total de 14.792 infracciones penales. En 2021, primer año con la instrucción en vigor, estos delitos subieron a 17.274 (+16%), aunque en 2022 la cifra ya sí se moderó a 16.726 (-3%). En 2023, hasta agosto, en el conjunto de España van 10.345 okupaciones.

"Alarma social"

En 2020, al aprobar la instrucción antiokupas, el Ministerio del Interior reconocía la "confusión y alarma social", y lo relacionó a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas "sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, de forma inmediata", incluyendo la "identificación de los ocupantes y su detención si procede".

Desde Interior se remiten a los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, donde queda constancia de que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.

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