Batalla sindical por los resultados de las elecciones en las cárceles catalanas

Alberto Gómez, responsable de Prisiones en CSIF Cataluña, asegura que tanto el sindicato que él representa como otros solicitaron que el voto por correo se hiciera con un sobre normalizado facilitado por la Administración, una medida a la que, asegura, UGT se negó. “Si el sobre no es normalizado no es necesario presentar el DNI, de forma que los funcionarios de Correos no tienen por qué saber qué contiene la carta dirigida a la mesa electoral coordinadora”, argumenta. 

La queja de Joves, desestimada

Pese a que CSIF sostiene que “llama poderosamente la atención el elevado número de votos por correo”, que según este sindicato ha inclinado la balanza hacia la victoria de UGT, no ha emprendido medidas legales. Sólo en un caso concreto, en la prisión de Joves, donde 103 de las 321 papeletas se depositaron con esta modalidad de sufragio, el sindicato elevó una queja para comprobar que en la misma estafeta de Correos una misma persona no hubiese introducido varias papeletas. Sin embargo, la queja ha sido desestimada.

No obstante, desde el sindicato insisten en que “CSIF trabajará para que en los siguientes procesos electorales se garantice la mayor transparencia posible”. Por su parte, UGT ha declinado hacer cualquier tipo de comentario respecto de estas insinuaciones.

Plantilla escasa y envejecida

La lucha sindical encarnizada viene marcada por la presión laboral que sufren los funcionarios de este sector, castigado por la falta de personal, una plantilla envejecida y por las agresiones por parte de los internos, que en los últimos años se han disparado. 

En este sentido, Gómez reclama que se apruebe la jubilación anticipada voluntaria para los funcionarios a partir de los 60 años, o de 59 si ya han cumplido 35 años de servicio. Según los datos del propio sindicato, la media de edad de la mitad de la plantilla funcionarial de las prisiones catalanas es de más de 50 años. El acuerdo, recuerda, se firmó en diciembre de 2021 bajo el mandato de la consellera de Justicia Lourdes Ciuró. Sin embargo, denuncia, todavía no se ha aplicado.

Esta medida beneficiaría al 12% de la plantilla, dado que se trata de un colectivo envejecido. Cabe tener en cuenta que, además, hay cárceles como la de Joves que concentran a una población reclusa especialmente compleja, pues los internos no superan los 21 años, o excepcionalmente hasta los 23. “No hay procesos selectivos para incorporar a más funcionarios. El déficit de personal es impresionante”, denuncia Gómez.

Bajas por agresiones

A esto, además, se suman las bajas médicas, que oscilan entre el 13% y 14%, según el representante sindical. La causa de buena parte de este absentismo laboral se debe a las agresiones que sufren de los internos. De hecho, una de las reivindicaciones históricas del sindicato CSIF es que se modifique el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad.

La medida, sostiene Gómez, no solo disuadiría a los internos de agredir a los funcionarios, porque estaría penado con castigos más duros, sino que también permitiría resarcir económicamente a quienes sufran daños y secuelas por estos hechos.