Acoso 'indepe' a una copistería por atender en castellano: "Los más miserables del mercado"

Nuevo caso de señalamiento y acoso ultranacionalista catalán por cuestiones lingüísticas. En esta ocasión le ha tocado el turno a la zaragozana Copistería Low Cost, con tres locales en Barcelona, y que ha osado pedirle a una clienta que se dirigiese al negocio en castellano tras hacerlo esta en catalán.

Copistería Low Cost se presenta como "la copistería a domicilio con las impresiones online más baratas". Y, a pesar de este servicio, cuenta con puntos de recogida en distintos lugares de España. Entre ellos, la capital aragonesa, Huesca, Madrid, Sevilla, Salamanca... y Barcelona. Además, ofrece una dirección de correo y un teléfono para consultas y pedidos a través de whatsapp. El mismo para toda España (recordemos, la sede principal está en Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, 7).

Lo que dice la ley

Con estos elementos sobre la mesa, la polémica surge en el momento en el que una clienta catalanohablante se dirige a la empresa en su lengua, el catalán, a través de whatsapp para aclarar unas cuestiones sobre un pedido hecho en Barcelona. Y la respuesta de Copistería Low Cost dice que "toda la comunicación con la plataforma se desarrolla en castellano". "Si me lo puedes volver a escribir", añade.

Algunas personas han recordado que la ley de Política Lingüística y la de Consumo "protegen los derechos de los consumidores catalanohablantes a ser atendidos en catalán", aunque este es un caso muy concreto pues, aunque la consulta se refiere a un pedido hecho en Barcelona, la atención al cliente vía whatsapp es para toda España, estando la compañía domiciliada en Zaragoza. ¿Quién tiene razón?

"Discriminación lingüística"

Sea como sea, los ultras del catalán ya han dictado sentencia y le han dedicado bonitas palabras a Copistería Low Cost en las redes sociales. Por ejemplo, que esta es "la copistería más miserable del mercado", que se pueden "ir a la mierda" o que se vayan "a freír espárragos".

Otros, como el escritor Joan-Lluís Lluís, aseguran que es un "ejemplo claro de discriminación lingüística", "ilegal" y "denunciable".