La red que desembarcó 217 kilos de coca en Barcelona acepta 20 millones de multa

La titular de la Sala número 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado una sentencia in voce, que ya es firme y contra la que no cabe recurso, para los miembros de este grupo criminal después de que, uno por uno, los siete procesados hayan ido desfilando por el banquillo de los acusados y hayan reconocido los cargos que se le imputaban.

La ruta de la coca

Los hechos por los que han sido condenados se remontan al 26 de junio de 2021, cuando un navío procedente del puerto de Cartagena (Colombia) atracó en el muelle de Barcelona cargado en sus entrañas con 217 kilos de cocaína. La droga formaba parte de un alijo mayor, de 267 kilos, detectado unos días antes, el 6 de junio, por las autoridades del país andino. De forma premeditada, para conocer la ruta de la cocaína, la policía colombiana dejó que los capos dividieran la carga en dos: 50 kilos del polvo fueron a parar a la Gran Manzana, sobre aviso de la policía neoyorquina, mientras que el resto del cargamento, más de 200 kilos, recaló en la Ciudad Condal. 

Una vez en España, con el objetivo de identificar a las personas encargadas de recepcionar la droga, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona autorizó, como había hecho previamente la policía colombiana, “la circulación y entrega de esa sustancia”; es decir, permitió que la cocaína siguiese su curso para poder desgranar la estructura del entramado criminal. Asimismo, la Fiscalía Especial Antidroga dio luz verde a que cinco agentes encubiertos de la Policía Nacional se infiltraran en el tentáculo de esta red internacional en Cataluña.

Alijo de cocaína incautada por la Policía Nacional durante otro operativo en el Puerto de Barcelona CNP

Un policía se infiltró en el grupo

Uno de los policías contactó con Álex C., uno de los principales líderes del grupo criminal en Barcelona, y se ofreció para ayudarle a descargar la mercancía. A la cita, en un bar de Madrid, también acudieron otros dos acusados, según el escrito de la fiscalía. Allí, Álex C. explicó al agente encubierto que varios miembros de la banda se encargarían de vaciar el contenedor en el puerto y que trasladarían el cargamento ilícito en camiones.

En una segunda reunión en un centro comercial de L’Hospitalet de Llobregat, el cabecilla confirmó al agente infiltrado y otro compañero de paisano que la operación seguía en pie. Asimismo, le prometió al policía, al que ya consideraba su acólito, que podría acompañar al transportista hasta la nave industrial en la que almacenarían la cocaína para comprobar su autenticidad antes de proceder a su distribución.  

El desembarco, en riesgo

Sin embargo, la operación no fue como la banda había previsto. El 26 de junio, cuando el barco atracó en la Zona Franca de Barcelona, el grupo criminal tuvo problemas para extraer la mercancía. El motivo que puso en riesgo la millonaria operación, que a punto estuvo de quedar encallada a los pies de Montjuïc, fue la falta de liquidez, que dificultó al grupo la tarea de poder detectar el contenedor en cuestión, así como pagar el salario a sus zapadores para vaciarlo. 

Con este escenario, y temiendo por el fracaso de la investigación, el agente infiltrado convenció a los cabecillas para capitanear él mismo el desembarco. Así fue como el policía se hizo con la mercancía, que custodió junto a otros dos compañeros, y le hizo creer a la banda que se la entregaría el 7 de julio en un punto cercano a la población de Granollers (Barcelona). 

Casi ocho millones en coca

La mañana de la fecha pactada, varios de los acusados se presentaron a la cita en diversas furgonetas, propiedad de la acusada María Ángeles C., que previamente habían sido modificadas para disponer de compartimentos ocultos con apertura automática, para transportar la sustancia escondida. Sobre las 10.30, tal y como habían acordado, los delincuentes accedieron a una vivienda en la que los policías habían depositado los 217 paquetes de cocaína, que hacían un peso total de 216,59 kilos. Una vez analizada, pudieron constatar que su pureza era del 78%. 

Cuando estaban a punto de cargarla en las furgonetas y los narcos creían haberse hecho, al fin, con una mercancía valorada en 7,75 millones de euros, fueron detenidos por los agentes infiltrados. Ese mismo día, la Policía Nacional efectuó entradas y registros, bajo autorización judicial, en dos domicilios de los detenidos --uno de ellos emplazado en Sant Cugat del Vallès-- en los que se localizaron, además de 100 gramos más de cocaína, 434 matas de marihuana repartidas en dos plantaciones indoor conectadas de forma fraudulenta a la corriente eléctrica. En una de ellas, los agentes detuvieron a Henry N., el jardinero encargado del cultivo del cannabis, que mantiene su inocencia.

Multas millonarias

Para Álex C., en prisión provisional desde la caída de la banda, la fiscalía pedía inicialmente la pena de prisión más elevada, de 11 años de cárcel, así como una multa de 24 millones de euros. Sin embargo, tras reconocer los hechos el tribunal lo ha condenado como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud a tres años y 11 meses de prisión, así como a una multa de 3.870.000 euros. 

Asimismo, el cabecilla ha sido condenado a seis meses más de cárcel por pertenencia a grupo criminal y a cuatro meses de multa a razón de una cuota de seis euros diarios por el delito de defraudación del fluido eléctrico. Además, en concepto de responsabilidad civil, tendrá que abonar a la compañía de la luz 21.500 euros por la electricidad defraudada para alimentar las plantaciones de marihuana. 

Delitos de narcotráfico y pertenencia a organización criminal

Por su parte, Anas M., también en prisión provisional, ha aceptado tres años de prisión por un delito de narcotráfico y seis meses más por pertenencia a organización criminal, así como una multa de 3.870.000 euros. Las mismas multas tendrán que pagar Anthony F., Eric P., y Pavid J., todos ellos en prisión provisional, así como cumplir tres años de cárcel. 

La dueña de las furgonetas se ha declarado culpable como cómplice de un delito contra la salud pública por el que ha sido condenada a una pena de un año y tres meses de prisión; sin embargo, no pisará la cárcel si no delinque en el plazo de dos años. Aun así tendrá que pagar una multa de 1.300.000 euros. 

El 'jardinero' mantiene su inocencia

El tribunal también ha condenado a Ossama O. a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública y a una multa de 11.387 euros. Sin embargo, en este caso concreto la Sala ha aplicado un atenuante de drogodependencia y el acusado no entrará en prisión a cambio de continuar con la terapia de deshabituación y de no delinquir en el plazo de cinco años.

Por último, Henry N., el jardinero, que aseguró en conversaciones con este medio que no tenía conocimiento de que en la casa en la que fue detenido había una plantación de marihuana, también eludirá la cárcel.

Sostiene que él se dedicaba a realizar labores de mantenimiento y que una mujer lo contrató para barrer las hojas del patio de su casa y para arreglar una piscina, pero que se retrasó con el trabajo y la mujer le permitió quedarse a dormir en la vivienda para terminar la faena a la mañana siguiente, momento en el que se produjo la entrada de la Policía Nacional.

Asegura que nunca vio las plantas de marihuana y que no conocía a los demás acusados. Su relato no ha convencido al tribunal, que lo ha condenado a nueve meses de cárcel y a una multa de 498,50 euros. De hecho, como cuenta con antecedentes penales por delitos similares, tendrá que hacer 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad para eludir la prisión.