Un pufo de casi diez millones de euros. Un presunto desfalco cometido durante "años" sin actuación de la dirección. Es lo que se ha destapado en el Colegio de Podólogos de Cataluña, que ha comparecido hoy en un juicio contra tres trabajadoras por, supuestamente, llevarse 125.000 euros.
El caso es mucho más complejo y preocupante. Según el informe elaborado por los peritos de la acusación, el agujero alcanza diez millones de euros. Se llegó a esta cantidad por las actuaciones de los directivos durante varios años, al menos cuatro, y se acabó con esta operativa fraudulenta en 2018. Se trata, indican fuentes cercanas al procedimiento, que se sigue en la Audiencia Provincial, de una "mala gestión al por mayor".
Y, además, durante años. Se revisa en la sala lo ocurrido entre 2010 y 2018.
La defensa contraataca: denuncia al presidente
El demoledor informe pericial ha dado alas a la defensa de las tres exempleadas. Han presentado una denuncia contra el actual presidente del Colegio, Manel Pérez, y su predecesor en el cargo, José Manuel Ogalla, a quienes les achacan la operativa fraudulenta.
Según los letrados de las acusadas, que se juegan hasta ocho años de cárcel en el proceso, el desfalco en el organismo oficial no fue ningún robo para lucro personal, sino un saqueo al por mayor del ente.
Dinero del CatSalut implicado
El juicio deberá aclarar si se alteró dinero público procedente del concierto que tiene el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) con la institución.
Por lo pronto, hay dos denuncias cruzadas. La de la actual cúpula del Colegio contra las tres extrabajadoras, a la que se adhiere la Fiscalía. Y que ha dado pie al juicio que ha comenzado hoy. A estas se le ha añadido una tercera, la del trío de acusadas contra la actual dirección del ente y la anterior.
Épocas Padrosa, Elvira y Comella
El lance judicial también aflora dudas sobre el control que ejerce el CatSalut con los colegios profesionales a los que financia. No se trata de un asunto reciente, sino de una polémica que remonta a la época de los exdirectores Josep Maria Padrosa, David Elvira y Adrià Comella; el primero, cercano a CDC, y los dos segundos, a ERC.
Cabe recordar que hoy mismo, fuentes del sector han denunciado algo similar, falta de fiscalización del CatSalut con, en este caso, la masa salarial de las ambulancias externalizadas. El nuevo concurso de transporte sanitario ha aflorado retribuciones de más de 100.000 euros, por ejemplo, en algunos escalafones de los encargados de organizar el transporte sanitario en Cataluña.
También se retribuye de forma generosa a directivos que no sólo trabajan para que el servicio de ambulancias funcione de forma correcta en el terriotorio, dedican horas de su jornada laboral a garantizar lo mismo en otras comunidades autónomas de España.