La Policía Nacional ha logrado desarticular una banda criminal en Osona (Barcelona) que se dedicaba a facilitar matrimonios de conveniencia a personas extranjeras que buscaban regularizar su situación migratoria en España.
Las investigaciones revelan que esta banda operaba con un sofisticado esquema de captación y estafa, cobrando entre 6.000 y 10.000 euros por cada unión matrimonial ficticia.
Una veintena de matrimonios fictícios
El operativo policial tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron al líder de la organización, así como a sus cómplices, encargados de la captación de los contrayentes.
Aunque la investigación sigue en curso, se presume que han existido alrededor de 20 matrimonios fraudulentos orquestados por esta banda delictiva. El modus operandi consistía en captar tanto a personas extranjeras sin la documentación necesaria para residir en España como a ciudadanos españoles o extranjeros residentes en el país. Estos reclutas eran contactados en zonas de ocio, donde se les ofrecía una considerable suma de dinero a cambio de simular una relación sentimental y contraer matrimonio.
Cómplices necesarios para el engaño
Una vez que se conformaba el matrimonio fictício, la banda se encargaba de brindar apoyo a la pareja para que pudieran obtener un empadronamiento irregular y establecer una dirección conjunta. De esta manera, los beneficiarios del engaño conseguían aparentar una convivencia real ante las autoridades competentes, lo que les permitía avanzar en el proceso de regularización de su situación migratoria.
Agentes de la Policía Nacional investigan un caso de matrimonios concertados / CNP
Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades revelaron que la banda había logrado concertar alrededor de 18 solicitudes de autorización de residencia fraudulentas, lo que les había generado un beneficio económico importante. Además de la documentación intervenida, también se encontraron pruebas de los respectivos empadronamientos irregulares realizados en complicidad con propietarios de viviendas que aceptaban recibir una comisión económica a cambio de permitir el empadronamiento.
Como parte de las medidas tomadas por la Policía para desmantelar esta red de criminalidad organizada, se han presentado varias propuestas de sanción contra los propietarios de viviendas que colaboraron con la banda, así como la solicitud de extinción de los permisos de residencia fraudulentos y de las inscripciones como parejas de hecho.